Según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), 18 de las 35 empresas del IBEX poseen empresas participadas en paraísos fiscales. La falta de transparencia y de control facilita dichas actividades. Empresas del sector energético como Iberdrola o Gas Natural, de la construcción como ACS y Ferrovial, bancos como BBVA, Banco Popular, Santander […]
Según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), 18 de las 35 empresas del IBEX poseen empresas participadas en paraísos fiscales. La falta de transparencia y de control facilita dichas actividades.
Empresas del sector energético como Iberdrola o Gas Natural, de la construcción como ACS y Ferrovial, bancos como BBVA, Banco Popular, Santander o Banesto, y otras como Repsol YPF, PRISA, Inditex o Telefónica, son solo algunos ejemplos de las 18 empresas del IBEX 35 que, según un informe del ORSC, por algún motivo tienen presencia en países considerados paraísos fiscales. «Nos limitamos a revisar los anexos de cuentas de 2006 y comprobamos que estas empresas tenían algún tipo de actividad en centros off-shore», afirma Orencio Vázquez, miembro del ORSC. No obstante, el estudio se limita a constatar la existencia de estas actividades: «es imposible profundizar más, ya que sólo contamos con las cuentas que están obligados a presentar a sus accionistas, por imposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)», concluye Vázquez, al referirse a las reticencias de las empresas a afrontar estos temas.
«Cuanto más grande es la empresa, más posibilidades tiene de invertir en paraísos fiscales», confirma Nuria Almirón, miembro de ATTAC y de la Red por la Justicia Social. Si bien el informe destaca que son los bancos los más proclives a servirse de estas actividades, ya que cuatro de las cinco entidades bancarias del IBEX tienen alguna actividad en paraísos fiscales. Según estas mismas cuentas, que tan sólo muestran la punta del iceberg, en el año 2004 estaban radicadas en paraísos fiscales el 11% de las sociedades del grupo BBVA, la misma proporción de La Caixa y Santander, el 10% de las del grupo Banco Popular y más del 15% del grupo Sabadell Atlántico. De hecho, casi el 80% del dinero que opera en paraísos fiscales son inversiones bancarias y servicios financieros.
La banca en retroceso
En el año 2001, saltó a la luz pública uno de los mayores escándalos por cuentas bancarias en paraísos fiscales. Ese año quedó al descubierto que el BBVA había destinado 55,8 millones de euros en fondos de pensiones para ex consejeros ejecutivos, ocultos en paraísos fiscales durante 13 años, algo que solo reveló ante la CNMV ese mismo año.
Sin consecuencias jurídicas, situaciones como ésta han hecho levantar el pie de la inversión bancaria en paraísos fiscales. Los dos grandes bancos del Estado, BBVA y Santander, redujeron sus beneficios por actividades en centros off-shore, en 2006, un 49,8 y 83%, respectivamente. Las denominadas consecuencias ‘reputacionales’, el hecho de que estas cuentas no tengan fondos de garantía de depósitos, cuestión especialmente sensible tras la crisis de las subprime, y, sobre todo, que los países de origen de los capitales comienzan a ofrecer mayores ventajas fiscales son causa del descenso de las inversiones bancarias en paraísos fiscales. «La banca es intermediaria de todas las empresas que quieran invertir en Bolsa, por eso le va bien ese escenario de opacidad y mantiene un cierto nivel de inversiones», afirma Nuria Almirón, para dejar claro que la banca no terminará sus actividades en estos centros.
Falta de transparencia
Precisamente, uno de los grandes atractivos de estos centros off-shore es la oscuridad que los rodea. «La transparencia es poca o nula, de tal manera que una empresa o un fondo de inversión de un particular no tiene que dar explicaciones de cuánto ha ganado ese año o de transacciones o adquisiciones de empresas que a lo mejor no son legales, porque en sus países de origen hay reglamentaciones que prohíben la acumulación de propiedad», afirma Nuria Almirón, para quien las grandes compañías buscan algo más que la mera evasión fiscal. Esa misma opacidad ha impedido delimitar el número de paraísos fiscales existentes en el mundo. Aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce 35 centros off-shore, la cifra data del año 2000. «Esa lista es minúscula, porque la original, mucho mayor, se redujo cuando se exigió a los Estados que reformaran su legislación para hacerla más transparente, y sacó de la lista a quienes prometieron hacerlo. Como en realidad ningún Estado ha hecho nada, ya ni publican lista alguna», precisa Almirón. Según la Red por la Justicia Fiscal, la cifra llegaría a 70. Los datos conjuntos de la OCDE y el FMI sitúan a 18 de ellos en Europa.
La situación en el Estado español no ha mejorado demasiado en los últimos años, pues no existe una política centralizada de lucha contra la fuga de capitales a estos centros offshore. Según las organizaciones de inspectores de Hacienda, la Agencia Tributaria es muy reacia a coordinarse y compartir datos con las administraciones autonómicas y locales, lo que sería muy útil para combatirlos.
«Una solución sería que las autoridades públicas no acepten hacer ningún tipo de negocio y que no concedan licencias o hagan tratos con empresas con una sola actividad en paraísos fiscales», concluye Nuria Almirón.
Para los inspectores de Hacienda, las soluciones pasarían por medidas tales como no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades erradicadas en estos territorios, instaurar una tributación del 24% en el Impuesto de Sociedades para las actividades que se tengan en estos territorios e incluso prohibir a las entidades bancarias que tengan filiales o sucursales en dichos territorios. En la UE las medidas que se han tomado hasta el momento han perseguido exclusivamente la aplicación de las denominadas ‘reformas positivas’, es decir, acercar el régimen fiscal de estos países al de los centros off-shore. Estas medidas están basadas en el informe de 2001 Políticas fiscales en la UE, el cual indicaba que la competencia fiscal puede ser positiva para el crecimiento de la economía.