Aunque la mayor parte del mundo está avanzando hacia la abolición de la pena de muerte, cientos de ejecuciones continúan siendo aplicadas en todo el mundo. El alerta vino de un informe publicado hoy (24) por Amnistía Internacional. Según el documento, de los 59 países que aplican la pena de muerte, en sólo 25 se […]
Aunque la mayor parte del mundo está avanzando hacia la abolición de la pena de muerte, cientos de ejecuciones continúan siendo aplicadas en todo el mundo. El alerta vino de un informe publicado hoy (24) por Amnistía Internacional. Según el documento, de los 59 países que aplican la pena de muerte, en sólo 25 se registraron ejecuciones en 2008.
El informe, titulado «Condenas a muerte y ejecuciones en 2008», ofrece una perspectiva general de la pena de muerte en el mundo y revela que, entre enero y diciembre de 2008, por lo menos 2.390 personas fueron ejecutadas en 25 países del mundo y por lo menos 8.864 fueron condenadas a muerte en 52 Estados. En 2008, China, Irá, Arabia Saudita, Pakistán y Estados Unidos fueron los cinco Estados con las cifras más elevada de ejecuciones, totalizando el 93% de las ejecuciones del mundo.
«Amnistía Internacional cree que la pena de muerte legitima un acto irreversible de violencia por parte del Estado. Las investigaciones han demostrado que la pena de muerte se aplica a menudo en forma discriminatoria y se utiliza en forma desproporcionada contra las personas sin recursos económicos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas», se dice en el informe.
Según Amnistía, entre los métodos de ejecución utilizados en 2008, se encuentran la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal, el arma de fuego, la lapidación y la electrocución. Una de las noticias positivas del informe es que, el año pasado, hubo nuevamente una reducción del número de países que utilizaban la pena de muerte. Uzbekistán y Argentina abolieron la pena capital para todos los delitos.
Datos regionales evidenciaron 38 ejecuciones realizadas en América: 37 en Estados Unidos y 1 en San Cristóbal y Nieves. Por lo menos 125 personas fueron condenadas a muerte en seis países: Estados Unidos (por lo menos 111), Trinidad y Tobago (10), Bahamas (por lo menos 1), San Cristóbal y Nieves (por lo menos 1), San Vicente y Granadinas (por lo menos 1) y Jamaica (1).
«Los informes siguieron demostrando que el sistema de aplicación de la pena capital de Estados Unidos se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el error. Durante 2008, otros cuatro hombres fueron liberados de los «corredores de la muerte» tras demostrarse su inocencia, con lo que el número de casos de este tipo producidos desde 1975 ascendía ya a más de 120. Los cuatro hombres habían pasado más de un decenio condenados a muerte», se resalta en el informe.
Amnistía recuerda además que en el Caribe se realizaron inquietantes llamamientos a favor del reinicio de las ejecuciones, como respuesta a los crecientes índices de delincuencia. En Jamaica, las dos cámaras del poder legislativo votaron a favor de mantener la pena capital. En Bahamas, el Primer Ministro y otros políticos se comprometieron a realizar ahorcamientos. El gobierno de Antigua y Barbuda propuso leyes para permitir la imposición de la pena de muerte por delitos que implican el uso de armas de fuego, aunque la víctima del delito no muera.
El informe resalta también que el Parlamento de Guyana aprobó una legislación para imponer la pena de muerte por piratería. Los portavoces gubernamentales de Trinidad y Tobago, San Vicente y Granadinas y Santa Lucía se comprometieron a reiniciar los ahorcamientos. «Por segundo año consecutivo, las 12 naciones del Caribe de habla inglesa votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de La ONU sobre una moratoria de las ejecuciones», se declara en el documento.
Traducción: Daniel Barrantes