El Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón ha dictado sentencia condenatoria, y aunque no es firme hasta transcurridos cinco días, el varapalo a los sindicatos, a la empresa y al Gobierno de Asturias es muy serio. Las pruebas presentadas en el juicio y el desarrollo de los hechos del Expediente de Regulación de […]
El Juzgado de lo Social nº 1 de Gijón ha dictado sentencia condenatoria, y aunque no es firme hasta transcurridos cinco días, el varapalo a los sindicatos, a la empresa y al Gobierno de Asturias es muy serio. Las pruebas presentadas en el juicio y el desarrollo de los hechos del Expediente de Regulación de Empleo, ERE, han puesto al descubierto la trama fraudulenta y cómplice de los condenados, independientemente de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias rebaje o no la sentencia, si es que es recurrida.
También recoge la sentencia la nulidad del acuerdo alcanzado el 5 de diciembre de 2008, afectado también por dicha vulneración, en el que se recogía el cierre definitivo de Naval Gijón fijado para el 31 de mayo de 2009 previo despido de 43 trabajadores y la prejubilación de los 54 restantes.
Los condenados también han sido sancionados a indemnizar a la CSI con 30.050 euros por los daños y perjuicios causados con motivo de la vulneración de su derecho a la libertad sindical.
Tanto el desarrollo del juicio como la propia sentencia, de diez páginas, constituyen un claro ejemplo de cómo se urden unos acuerdos que van no sólo en perjuicio de los trabajadores directamente afectados sino también en deterioro del conjunto del tejido industrial cuando la empresa, el Gobierno de Asturias del PSOE-IU y los dos sindicatos UGT y CCOO maquinan el cierre definitivo del astillero ¿Por qué y con qué otros intereses contrarios a los inmediatos de los trabajadores a los que dicen representar?
A la vista oral del juicio y a pesar de estar expresamente citados, Donaire, representante de UGT, envió disculpas alegando que tenía un congreso, Maximino, representante de CCOO, ni siquiera se disculpó y el representante de los Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión, Pymar, presentó una especie de certificado médico sin membrete, sello y demás mínimos detalles de verosimilitud. Cabe señalar que Pymar es una empresa pública dirigida por la Consejería de Industria de Asturias y por el Ministerio de Industria.
Ya en dos ocasiones anteriores los mismos actores fueron condenados por las mismas causas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Queda pendiente ahora el Recurso Contencioso Administrativo que también presenta la CSI de modo paralelo y cuya sentencia se sumaría a ésta, en caso de ser favorable como podría ser.