No parece una casualidad inocente, ni tampoco puede ser calificado como un desliz simplón, que Ana Oramas reclame ahora en el Congreso de los Diputados la congelación de los sueldos de los funcionarios; y de hecho, cuando la portavoz nacionalista demanda un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas para llevar a […]
No parece una casualidad inocente, ni tampoco puede ser calificado como un desliz simplón, que Ana Oramas reclame ahora en el Congreso de los Diputados la congelación de los sueldos de los funcionarios; y de hecho, cuando la portavoz nacionalista demanda un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas para llevar a cabo esta recurrente medida en tiempos de crisis, quizás tenga bien fresquita en su memoria la imagen de responsabilidad y de unidad política de la que hacen gala siempre sus señorías -aquí y en Madrid- cuando se trata de consensuar y aprobar sus propios incrementos salariales, dietas y emolumentos varios. Y es que es ahora cuando la diputada Ana Oramas, liberada por fin de las ataduras de la Alcaldía, ya no tiene que ver la cara de los trabajadores del Consistorio lagunero al conocer su «original» propuesta; y también es ahora cuando el Tribunal de Estrasburgo, después de tres años de presentada la queja del sindicato CC.OO., se ha pronunciado por fin sobre la congelación salarial que sufrieron los funcionarios en el año 1997, dictaminando que no observa «ninguna apariencia de violación de los derechos y libertades» de los trabajadores públicos; solamente -y esto lo añado yo- se les privó de incrementos salariales y se les condenó a la progresiva pérdida de poder adquisitivo que aún hoy arrastran; con subidas que desde hace muchos años se sitúan siempre por debajo del IPC.
En un insólito ejercicio de irresponsabilidad Ana Oramas carga contra los funcionarios, los intenta enfrentar con los empleados del sector privado, con los ciudadanos de la sociedad a la que prestan sus servicios; y los compara con los trabajadores que diariamente pierden su empleo producto de la crisis económica, advirtiendo un tanto molesta que son los funcionarios los únicos que tienen garantizado su empleo; tal vez sucede que la exalcaldesa preferiría que la eufemísticamente llamada flexibilidad laboral se implementara de un modo mucho más generalizado -también en la Administración-; y quizás sucede también que a la diputada no le agrada dedicar su bien pagado tiempo a promover medidas encaminadas a favorecer el empleo estable y los sueldos dignos en ambos sectores: público y privado (los salarios en Canarias son los terceros más bajos del Estado y muchos funcionarios son también mileuristas con contratos de carácter temporal). ¿O es que considera un privilegio, y no un derecho, disponer de un trabajo fijo y bien remunerado?
Yo no escuché en abril de este mismo año a Ana Oramas criticar en ningún foro público los incrementos de sueldo cifrados en más de un nueve por ciento que pactaron de forma unánime y sin resquemor alguno los parlamentarios canarios, ni tampoco la he oído nunca realizar un llamamiento a la responsabilidad en materia de retribuciones a dos políticos de su misma formación política, como son el alcalde de Santa Cruz de Tenerife (el 10º alcalde mejor pagado de España) o el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero (6º presidente autonómico más generosamente retribuido), según datos de septiembre del año 2007 del periódico económico Expansión.
La portavoz nacionalista parece muda cuando debería mostrar su rechazo al dispendio escandaloso, especialmente en tiempo de crisis, de 60.000 euros en hoteles de lujo para disfrute londinense de una treintena de personas de la Consejería de Turismo; y su afonía se cronifica ante el hecho de que un parlamentario canario de isla menor perciba en concepto de dietas un mínimo de 120 euros diarios, un diputado del Congreso 1.800 euros mensuales para gastos de alojamiento y manutención, mientras a un paciente que tiene que desplazarse para recibir prestaciones sanitarias en otra isla se le asigna para ese mismo fin una cantidad ridícula que no supera los 20 euros diarios.
Las diferencias salariales entre la elite política y los ciudadanos se incrementan año tras año. Y no parece ningún mérito ni tampoco un sacrificio inasumible para sus señorías congelarse ahora los sueldos, habiendo aprobado en los últimos años notables alzas salariales, superiores casi siempre al IPC; el contenido líquido de sus níveas neveras lleva mucho tiempo descongelándose, derramándose… Porque ¿qué efectos puede tener una congelación del sueldo de quien percibe seis mil euros al mes, como le pasa a Ana Oramas?. En estos casos lo procedente sería una reducción salarial.