En el Estado español, preguntar a la población de un determinado ámbito geográfico lo que piensa sobre esto o lo otro no tiene nada de anticonstitucional. Si así fuera, habría que prohibir la actividad de las empresas que se dedican a realizar sondeos de opinión. Varios estatutos de autonomía -caso del de Cataluña (art. 122) […]
En el Estado español, preguntar a la población de un determinado ámbito geográfico lo que piensa sobre esto o lo otro no tiene nada de anticonstitucional. Si así fuera, habría que prohibir la actividad de las empresas que se dedican a realizar sondeos de opinión. Varios estatutos de autonomía -caso del de Cataluña (art. 122) y del de Andalucía (art. 78)- regulan la convocatoria de consultas populares, tanto a escala autonómica como municipal. Cabría citar toda una ristra de consultas promovidas en España desde 1977 por poderes públicos, sobre todo municipales, realizadas con el ánimo de conocer la opinión mayoritaria de la población correspondiente, sin que nadie haya hecho nunca nada por impedirlas. (Fue muy comentado el referéndum que se verificó en Chinchón para decidir de qué color querían sus vecinos que fueran pintados los balcones de su plaza porticada. Felipe González lo utilizó para ridiculizar a los que por entonces reclamábamos un referéndum sobre el Tratado de Maastricht.)
Lo que la Constitución proscribe no es la celebración de toda suerte de consultas populares, sino la realización de referendos políticos vinculantes que no hayan sido autorizados por el Gobierno del Estado. Pero lo que el lehendakari Ibarretxe está planteando no es un referéndum vinculante, sino una mera consulta. Una especie de test, sólo que a escala autonómica.
Por supuesto que cabe discutir qué sentido tiene. Ibarretxe sabe muy bien -en realidad lo sabemos casi todos- que la gran mayoría de la población de la comunidad autónoma vasca, si se lo consintieran y tuviera ganas de hacerlo, respondería «sí» a las dos preguntas que él quiere plantear. Los estudios demoscópicos que se han realizado sobre ambos particulares no dejan lugar a dudas.
Es obvio que lo que el lehendakari pretende es colocar al Gobierno de España ante la evidencia de que está negando a un pueblo -pequeño y con limitada importancia electoral, pero pueblo y nacionalidad, según la propia legislación española- el derecho a decidir sobre su propio futuro. Tan obvio como que a Rodríguez Zapatero no le apetece nada que esa evidencia quede patente.