Ayer hemos conocido que la Infanta Elena tendrá un nuevo «trabajo» y cobrará por él unos 200.000 euros anuales, casi 24 veces el salario mínimo interprofesional español, pero lo que más llama la atención es que sus funciones según el diario «El País» serán «en España de integrar laboralmente a personas discapacitadas. En Suramérica colabora […]
Ayer hemos conocido que la Infanta Elena tendrá un nuevo «trabajo» y cobrará por él unos 200.000 euros anuales, casi 24 veces el salario mínimo interprofesional español, pero lo que más llama la atención es que sus funciones según el diario «El País» serán «en España de integrar laboralmente a personas discapacitadas. En Suramérica colabora en dar educación a niños con problemas de exclusión». Este diario, servil hasta la vergüenza ajena con la monarquía, justifica esta contratación: «Ambos cometidos están directamente relacionados con actividades por las que la Infanta se ha interesado en el pasado. Doña Elena estudió magisterio y hasta ahora daba clases de inglés en un colegio del que es propietaria junto con un grupo de amigos«.
Cualquier ciudadano con un mínimo de sentido crítico se preguntará ¿No habrá personas con más formación y con salarios más económicos para este empleo? ¿Qué sabrá la infanta de integrar laboralmente a personas discapacitadas que no sean miembros de la realeza? ¿Que tendrá que ver tener un colegio para ricos con los niños pobres? Pero lo realmente vergonzoso es que se ha convertido en asesora para dar educación a niños con problemas de exclusión en Latinoamérica. Con el salario que recibe la infanta se podría pagar a 100 maestros en Perú durante un año, algo que los niños peruanos agradecerían mucho más que el asesoramiento de Doña Elena. Siempre he tenido la percepción (este es un ejemplo claro) que todo el dinero que las estados presupuestan para servicios sociales, al final y en su mayor parte, se destina a sueldos de altos cargos, funcionarios y gasto corriente, y que sería mucho más practico, barato y rápido hacer un simple reparto del presupuesto entre los necesitados.
La otra cara del asunto es el fraude de ley que cometen las grandes empresas españolas con la creación de fundaciones. Estas instituciones tienen que tener fines benéficos y por ello estas corporaciones no pagan impuestos por el dinero que invierten en ellas. La realidad nos dice las fundaciones se utilizan para pagar sueldos vitalicios a familiares, amigos y amantes sin necesidad, ni siquiera, de disimular que no trabajan nada. En este caso, el grupo asegurador Mapfre se asegura una buena relación con la Casa Real. Son 200.000 euros anuales de gasto que una empresa considera rentable.
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