Ante el anuncio del Ministro del Interior de la ampliación del plazo de internamiento para extranjeros en situación irregular hasta 60 días, que incluiría no contabilizar en el mismo el tiempo mientras transcurre una solicitud de asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) manifiesta: 1.- El enfoque y la prioridad de las políticas migratorias […]
Ante el anuncio del Ministro del Interior de la ampliación del plazo de internamiento para extranjeros en situación irregular hasta 60 días, que incluiría no contabilizar en el mismo el tiempo mientras transcurre una solicitud de asilo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) manifiesta:
1.- El enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social a la que alude la vigente Ley de Extranjería que ahora se quiere reformar, así como hacia el escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión.
2.- La ampliación del plazo de internamiento, que supone una privación de libertad para personas que, recordemos, no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, no se justifica ante la actual realidad migratoria en España. Con el actual marco normativo se están devolviendo alrededor de cien mil personas al año, y los problemas para la documentación de las personas deben resolverse mediante la cooperación con los países de origen.
3.- El hecho de que el periodo de internamiento quede suspendido cuando se produce una solicitud de asilo supone una penalización adicional para personas que buscan una protección internacional, que está recogida por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados que España ha firmado. Puesto que el plazo para la admisión a trámite de una solicitud de asilo asciende a 60 días tal como se aplica ahora en los CIEs, un demandante de asilo podría en la práctica estar internado hasta 120 días. Esta en la práctica supone una medida disuasoria ante el ya difícil acceso al derecho de asilo.
4.- Reclamamos que el gobierno español juegue un papel activo en el rechazo a la propuesta de directiva europea de retorno que se encuentra en discusión en la Unión Europea. Esta directiva supone una de las más graves vulneraciones de los principios y valores de la UE.