Obama ya ha tomado la primera decisión (una de las más esperadas): suspender los juicios en Guantánamo. Aún así, le quedan unas cuantas órdenes ejecutivas de Bush que debería desechar inmediatamente. Los presidentes recién nombrados usan, a menudo, nuevas normas para encauzar su estrenada Administración. En eso sentido está actuando ahora Obama. Pero, si bien […]
Obama ya ha tomado la primera decisión (una de las más esperadas): suspender los juicios en Guantánamo. Aún así, le quedan unas cuantas órdenes ejecutivas de Bush que debería desechar inmediatamente.
Los presidentes recién nombrados usan, a menudo, nuevas normas para encauzar su estrenada Administración. En eso sentido está actuando ahora Obama. Pero, si bien estos mandatos pueden dictarse unilateralmente, también pueden ser desechadas con igual facilidad. El pasado otoño, Slate recopiló una lista del las 10 órdenes ejecutivas firmadas por George W. Bush que el nuevo presidente debería desestimar rápidamente. Reproducimos la lista más abajo.
El presidente Barack Obama ha llegado con una pluma con superpoderes para firmar órdenes ejecutivas. Sin negociar con el Congreso para aprobar una ley, o sin siquiera pasar por el período de reflexión y comentarios que precede a una nueva ley federal, el nuevo residente de la Casa Blanca puede cambiar la música con la que bailan las agencias federales. Ahora él es el Ejecutivo y su función también pasa por ahí: por ejecutar decisiones. Se prevé que su mano zurda firme hoy la primera de sus órdenes ejecutivas: el cierre de la prisión en la base naval de Guantánamo.
¿Cuál es, entonces, el mayor daño que ha causado el presidente Bush él solito? Al reunir una lista de las 10 ‘mejores’ (o peores) de entre las 262 órdenes ejecutivas de la Administración de Bush, hemos indagado en algunos objetivos familiares, como su iniciativa basada en la fe de malversación de fondos dedicados a la investigación sobre células madres. También nos damos cuenta de que algunos de los momentos de Bush de los que aquí nos quejamos no llegaron en forma de orden ejecutiva. La reciente tentativa de forzar a las clínicas de planificación familiar a certificar que sus empleados no tendrán que asistir con ningún procedimiento que consideren objetable, por ejemplo, tomó la forma de una ley federal. Lo mismo ocurrió con las decisiones de la Administración de dedicar franjas nuevas de terreno público para la tala de árboles y la minería.
También nos gustaría ver revocadas esas leyes, pero aquí hemos decidido ceñirnos a las órdenes ejecutivas por su reconfortante simplicidad. Si se las puede conjurar con un simple trazo de pluma, también se las puede hacer desaparecer rápidamente (los presidentes no muestran muchas renuencias a la hora de eliminar los dictados de sus predecesores). Aquí está nuestra elección de las nueve órdenes que más merecen la goma de borrar presidencial llegada en enero, más una décima sugerida por los lectores.
Nº 1: Destruir el acta sobre Archivos Presidenciales
Lo que dice la orden: Con la Orden Ejecutiva 13233, la Administración Bush intentó destruir el Acta sobre Archivos Presidenciales celebrada en 1978 para asegurar que los documentos internos de la rama ejecutiva sean públicos y se conviertan, generalmente, en parte del archivo histórico. La propia ley de 1978 era un compromiso a favor de la privacidad en algunos aspectos: los archivos presidenciales no se revelan hasta 12 años después de que la Administración haya abandonado el despacho, y las peticiones de éstos están sujetas a los límites impuestos por el Acta de Libertad de Información, lo que significa que los documentos clasificados permanecen en secreto. La orden de Bush, en esencia, desechaba totalmente este intento de transparencia. Tras meses de obstrucción al acceso a documentos de la era de Reagan, el ex Fiscal General Alberto Gonzales, redactó una orden que da al presidente en curso, o al presidente cuyos archivos se solicitan, el poder de revisar una petición de documentos, sin límite de tiempo. Si el presidente dice que no, hay que ir a juicio para conseguir los archivos.
Por qué debería desaparecer: La Asociación Histórica Americana odia esta orden por una buena razón: pone los intereses de un presidente en secreto (para evitar molestias, revelaciones inconvenientes o lo que sea), por encima del interés público por entender acontecimientos pasados de importancia nacional. En 2007, un juez federal acabó con parte de la Orden Ejecutiva 13233 por entrar en conflicto con el Acta sobre Archivos Presidenciales (que tiene primacía sobre una orden presidencial, ya que es una ley promulgada por el Congreso). Aún así, hay partes de la orden que aún tienen vigencia. El proyecto que había en el Congreso para desecharla entera se ha quedado estancado. Obama no debería esperar al Poder Judicial o a la Asamblea legislativa: debería revocar esta orden él mismo, como prueba de que, una docena de años después de que haya dejado el despacho, no tendrá miedo de una revisión de su paso por Casa Blanca.
Nº 2: Bloquear la investigación sobre Células Madre
Lo que dice la orden: En agosto de 2001, Bush promulgó una ley que limitaba los fondos federales destinados a la investigación sobre células madre de embriones a las colonias ya existentes de tales células. Cinco años después, expidió el primer veto de su presidencia para rechazar la legislación creada por un Congreso Republicano para atenuar esas restricciones. La orden ejecutiva, promulgada el mismo día en que vetó la legislación por segunda vez, fomenta la investigación para encontrar formas alternativas de crear células madre pluripotentes. La orden da directrices al Departamento de Salud y de Servicios Humanos para que den prioridad a las investigaciones que respeten las directivas previas de Bush y dediquen los recursos a encontrar otros medios de crear células madre humanas.
Por qué debería desaparecer: Apoyar medios alternativos de crear células madre es una buena idea, sólo que no a expensas de dejar de apoyar las fuentes de células madre más inmediatamente disponibles, que se encuentran entre las líneas más prometedoras de investigación médica hoy en día. Realmente, hay esperanzas de que el debate sobre la destrucción de embriones humanos para reunir estas valiosas células que sirven para que todo finalmente sea puesto en tela de juicio. Los investigadores han encontrado maneras de retrasar el reloj en células de la piel adultas, reprogramándolas como si fueran células embrionarias. Pero esto es un proceso truculento que implica insertar nuevos genes, y aún no es una alternativa suficientemente válida a las células madre embrionarias. Mientras tanto, la orden de Bush está desviando fondos dedicados a las investigaciones que podrían esquivar finalmente sus preocupaciones éticas; los científicos han cultivado con éxito células madre auténticas sin dañar el embrión naciente. Tanto McCain como Obama apoyaron la legislación que habría debilitado las restricciones a la investigación de Bush cuando fue presentado al Senado en 2006 y en 2007.
Nº 3: Esquivar la Convención de Ginebra
Lo que dice la orden: Después de que el Tribunal Supremo cargase de nuevo contra los esfuerzos de la Administración de Bush para retener a los encarcelados en Guantánamo indefinidamente y sin cargos, surgieron dudas respecto a la legalidad del uso de las técnicas de coacción en interrogatorios por parte de la CIA (o de tortura, si pensáis que los ahogamientos simulados se pueden llamar así). Durante un tiempo, los excesos de la CIA en los interrogatorios se suspendieron. Pero entonces Bush promulgó la Orden Ejecutiva 13440 y los interrogadores volvieron a las andadas. La orden no es explícita respecto a las prácticas que permite (eso permanece clasificado), pero quizá pueda eludir aún la Convención de Ginebra contra los tratos humillantes y degradantes. Según The New York Times, el ahogamiento simulado está fuera de los límites, pero la privación de sueño puede no estarlo y la exposición al calor y frío extremos está permitida.
Por qué debería desaparecer: La Orden Ejecutiva 13440 parece una mejora de directivas previas para la CIA, como los memorandos del Departamento de Justicia escritos por John Yoo, que definían ajustadamente la tortura y las protecciones de Génova. (Según el nuevo libro sobre Cheney de Barton Gellman, la única técnica que Yoo rechazó en el campo legal fue la de enterrar vivo a un preso). Aún así, la orden ejecutiva deja la puerta abierta a técnicas que Estados Unidos no querría que se utilizaran contra sus soldados y esto es parte de los actos de la Administración de Bush que han dañado la autoridad moral de Estados Unidos en el extranjero. El historial de la Administración está tan deslustrado en este punto que el próximo presidente debería declarar que está acabando con esta orden, así podrá empezar de nuevo y aportar su propia política sobre los interrogatorios y la CIA.
Nº 4: Dar las llaves al vicepresidente
Lo que dice la orden: En 1995, el entonces presidente Bill Clinton promulgó una orden que facilitaba la desclasificación de documentos y cientos de millones de páginas de información sobre la Casa Blanca se cayeron de los archivos. En 2003, la Administración Bush también tomó aquí partido, presentando una enmienda a la orden de Clinton para dar capacidad al vicepresidente para clasificar lo que quisiera. La Orden Ejecutiva 13292 otorga al vicepresidente el mismo poder que tiene el presidente para clasificar documentos.
Por qué debería desaparecer: La Orden Ejecutiva 13292 mata dos pájaros de un tiro. Aumenta el alcance del secreto y de los poderes de la vicepresidencia. Como argumenta Byron York en la Nacional Review, «desde el comienzo de la Administración, Dick Cheney ha favorecido medidas que permitían a la rama ejecutiva mantener más cosas en secreto. En marzo de 2003 el presidente le dio la autoridad de hacerlo». Esto recuerda los esfuerzos de Cheney para evitar que los Archivos e Historiales Nacionales respetaran las mismas reglas que la información clasificada del Gobierno ya que pertenecen al vicepresidente. Cheney es conocido por querer que su oficina fuera una caja cerrada. La Orden Ejecutiva 13292 parece haber sido escrita expresamente para él. Esperemos que el próximo vicepresidente no quiera también mantener sus secretos hasta este punto. Pero el jefe debería eliminar esta preocupación revocando esta orden.
Nº 5: Carta blanca en Irak
Lo que dice la orden: Promulgada dos meses después de la invasión de Irak, esta orden ofrece amplia protección legal para las corporaciones de Estados Unidos que comercien con petróleo iraquí. La directiva de Bush, justificada como un medio de proteger los beneficios del oro negro de la zona, anula todo tipo de procedimiento judicial relacionado con el petróleo iraquí o con el recién creado Fondo de Desarrollo para Irak. La orden ejecutiva también declara como emergencia nacional abordar la amenaza a una reconstrucción pacífica de Irak, lo que Bush ha renovado cada año desde entonces, siendo la última en mayo de 2008.
Por qué debería desaparecer: Esta directiva es la base para todas las posteriores órdenes que Bush ha mandado ejecutar sobre Irak (ver Nº 6, debajo), así que es el mejor punto para comenzar a replegar los abusos de autoridad relativos a la guerra. A la vista de las muchas preocupaciones por el ‘amiguismo’ y el despilfarro de los contratistas en Irak, está justificado quitarles la impunidad legal cuando hay petróleo de por medio. Algunos organismos de control temían en principio que la orden podría usarse para evitar que la gente litigase por responsabilidad civil contra compañías que trabajan en Irak. Eso no ha llegado a ocurrir hasta ahora (Tom Devine, el director legal del Proyecto de Responsabilidad Financiera del Gobierno, dice que no ha visto la orden aplicada en ningún caso legal). Aún así, dado que Estados Unidos estará probablemente en Irak durante, al menos, 16 meses, no es tarde para inyectarle un poco de responsabilidad financiera a la contratación. Como el Proyecto de Responsabilidad Financiera escribió en su día, «el alcance del mandato de la orden ejecutiva con respecto al libre albedrío está limitado sólo por la imaginación». La orden es exagerada también; la resolución de las Naciones Unidas que apareció a la misma vez, y que fue reverenciada entonces como una gran victoria diplomática para Estados Unidos y Reino Unido, contiene una inmunidad legal más limitada para el comercio del petróleo en Irak.
Nº 6: Perseguir a los agitadores en Irak
Lo que dice la orden: Esta orden concede a la Administración el poder de congelar los activos de un grupo de gente abstracto pero ampliamente definido que amenaza la estabilidad de Irak. La lista de gente en el punto de mira incluye a cualquiera que haya propagado (o ayudado a propagar) la violencia en Irak en un esfuerzo de desestabilizar la reconstrucción. Lo más inquietante es que también se aplica a cualquiera que presente un «riesgo significativo de cometer» un futuro acto de violencia con tal fin. La orden, que se aplica a cualquiera en Estados Unidos o en el extranjero bajo el domino de Estados Unidos, declara también que «cualquier conspiración constituida para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden está prohibida». La orden parece reconocer que podría entrar en conflicto con las protecciones constitucionales, pero entonces afirma que los objetivos de sus disposiciones no necesitan ser notificados con antelación de que sus activos sean congelados.
Por qué debería eliminarse: La Quinta Enmienda tiene unas cuantas cosas interesantes que decir sobre la confiscación de la propiedad sin el debido proceso (concretamente, no puede hacerse). Aunque ésta no es, ni con mucho, la primera vez que la Administración de Bush ha pisoteado los derechos constitucionales en nombre de la seguridad nacional, esta orden, interpretada en líneas generales, podría apuntar a los manifestantes contra la guerra en Estados Unidos. El entonces portavoz de la Casa Blanca Tony Snow dijo en aquel momento que su fin era apuntar a terroristas e insurgentes, pero el lenguaje de la orden es más vago. Esta Orden Ejecutiva atrajo condenas de todas las direcciones ideológicas, desde el defensor de los excombatientes de los Swift Boat Jerome Corsi, a la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Uno no necesita ser un defensor de las libertades civiles para ver el peligro de las difusas definiciones de la orden o preguntarse, en primer lugar, para qué necesitamos esa orden. Extra: al mes siguiente, Bush promulgó una orden similar, centrándose en las personas problemáticas del Líbano y sus partidarios. Ésa también puede desaparecer.
Nº 7: Ojos y oídos puestos en las agencias
Lo que dice la orden: Los presidentes recientes han dado muchas vueltas a cuánto control debería ejercer la Casa Blanca sobre la escritura de regulaciones federales, particularmente en áreas conflictivas como la política de medio ambiente. Como no sorprenderá a nadie, Bush se dejó caer del lado de la fuerte influencia de la Casa Blanca. Esta orden obliga a la designación de una persona en cada agencia federal como ‘oficial de política regulatoria’, con autoridad para vigilar el proceso de fabricación de leyes. Esto revisa en gran medida la orden ejecutiva de Bill Clinton de 1993 que concedía a las agencias mayor independencia regulativa respecto a la Casa Blanca (lo que anulaba dos de las órdenes ejecutivas de Reagan). Los defensores argumentan que es importante para la Administración el poder equilibrar la política regulatoria con los aspectos económicos y de negocios.
Por qué debería eliminarse: La Administración de Bush no ha mostrado reparos a la hora de interferir con las regulaciones federales, que normalmente eran asunto de los funcionarios, particularmente en el campo del medio ambiente, como los límites del ozono, según han señalado demócratas como el representante Henry Waxman, el presidente del Comité de Control y Reforma del Gobierno. Revocar la orden sería un paso para limpiar las agencias del hedor de las interferencias políticas. El nuevo presidente no debería mezclar desde el principio del proceso regulativo a las personas designadas políticamente con los funcionarios, requiriendo a un representante para supervisar cada agencia.
Nº 8: Dejar que los grupos religiosos decidan sobre la contratación
Lo que dice la orden: Además del par de órdenes ejecutivas de 2001 que animaban a los grupos religiosos a solicitar dinero federal para servicios sociales, la orden de Bush de diciembre de 2002 facilitaba que iglesias y sinagogas cogieran dinero dejándoles esquivar ciertas leyes antidiscriminación. Gracias a esta orden, los grupos basados en la fe pueden tomar fondos federales aunque rechacen contratar a gente que no profesa la misma fe que el grupo.
Por qué debería desaparecer: Como Timothy Noah señaló en Slate entonces, esto parece suficientemente sensible en un principio: «¿Por qué no se debería permitir a las organizaciones benéficas con fondos del gobierno que favorecieran a miembros de su propia religión a la hora de contratar, despedir y promover?» Pero aquí hay un par de problemas. El primero es que los grupos tienden a definir por ellos mismos quién se considera un buen baptista o un buen judío (¿qué pasa si deciden que alguien se queda fuera porque es gay, por ejemplo?). El segundo problema es que no está verdaderamente claro por qué las organizaciones benéficas católicas deberían poder contratar sólo a católicos para servir comida a los indigentes, si ese trabajo está siendo financiado por el Estado. En un debate en ‘La Hora de las Noticias’ con Jim Lehrer, Christopher Anders, de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), formuló la orden así: «De lo que esto se trata es de crear un Derecho especial para algunas organizaciones que no quieren cumplir con las protección de los derechos civiles». James Towey, el entonces director de la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Basadas en la Fe de la Casa Blanca, dijo «la pregunta es, ‘¿se pierde el derecho a contratar de acuerdo a sus creencias religiosas cuando se coge dinero federal?'» De cualquier forma en que se formule, la orden es una mala idea. Tanto John McCain como Barack Obama prometieron continuar con el financiamiento federal de los programas basados en la fe, pero Obama puntualizó que los grupos sociales que reciban el dinero no podrán contratar servicios sociales en base a la religión.
Nº 9: La panacea del combustible alternativo
Lo que dice la orden: Poco después de su discurso sobre el Estado de la Unión de 2007, en el que dedicó bastante tiempo a propuestas medioambientales, Bush firmó la Orden Ejecutiva 13423. Entre otras cosas, la orden obliga a las agencias federales a reducir en un 2% anual el uso de combustibles derivados del petróleo hasta 2015, mientras que han de incrementar el uso de combustibles alternativos en un 10% cada año. La orden también obliga a las agencias a reducir el consumo general de energía y comprar más vehículos híbridos.
Por qué debería desaparecer: En un primer vistazo, la directiva de Bush parece un paso en la dirección adecuada. Sin embargo, los dirigentes de California cuestionaron rápidamente la base ecológica de esta política. Producir combustibles alternativos, sostenían, puede resultar en un gran pico en las emisiones de gases invernadero, particularmente cuando se recoge petróleo de esquisto bituminoso y carbón. También hay dudas respecto a que la industria de los combustibles alternativos tenga la capacidad de cumplir los requisitos de la orden. Como publicó el Washington Post en un editorial, ‘¿De dónde pueden venir 20.000 galones de combustible alternativo?’ Para complicar las cosas, el Tribunal Supremo promulgó dos meses después que la Agencia de Protección Medioambiental tiene autoridad para regular las emisiones de gases invernadero mediante el Acta de Aire Limpio, instando a Bush a promulgar otra orden ejecutiva que exigiera a varias agencias a definir líneas de acción para reducir las emisiones de los coches y camiones. La política energética responsable y robusta que debería estar en el primer lugar de la lista del próximo presidente (y del Congreso) necesitará metas realistas y una gran visión y entendimiento de los costes y beneficios de los combustibles alternativos.
Actualización del 3 de octubre de 2008
La semana pasada, Slate recopiló las nueve órdenes ejecutivas más odiosas promulgadas por George W. Bush, que la nueva Administración debe rechazar y pidió a los lectores que dieran una décima. De las enviadas, la más popular, con diferencia, ha sido la Directiva Presidencial 51 sobre la Seguridad Nacional, el plan de la administración de Bush para mantener el funcionamiento del Gobierno en caso de una crisis catastrófica. La política no es técnicamente una orden ejecutiva, pero la pasaremos. La directiva presidencial sobre la seguridad nacional es una prima lo suficientemente cercana y muy merecedora de revocación.
Lo que dice la orden: La parte pública de la Directiva Presidencial 51 sobre la Seguridad Nacional concede una amplia autoridad al presidente en caso de emergencia, afirmando explícitamente que «el Presidente dirigirá las actividades del Gobierno Federal para asegurar el Gobierno constitucional». El resto de la orden es más bien burocrático, nombrando a un coordinador de la continuidad nacional y una agencia directiva, como cabezas para desarrollar sus propios planes.
Pero eso no es todo. La Casa Blanca no sólo ha clasificado la mayoría de los anexos de la directiva, sino que ha rechazado mostrarlos a los miembros del Congreso en comités importantes. Como informó el Oregonian, la Casa Blanca puso trabas a los esfuerzos por acceder a las partes clasificadas de la directiva del representante Peter DeFazio, un demócrata de Oregón y miembro del comité de seguridad de la patria
Por qué debería desaparecer: Un plan para emergencias nacionales parcialmente clasificado sólo dispara el sentimiento premonitorio de que la Casa Blanca ha estado reservándose cada vez más poderes con la excusa de la seguridad nacional. Como escribió Ron Rosenbaum en Slate cuando se publicó la directiva, la confidencialidad da lugar a todo tipo de miedos respecto a los planes de sucesión que no sean los que da la Constitución, del estilo de los que Ronald Reagan supuestamente puso en funcionamiento. Por supuesto, las emergencias catastróficas necesitan un liderazgo centralizado y fuerte tras la desgracia. Pero cualquier política responsable para un escenario así debería ser transparente y de corta vida, centrada en la rápida recuperación de los pesos y contrapesos en el Poder Ejecutivo.
(Traducción de SI)