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La deuda alcanzada por Ruiz Gallardón supera las de Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga juntas

El Ayuntamiento de Madrid paga 750.000 euros de intereses al día a la banca

Fuentes: Diagonal

Tras quintuplicar la deuda del Consistorio en sus años de mandato con obras como la reforma de la M-30, Gallardón anuncia ahora severos recortes. El gigante se hunde sobre sus pies de barro. Lo lleva haciendo años, sobre todo desde que Gallardón se embarcara en la ejecución de su obra estrella, el soterramiento de la […]

Tras quintuplicar la deuda del Consistorio en sus años de mandato con obras como la reforma de la M-30, Gallardón anuncia ahora severos recortes.

El gigante se hunde sobre sus pies de barro. Lo lleva haciendo años, sobre todo desde que Gallardón se embarcara en la ejecución de su obra estrella, el soterramiento de la M-30. Sólo que ahora, con el recorte financiero del Estado y la reducción de los ingresos procedentes del sector inmobiliario, lo hace en caída libre. Por eso, a nadie le sorprende que el enemigo jurado de Esperanza Aguirre lleve meses acusando a la Comunidad y al Gobierno de Zapatero de haber estrangulado las finanzas de su Consistorio. Convertido en adalid de los municipios en su reclamación de reforma de la financiación local, en las últimas semanas no ha perdido una oportunidad en demandar más dinero del Estado.

La oposición y organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), aunque comparten con el alcalde que el Estado debe derivar más dinero a los ayuntamientos, tienen claro que detrás de la delicada situación municipal se halla una gestión deficiente de los recursos. «Buena parte de la crisis del Ayuntamiento es una crisis fiscal, consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto tiene unos responsables, y esto toca a las tres administraciones : son aquellos que basaron el modelo de desarrollo en el capital especulativo e inmobiliario», afirma a DIAGONAL Nacho Murgui, presidente de la FRAVM. Con la caída vertiginosa de la venta de suelo y de otros ingresos derivados como las licencias de construcción, Madrid sólo recibirá unos cien millones de los 480 previstos por la enajenación de solares. En los presupuestos actuales, alrededor del 9% de los ingresos provienen de la venta de terrenos, mientras que un 37,4% lo hace de los tributos municipales.

Crisis y deuda

Pero la crisis inmobiliaria no es la única causa de que el Ayuntamiento más poblado del Estado sea, con 6.336 millones de déficit y un presupuesto para 2009 de más de 5.000 millones de euros, también el más endeudado. Al menos la mitad de ese débito lo ha generado una apuesta personal del alcalde, la reforma de la M-30, una obra tan faraónica como ecológicamente insostenible. Desde que Gallardón llegó al Consistorio, su endeudamiento se ha quintuplicado, lo que supone un incremento de 5.200 millones de euros y se traduce en el pago a la banca de 750.000 euros diarios en concepto de intereses. Y se calcula que esto será así los próximos 30 años. En esta carrera de números rojos, destaca también el aumento de la plantilla municipal, que hoy en día cuenta con más de mil cargos y asesores del PP, así como el gusto del alcalde por los grandes fastos y las campañas publicitarias. En los presupuestos de 2009, a la par que se han eliminado al menos 40 equipamientos sociales de barrios populares, se mantienen actuaciones tan controvertidas como la reforma del Eje Prado-Recoletos, así como las partidas destinadas a la consecución de la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 y la de publicidad y propaganda, que asciende a nueve millones de euros.

Aunque todavía no han sido aprobadas, el equipo de Gallardón estudia hacer frente a su falta de liquidez con propuestas como la privatización del alumbrado, la subida de los parquímetros, del IBI o la creación de una tasa por la recogida de basura que supondría a cada madrileño unos 60 euros anuales. Unas medidas que la federación vecinal, que critica con dureza los recortes en equipamientos públicos, rechaza de plano : «En época de crisis deberían pagar los que más tienen ; es inaceptable el recurso a medidas recaudatorias que no sean progresivas y que se apliquen a todos por igual, pues esto perjudica a los más débiles», indica Murgui.