El País Vasco en busca de un proyecto democrático y de paz

Han transcurrido 30 años desde la Transición Política. El mundo ha cambiado (pertenecemos a la UE, el Muro se desplomó, vivimos en globalización, desregulación y en deterioro del Estado del Bienestar en Europa…); el modelo económico vasco ha cambiado radicalmente y nuestra estructura social también; se han despejado algunas de las incertidumbres de la Transición (por ejemplo, las amenazas de golpe de Estado….); se ha hecho una experiencia estatutaria y se saben qué competencias se han querido transferir y las 34 que se han incumplido; y hay nuevas generaciones que no habiendo participado en la confección del modelo tienen derecho a mejorarlo.

Todas estas razones avalan que, desde hace una década, esté en la agenda una Segunda Transición, o sea la revisión del rumbo estatutario por otro de más profundidad, del llamado «problema vasco», un problema que es distinto al de las violencias, por más de que éstas se escuden en aquel para combatirlo o desnaturalizarlo.

I. El problema vasco

El llamado «problema vasco» es un conflicto político originado por un mal ajuste de un Estado plurinacional que no reconoce serlo y la negación consiguiente del derecho a decidir; es decir: del derecho de las personas con residencia en Euskal Herria a decidir la forma de articular sus relaciones internas y con otras comunidades y pueblos y, por lo tanto, con los Estados de los que depende. El ejercicio de tal derecho debería incluir, el diálogo y negociación con esos Estados y, desde luego, el derecho de consulta de las ciudadanías vascas. Esta formulación, con ambos requisitos -obligación de negociación desde el bilateralismo y consulta en la nación problematizada- de raíces quebequesas, matiza y adapta el clásico derecho de autodeterminación a las condiciones de las naciones sin estado que pudiendo y debiendo decidir, no pueden desentenderse de las relaciones históricas con el Estado anfitrión ni de los efectos en un cambio de estatus, sea cual sea, en ese Estado.

Hay opiniones distintas sobre las virtualidades que ha tenido el Estatuto de Gernika y sobre las políticas de todos estos años, en especial sobre las políticas sociales. La mía es bastante crítica aun reconociendo que ha permitido muchos avances de construcción del país. Pero es incuestionable que, desde hace una década, su periplo ha terminado y el modelo vigente de autogobierno y de relaciones entre el País Vasco y el Estado está agotado. Ha llegado a un límite en que no resuelve sino que agudiza algunos de los problemas, y está en proceso de revisión para la agenda política porque lo propugna una mayoría de la opinión pública vasca, al menos en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La profunda insatisfacción vasca actual se deriva de varias circunstancias.

En primer lugar, se ha producido un incumplimiento estatutario mediante la congelación de algunas transferencias importantes del Estatuto de Autonomía (seguridad social, ciencia y tecnología..). Varias leyes de Bases o generales (Universidad, Educación, Presupuestos, Televisión,…) han convertido el Estatuto en norma crecientemente vaciada y en regresión. El Tribunal Constitucional se ha prodigado en interpretaciones nada garantistas.

En segundo lugar, está el empeño en dejar a los vascos un país imposible: sin solución y sin capacidad de preguntarse a si mismo.

Se le ha sacrificado, por un lado, a la comprensión centralista y autoritaria del Estado y, por otro lado, a la intervención de ETA. Los argumentos tan repetidos de que tanto una consulta como un estatus de libre asociación romperían a la sociedad vasca simplemente no es razonable. ¿En qué les molestará a los votantes del PSE o del PP que les pregunten o que haya más capacidad de decisión o una representación internacional, incluidas unas selecciones deportivas internacionales propias?. Solo les molesta a los aparatos del PSE y al PP.

En la democracia española hay horror a preguntar, a consultar. Es un contrasentido. La unión forzosa sin derecho a contabilizarse siquiera cuántos ciudadanos están de acuerdo o no con la forma en que, en un momento dado, se está dando esa unión (no ya la independencia) no es patrimonio de los pueblos libres: ni del impedido ni del que en nombre del cual se impide consultar. La española es una democracia de baja calidad, en deterioro. La larga experiencia del franquismo y la forma pactada de la Transición democrática han influido negativamente en el sentido democrático de las élites españolas que, demasiadas veces, utilizan las normas como corsés y contra el sentido democrático último o contra las identidades nacionales.

Qué lección la de Escocia y Reino Unido.

Como explica Xavier Solano, el Parlamento escocés no tiene derecho a celebrar referéndums por la independencia, ya que según la Comisión de Asuntos Escoceses del propio Parlamento británico (noviembre del 1998), «los asuntos constitucionales son competencia reservada [en Westminster]» pero, a renglón seguido, la misma Comisión decía «pero es difícil imaginar cómo se podría pararle al Parlamento escocés la celebración de un referéndum por la independencia.» Hay respeto; y rechazo a dar la espalda un hecho democrático.

Entienden también que un referéndum de autorización al gobierno escocés para abrir un proceso de negociación con el gobierno británico para llegar a la independencia no invadiría las competencias estatales.

Según las encuestas, el 82 % de la población escocesa considera que la celebración de un referéndum es la mejor vía para resolver la cuestión de la posible independencia de Escocia y ello independientemente de la orientación de sus preferencias. Hoy la mayoría no es partidaria de la independencia ya que la suma del voto de laboristas, conservadores y liberales es bastante superior al independentista SNP en Escocia. Pero la lección es que no le temen a la democracia. Y es seguro que Westminster aceptaría y acataría la voluntad del pueblo escocés, fuera la que fuera. Ya dio esa lección democrática en la consulta en Irlanda del Norte en 1973 y con el contenido del Acuerdo de Viernes Santo de 1998.

Aquí no ocurre así. Ayer mismo (20-5-08), tras la entrevista con Ibarretxe, Zapatero abundaba en aquello del «proyecto común que es España» como nueva versión del «juntos decidimos», o sea que deciden ellos porque siempre serán mayoría de Estado. No solo unidos porque sí, sino también unidos de un determinado modo, forzosamente, sin remedio y para siempre. El matrimonio eclesiástico es mucho más liberal porque, por lo menos, la pareja se da el sí quiero mutuamente en la línea de salida.

En tercer lugar, el paso de una sociedad industrial a otra que quiere jugar en el nuevo modelo post-industrial en un contexto global y diverso, tiene sus exigencias. Desde luego, lograr la paz y el reconocimiento de la identidad cultural y política como punto de partida para ser visibles, cohesionados y proactivos es una de ellas.

Pero la otra es tener la capacidad decisoria para obtener y gestionar los recursos decisivos de nuestro tiempo, desde un autogobierno con herramientas de política pública para la gestión del bienestar (seguridad social, políticas sociales), hata la gestión del conocimiento (ciencia, tecnología, valores añadidos inmateriales, planes de estudio) pasando por la internacionalización (infraestructuras, relaciones internacionales…). El Estatuto ya es un corsé para la gestión de un país con una economía internacionalizada que depende más del exterior que del propio mercado español.

El principio de que gestione quien mejor lo puede hacer, es elemental para una buena gobernanza y para que el sistema político no sea un obstáculo, sino lo contrario para el desenvolvimiento social y económico. En suma, un autogobierno estancado ya es un tapón para el desarrollo económico y para el dinamismo social vasco, necesitado de un autogobierno de regulación y de decisión y codecisión, no de mera gestión.

Es todo esto, y no la supuesta insaciabilidad vasca, lo que espolea el cambio.

El portazo del Congreso de los Diputados, sin admisión a trámite, del proyecto de «Estatuto político de la Comunidad de Euskadi» del Parlamento Vasco aprobado en diciembre del 2004 por mayoría absoluta (39 contra 34) para su negociación con el Gobierno de España -de cara a formalizar un pacto político de relación institucional en claves de «libre asociación con el Estado Español»- nos indica el escaso respeto institucional y talante democrático de las instituciones españolas.

El reciente portazo (20-5-08) al lehendakari sobre un texto avalado en Loiola por el propio Zapatero hace tan solo año y medio, nos habla también de frivolidad y ausencia de proyecto socialista para Euskadi. Esto se ha corroborado cuando, dos días depués, Patxi López solo presenta como proyecto la necesidad de un acuerdo transversal si es Lehendakari, ofreciendo como garantía que su amigo Zapatero a él sí le legalizará un referéndum que lo ratifique tras su cepillado en Madrid.

Son estos portazos, pensados para desgastar y dividir -haciendo guiños a los pragmáticos o a los pusilánimes- , los que han llevado a las fuerzas partidarias del cambio en profundidad a que se tenga que rebobinar y empezarse desde más atrás, obteniendo más garantías antes de volver a la senda negociadora de un nuevo Estatuto Político.

De ahí las dos últimas iniciativas del lehendakari:

a)a plazo de meses, una consulta habilitadora para que la ciudadanía se pronuncie, y con esa carga de legitimidad, obtener más respeto en una negociación. Ya veremos si se puede o no realizar dados los sucesivos pases por el Parlamento Vasco, los previsibles recursos, el nihil obstat gubernamental ulterior par celebrarlo…);

b)a medio plazo y a nivel de metodología y contenidos el documento-propuesta enviado al presidente español rescató mediante una suma literal, dos documentos, nada unilaterales ni soberanistas, muy importantes en la historia reciente en: uno, la autorización del propio Congreso para una salida negociada de la violencia; dos, el preacuerdo de Loyola suscrito por las tres fuerzas centrales y transversales vascas.

II. Una violencia que no cesa

El conflicto vasco es históricamente muy anterior a la existencia de ETA pero la violencia armada le ha acompañado desde los años 60 del siglo XX. Aunque busque justificarse en el déficit democrático o en los comportamientos antidemocráticos del Estado, ETA vulnera derechos esenciales, deshumaniza las relaciones ciudadanas y hace degenerar las libertades democráticas. Esa duración de casi medio siglo no aporta justificación alguna, ni moral ni política, para la actividad armada. Es más, ni siquiera puede exhibir resultados para el objetivo que nació y, en cambio, el reguero de muerte, sacrificio y dolor colectivo ha sido y es inconmensurable. En estos días Maixabel Lasa -directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo (organismo del Gobierno vasco)- a quien hay que reconocerle su valioso y exitoso esfuerzo por ponernos delante de las víctimas, delante de uno de los espejos más feos de nuestra historia, ha hecho varias declaraciones estos días tras la bomba de Legutiano. Dejando aparte el hecho de confundir el homenaje a un guardia civil asesinado por un homenaje a la Guardia Civil, que es cosa bien distinta, ha dicho que «vincular la consecución de la paz a la conquista de un nuevo status político es pervertir las reglas de juego» (Kursaal 22-5-08), y estoy de acuerdo, aunque por razones bien distintas a las suyas:

La primera perversión de las reglas, ha sido la disposición de los socialistas a negociar los principios, la metodología y los contenidos solo con ETA, y a cambio de la paz, que es, sin duda, mucho mejor disposición que la del PP, pero encierra una grave contradicción, porque esos principios, metodología y contenidos han desaparecido por arte de magia, aunque los demande la sociedad, al haber regresado la violencia. No deben ser principios muy sólidos. Esa perversión, alienta a la violencia y desacredita al sistema democrático. Respetan más a ETA que a la sociedad vasca.

Voy a decir algo brutal ¿por qué piensa ETA que la violencia es rentable?. Porque encaja en el cuadro mental del PSOE. Claro que la posición del PP es aun peor: solo hostigamiento, leña al mono para que dure eternamente y a costa del Estado de Derecho.

Una segunda perversión de las reglas, es la utilización socialista y pepeista de la violencia como excusa para no abordar los problemas de fondo hasta que ETA, o negocie en una de las versiones, o desaparezca en la otra. Tanto en el caso del PSOE como del PP eso equivale a darle la llave de nuestra vida pública a ETA. Y por qué: porque lo que temen de verdad es a otra forma de estructurar España; y a lo que temen de verdad es a nuestras mayorías sociales. En cambio, no es ninguna perversión sino un tributo a la democracia y a la inteligencia, revisar el sistema político institucional y relacional porque hay que hacerlo por si mismo, conforme a criterios democráticos y racionales, y de ninguna manera a la demanda de ETA. Lo seguro es que a más democracia, habrá menos agua en la piscina del descontento del que bebe ETA. La consecución de la paz es una de las prioridades vascas, lo que pasa por separar tajantemente proceso de paz y proceso de normalización, como vías completamente autónomas. Junto a la ausencia de violencia, la paz también pasa por la humanización del conflicto en relación a las víctimas de la violencia y a la política penitenciaria. Estará bien que ETA busque en el futuro un acuerdo sobre las secuelas de la violencia pero, en ningún caso, deberá poder erigirse en intérprete y negociador del destino de todos y que solo a una sociedad sin tutelas compete.

En efecto la resolución del conflicto vasco y del de la violencia son dos temas de naturaleza muy distinta. No son procesos que se deban condicionar mutuamente, sino que deben abordarse unilateral y separadamente, aunque su desarrollo cualitativo se dará en condiciones de avance en las dos vías. Aunque distintos tienen relación entre sí porque, sin perjuicio de la persecución de los delitos, los avances en el plano político, achicarían el espacio social y argumental que ETA se da a si mima y haría imposible su existencia. Perdería así incluso la llave de si misma. Eso es legítimo, y en cambio, convertirle en agente político de primer orden como hace el PSE no lo es.

En todo caso, el desarrollo definitivo de la paz se garantizará profundizando en la democracia, la justicia y el cierre de conflictos, y no a costa de ellos, y asegurando que todos los proyectos políticos se puedan materializar en condiciones de igualdad, por vías políticas, pacíficas y democráticas.

III. No esperar: preparar

En la actualidad el proceso de paz está en suspenso, roto. Y siguen los atentados y sigue el proceso de deterioro de derechos y libertades democráticas. La situación es de bloqueo. En esas condiciones es imposible cualquier proceso de diálogo resolutivo. Pero es inevitable en el tiempo; porque ni ETA puede continuar -ya está deslegitimada ante la propia izquierda abertzale- ni cabe cerrarle la puerta a un país durante mucho más tiempo.

Por eso no parece sensato esperar sentados a que ETA proclame una tregua unilateral. Eso puede ocurrir según su humor o su lógica perversa, mañana o dentro de 5 años. Asimismo el Estado puede justificar no moverse largo tiempo mientras ETA esté activa.

La tesis de la espera supone una doble quimera: confiar en que ETA renuncie solo por deslegitimación y represión; y que el Estado pase de mononacional a plurinacional por convicción o prestidigitación. El efecto es que le da a ETA la doble llave de su propia actividad y de la política general; y que le da al Estado la excusa para no moverse e impedir cualquier cambio que, en el fondo, es lo que más le preocupa. Mientras tanto ETA ejerce de sparring útil en el cuadrilátero político, para el inmovilismo y contra el derecho de decisión.

Uno de los efectos de este bloqueo es la propia paralización de la Izquierda Abertzale. Por un lado, ilegalizada por el Estado y expulsada de las instituciones; y por otro, imposibilitada para legitimar su acción pública por su posición acrítica respecto a ETA y su incapacidad para asumir el liderazgo definitivo de la corriente.

Esta situación obliga a tomar iniciativas acertadas, simultáneamente pero de manera separada, en los dos campos (paz y normalización) para que ETA no le robe la agenda a la sociedad real, a los partidos e instituciones; y para que el Estado no bloquee el cambio del marco jurídico-político. De hacerlo convertirá esta nación sin Estado en rehén de una institucionalización que no respaldó (Constitución) y de una vía agotada (el viejo Estatuto) y que ya no sirve para sus retos actuales. Hay que preparar las condiciones del cambio. Para el inmediato futuro cabían dos opciones. Si, pasando de ETA, se hubieran puesto de acuerdo las instituciones vascas y del Estado sobre el marco político, más antes que después ETA hubiera tenido que abandonar de motu proprio la lucha armada y, en ese momento, emprenderse el diálogo técnico sobre las secuelas de la violencia. O sea cuando ella quisiera. La agenda la marcaría el país y no ETA. Dicho de otra manera, un acuerdo, por ejemplo sobre el preacuerdo de Loiola, hubiera permitido a los Gobiernos español y vasco, abrir un proceso colectivo y resolutivo, no dependiente de terceros, siendo las instituciones electas y la voluntad popular las protagonistas. Si en el ínterin persistiera la violencia, quienes la ejerzan o amparen se autoexcluirían del proceso colectivo de cambio. En caso contrario, ongi etorri. Era lo sensato y democrático pero Zapatero no quiere; parece que necesita a ETA, para pagar el precio de la paz sí, pero no de la salida al problema vasco. Está claro que no quiere ir más allá del modelo de reforma estatutaria a la catalana y que eso pasa por la vía de los sucesivos cepillados.

Nos hemos acostumbrado a distinguir entre diálogos preparatorios y diálogos resolutivos. Es lógico ese modelo si los procesos lo son entre corrientes distintas suficientemente representativas. Deja de serlo si los temas los asumieran las instituciones -haya o no violencia- porque, por definición, son depositarias de la soberanía popular, aunque su grado de legitimación dependerá de que todas las opciones puedan ofertar sus programas y ser elegibles. Se habría acabado también el método de dos mesas paralelas y autocondicionadas. En cambio, si como parece, no se ponen de acuerdo las instituciones vascas y del Estado no habrá mas remedio que continuar con el esquema que casi todas las fuerzas aceptaron en la última tregua de ETA: ausencia de violencia como condición de diálogos prerresolutivos y resolutivos, y una separación radical -y mediando una declaración de alto el fuego definitivo- entre la negociación entre el Gobierno central y ETA sobre la desmilitarización del conflicto, y la negociación entre todas las fuerzas políticas vascas sobre contenidos que avancen en una solución democrática del mismo.

IV. La coyuntura no es óptima: hay riesgo de largo bloqueo

Por una parte, vivimos las secuelas del fracaso de la última tregua, que fue una gran oportunidad desaprovechada especialmente por ETA y que, por el momento, se ha traducido en los atentados de ETA, la Ilegalización de la izquierda abertzale mayoritaria, la continuidad de la ofensiva judicial más allá de ella para afectar también a autoridades y la desmovilización momentánea de la mayoría social que apostó por el cambio.

Por otra parte, las últimas elecciones trajeron el ascenso socialista y su optimismo desbordado. Van a por Ajuria Enea y no quieren saber ni de alianzas ni de proyectos hasta ver los resultados, prometiendo ser transversales si se les da el liderazgo. Si en la anterior coyuntura quiso arriesgarse a ser el pacificador, en esta coyuntura Zapatero parece un poste sin ideas, y el objetivo parece ser otro: solo que el poco vasquista PSE alcance la lehendakaritza sin propuesta ni compromiso en contenidos, solo capitalizando al Zapatero de la anterior legislatura y arrebañando cansancios y descontentos.

En el ínterin se ha producido una crisis postelectoral en el resto de formaciones, algunas de las cuales, como el PNV, se están dando prisas en reabsorber.

Para el futuro van a tener una gran importancia tanto las próximas elecciones como la capacidad de movilización previa.

Y ello porque las desaprovechadas condiciones que se han dado durante 10 años para cerrar un proceso exitoso favorable al derecho de decisión pueden abocar a un final de ciclo en ocasión de la consulta o de las próximas elecciones, e inicio de otro bien distinto, a no ser que… A no ser que algunos partidos unifiquen sus posturas y el lehendakari concite, de nuevo, grandes adhesiones -sea por convicción, sea porque Zapatero no ofrezca nada, sea por liderazgo en el choque de trenes- y se fragüe un proyecto plausible y unitario.

Tener ilegalizada a Batasuna es un fracaso y una quiebra de la democracia por más que debilite a la Izquierda Abertzale. Además, la ausencia institucional de un 10-15% del electorado, es un truco de tahúr para tener la oportunidad de una mayoría ficticia en el próximo Parlamento. Si en el 2005 legalizar EHAK permitía dividir el voto nacionalista, en el 2009 la expectativa de la lehendakaritza invita a hacer trampa anulando a la corriente bisagra.

Los obstáculos, la fatiga, los errores o la tensión permanente han hecho mella en aquella población que estuvo ilusionada con la primera tregua larga de Lizarra y algo menos con la última. Volver a tensionar solo puede hacerse con un proyecto y un liderazgo fuertes. Con programas lights iríamos aviados….

Ciertamente la situación postelectoral y los atentados no ofrecen los mimbres para un repunte unitario e invita a que cada cual salve sus muebles. Pero la última iniciativa del lehendakari apunta en la buena dirección porque, primero, puede suscitar una línea compartida, al menos, entre las fuerzas del tripartito y Aralar (y no estoy hablando de una coalición ni mucho menos, sino de compartir algunos temas); segundo, sostiene con la defensa del preacuerdo de Loiola la necesidad de un acuerdo a lograr antes o después con el PSE-EE en términos de principios, métodos y algunos contenidos básicos y, tercero, por basarse en el documento de Loyola, no suscitará un rechazo de las bases mayoritarias de izquierda abertzale.

Final de ciclo? ¡Depende! Depende de que no cunda el pánico; se defienda un programa fuerte; se agrupen fuerzas internamente e inter-partidariamente en una misma dirección; se retomen las riendas y se movilice socialmente. Si no se hace todo ésto sí se abrirá un nuevo ciclo con otras mayorías y las consiguientes crisis de los que fracasen y de cualquier proyecto potente de cambio.

V. Unas orientaciones básicas

Hay que evitar las dobles varas de medir. No podemos mirar a un solo lado, sea a la violencia, sea al deterioro de las libertades y de los derechos humanos, sea a la capacidad de decisión. Hay que mirar a todos los lados al mismo tiempo.

En ERABAKI hemos planteado cuatro orientaciones simultáneas y diferentes que se contienen en nuestro segundo manifiesto (ver Rebelión):

a) Instamos a ETA al abandono de la lucha armada

«La vuelta a los atentados mortales y las bombas contra instalaciones de todo tipo y las amenazas contra conciudadanas y conciudadanos representan hechos insostenibles desde un punto de vista ético. Así lo entiende la inmensa mayoría de la sociedad. Pero, además, suplantan a la ciudadanía que quiere decidir por sí misma, da una excusa útil para el inmovilismo del Estado en relación al derecho de decisión y representa un obstáculo manifiesto para el desarrollo de iniciativas políticas o para la confluencia en esa dirección.

Las mismas voces que nos alzamos contra los recortes democráticos exigimos el cese de los atentados de ETA. Igualmente exigimos el cese de las acciones de kale borroka».

b) Exigimos el final del deterioro de los derechos y libertades democráticas.

«Las libertades, en aplicación de la Ley de Partidos, están hoy en suspenso para un sector de la población y, además, son administradas judicialmente contra las aspiraciones vascas tanto políticas (procesamientos del Lehendakari, dirigentes del PSOE y de Batasuna por reunirse; condena de la mesa del Parlamento Vasco…) como culturales (sumario Egunkaria…). La ilegalización de Batasuna y de organizaciones de la izquierda abertzale, la detención de toda su dirección, la suspensión de ANV y EHAK sin que hayan podido presentarse a las elecciones de marzo del 2008, las condenas del 18/98, las torturas y malos tratos en las comisarías…. constituyen un obstáculo para la canalización de un proceso de paz y para la resolución del propio contencioso político, así como una degradación de las libertades democráticas.

Esta ofensiva judicial debe cesar de inmediato, mediante absoluciones, sobreseimientos y restituciones de derechos civiles y políticos».

c) Reclamamos la humanización del conflicto en todos sus extremos.

«La humanización del conflicto tiene dos vertientes: las víctimas y los derechos humanos.

Por un lado, implica un reconocimiento, reparación y apoyo público y social a aquellas personas, sectores de la sociedad civil, representantes y cargos de partidos, profesorado, magistratura… que han sufrido o sufren la violencia de ETA, e igualmente de quienes han sido víctimas de alguna violencia injusta por parte del Estado o de fuerzas parapoliciales y la extrema derecha. Asimismo, exige particularmente un inmediato cambio de la política penitenciaria a través del acercamiento de presas y presos a los lugares de residencia de sus familias, la liberación de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena y de quienes sufren enfermedades graves, la anulación de la doctrina «Parot»….»

Desde aquí quiero alabar la valiente postura del Parlamento Vasco de no silenciar las denuncias de torturas en la actual coyuntura; no cayendo en la hipocresía de mirar para el otro lado. Siendo los Derechos Humanos exigibles en cualquier circunstancia, la misma legitimación de la persecución de la violencia se amplía cualitativamente desde la defensa de todos los derechos humanos sin excepción.

d) Proponemos retomar los contenidos del preacuerdo de Loiola de 31 de octubre del 2006 suscrito por PSE-EE, PNV y Batasuna, además de defender a corto plazo la necesidad de una consulta

La negativa de las élites socialista y conservadora a preguntarle al país con la excusa de que lo dividiría hace que, al parecer, sea mejor no preguntar, para no querer saber lo que piensa la sociedad, manteniendo una unidad basada en el silencio y en la probable imposición de una minoría. Distingo la diferencia cualitativa que hay entre la valiente actitud de Zapatero en la anterior legislatura y la línea del PP, pero en este punto de las consultas tienen coincidencia. Su argumentación es simplemente de pánico a la democracia y convierte a la elite que la defiende en una plutocracia.

El pre-acuerdo de Loiola es la base acordada más avanzada entre diferentes partidos vascos en los distintos campos. Solo comentaré su validez y oportunidad aquí y ahora.

VI. Las oportunidades del pre-acuerdo de Loiola

El borrador-base aceptado en Loiola se ha situado ya en el centro del panorama político. El lehendakari lo convirtió en eje de su propuesta a Zapatero, así como en perspectiva de medio plazo, mientras que, para el corto plazo, la agenda y el recorrido antes de las elecciones estarán marcados por las vicisitudes de la autorización o no por el Parlamento Vasco de una consulta sobre una pregunta concreta.

En lo inmediato, veremos qué pasa el 27 de junio en el Parlamento Vasco en que se habrán de votar los compromisos ético y democrático y una probable ley de consulta de lectura única y por vía de urgencia.

Aquel borrador hay que entenderlo como el documento base suscrito, interno al país, de carácter plural y transversal, más importante de nuestra reciente historia. Es un patrimonio inmaterial colectivo. Largamente muñido sobre el problema de fondo, solo espera para activarse a unas condiciones propicias que dependen exclusivamente de los actores y sus expectativas. Ese documento fue el catalizador de una herencia documental en base a Elkarri, Ahotsak, documento de Egino….

Fue un preacuerdo transversal y en claves estratégicas de largo alcance entre fuerzas del país, y contaba además con el acuerdo y el aliento externo de Rodríguez Zapatero que, en la época, jugaba la carta de la paz. Su función y sus contenidos se dirigían a la normalización política y al diseño de futuro, con la consiguiente canalización de los temas principales.

Forjado desde la preparación discreta de Egiguren y Otegi como agentes principales (entre 2004-05 y sin tregua), el PNV de la mano de Imaz se incorporó después, a su desarrollo ya en condiciones de tregua. El borrador iba a ir a misa. Solo estaba pendiente de ligeros flecos. Pero en noviembre del 2006 Batasuna quiso modificar algún punto sustancial y provocó el final de las reuniones. Cabe entender que la Izquierda Abertzale diga hoy que el publicado era solo uno de los borradores, o que el PSE-EE esté aquejado de amnesia sobre el ADN socialista en el documento, pero ello no quita un ápice del mérito de su esfuerzo compartido y que se trata de un documento de futuro.

Pero a la hora de ver su validez actual, las fuerzas que estuvieron en Loiola tuvieron una distinta percepción sobre la propia mesa.

Aunque ETA no era interlocutor en Loiola, se reservó el papel de validador y terminó por dinamitar la mesa, poniendo en la picota las salidas políticas largamente fraguadas… y, también, a la propia Izquierda Abertzale. ETA, hoy sigue queriendo demostrar por enésima vez capacidad de daño para una improbable mejora de posición en un futuro diálogo resolutivo.

Por su parte, el PSE-EE no lo entendió como un acuerdo para la normalización sobre un problema político de ajuste de los vascos en el Estado, y que es de lo único que habla el documento (reconocimiento de identidad y del hecho nacional vasco, derecho a decidir, igualdad de oportunidades a todas las opciones, órgano institucional común….) sino como un acuerdo para la pacificación. Lo entendió, al parecer y salvando a Egiguren, no desde la convicción democrática sobre sus contenidos sino desde la concesión a ETA; lo aceptó como un «precio para la paz», y no como salida de conflicto. Y al darle cuerda, a la vuelta, de nuevo a empezar alimentando la espiral.

Pero respondamos a algunas preguntas del debate actual.

¿Ha sido desleal airearlo? Tras su publicación en varios medios y año y medio después, lo desleal era dejarlo en el cajón y hurtárselo al debate del país.

¿Es una aventura, un viaje a ninguna parte? Si la naturaleza de su valedor (Zapatero) y coautores avalaron el carácter constitucional del preacuerdo en su momento, difícilmente cabe tratar el documento hoy como una «aventura», y más cuando cabe una formulación jurídica legal desde los procedimientos estatutarios. Esa «aventura» era la del hoy amnésico Zapatero.

¿Es nacionalista?. Si la base y los límites fueron co-redactados por los socialistas es difícil decir que es un texto nacionalista o soberanista; es simplemente compartido.

¿Es electoralista? Si es una propuesta de riesgo que va al fondo, en continuidad con el derecho de decisión, nadie puede decir que sea superficial y electoralista presentarla ahora.

¿Puentea a los Parlamentos? Si hubiera habido un acuerdo entre presidentes, no sería un puenteo de los Parlamentos sino un pistoletazo de salida para el trabajo de las instituciones y de todos los partidos, incluidos los que estuvieron ausentes.

¿No respeta los dos requisitos del amplio consenso y del respeto a los cauces que exige Zapatero? Tenía un amplio consenso interno hace año y medio y los cauces es seguro que eran legales; en caso contrario no lo hubiera avalado el propio Zapatero.

¿Puentea a las instituciones navarras? Si el compromiso es de «promover la creación un órgano institucional común para los cuatro territorios», eso pasa lógicamente por las mayorías parlamentarias de cada uno de los ámbitos. Sin el acuerdo del PSN sería imposible. Además sería imposible, absurda y muy desaconsejable una política de «anexión» por sorpresa de Navarra.

¿Ya no vale, en condiciones de violencia? Su validez no depende de la coyuntura o de que haya tregua, puesto que trata de principios y metodologías. No hay un solo principio o base política para el acuerdo o el diálogo del documento que no sea válido para el presente, por la simple razón de que se remite a la democracia y al reconocimiento de un sujeto político tan real como plural. Eso no depende de la coyuntura. En cambio, su desarrollo y forma de activación sí dependen, no de la coyuntura, sino de la voluntad y decisión de los agentes. Malo será que dependa de sus intereses. Y, sin embargo, es lo que está ocurriendo.

¿Hay que tomarlo al pie de la letra? Es un punto de partida, desarrollable.

Es válido, precisamente porque su vocación era ser un preacuerdo de normalización y no de pacificación (había otra mesa entre Gobierno de España y ETA). Por eso hoy es rescatable a pesar de que no haya tregua. Permitiría que la agenda la hagan las instituciones, las mayorías y los consensos, y no ETA. Así lo ha entendido, al parecer, el lehendakari.

En suma, se trata de una buena propuesta que contiene un proyecto abierto de país, anima a la concertación para lograr capacidad de decisión de cara a un acuerdo con el Estado, y que además ayudaría a la paz.