El macropuerto, cuya construcción se anuncia inminente por parte del Gobierno canario, encadena denuncias por vulnerar la normativa comunitaria y española. La construcción del macropuerto industrial de Granadilla de Abona en Tenerife es ya inminente. Al menos, según lo manifiesta el Gobierno de Canarias. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de […]
El macropuerto, cuya construcción se anuncia inminente por parte del Gobierno canario, encadena denuncias por vulnerar la normativa comunitaria y española.
La construcción del macropuerto industrial de Granadilla de Abona en Tenerife es ya inminente. Al menos, según lo manifiesta el Gobierno de Canarias. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, así lo afirmaba días atrás. El presidente de la Autoridad Portuaria de la isla del Teide, Pedro Rodríguez Zaragoza, apostillaba por su parte que el plazo de comienzo de las obras sería de dos semanas. Ambos representantes de la burocracia legal basaban esta decisión en que ya no existía impedimento legal alguno, en una obra autorizada por Bruselas y que dispone de evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, el último capítulo de este tremendo fraude social, político y ecológico, ha tenido que ver con la descatalogación de parte de los Sebadales del Sur de Tenerife, un Lugar de Interés Comunitario (LIC) que se vería afectado por las obras. Según el responsable del Gobierno, se procederá a transplantar los sebadales afectados y los que no se puedan transplantar se descatalogarán del LIC para «no vulnerar la norma». Los Verdes-GV han salido al paso de toda esta hipocresía denunciando que bajo esta decisión estaba el destino de los fondos arenosos de la zona como áridos para otros negocios insulares, como la playa artificial La Nea de Candelaria (estos fondos arenosos alimentan cíclicamente las playas de El Médano, las cuales entrarían en un proceso de desaparición).
Igualmente, Ecologistas en Acción ha interpuesto otra denuncia a la Comisión Europea sobre el tema. El futuro puerto de Granadilla (www.nopuertodegranadilla.org) ha sido el buque insignia de las luchas ecologistas insulares los últimos cuatro años, tras aquel mítico movimiento ‘Toda la isla es Vilaflor’ y la manifestación contra Unelco-Endesa el 23 de noviembre de 2002 que sacó a la calle más de 150.000 personas, logrando echar abajo el proyecto de tendido de alta tensión por los montes de la isla. La Asamblea por Tenerife, (www.asambleaportenerife. org) movimiento político social surgido en la Isla, como oposición a un modelo depredador del medio, ha aglutinado bajo el lema: «Ya está bien», la oposición al citado puerto con diferentes manifestaciones multitudinarias, actos ciudadanos y denuncias de todo tipo, tanto en la administración estatal española como en la UE, por vulnerar este proyecto las normativas comunitarias y la propia legislación española.
Sin embargo, el talón de Aquiles de esta gigantesca obra -que sólo en su primera fase invertirá 104 millones de euros- no era la legislación medioambiental de la UE, sino la política energética canaria. El problema de la energía en Canarias necesitaba un puerto para abastecerse de combustibles fósiles, especialmente gas natural, y, sobre todo, la planta de regasificación que ya tiene el visto bueno de la Administración para comenzar su instalación. El Plan Energético de Canarias (Pecan) y su apuesta por los fósiles y la introducción del gas natural, ha sido la causa principal de la puesta en marcha de este proyecto que junto a la central térmica de Granadilla, levantada a su lado en la década de los ’90 y el polígono industrial adyacente, forman parte de una misma estrategia para hacer rentable el negocio del gas, controlado por Gascan, una empresa creada en los últimos años con participación pública y liderada por Endesa (ver: www.todacanariascontraelgas. org).