El recurso presentado el miércoles por la Abogacía del Estado contra la celebración del referéndum sobre la independencia de Catalunya en Arenys de Munt ha obtenido una rápida respuesta de la juez. La letrada de Barcelona ordenó ayer la suspensión cautelar del acuerdo municipal del 2 de junio en el que se fijó el apoyo […]
El recurso presentado el miércoles por la Abogacía del Estado contra la celebración del referéndum sobre la independencia de Catalunya en Arenys de Munt ha obtenido una rápida respuesta de la juez. La letrada de Barcelona ordenó ayer la suspensión cautelar del acuerdo municipal del 2 de junio en el que se fijó el apoyo del Ayuntamiento a la consulta y su colaboración en la realización de la misma.
La proximidad de la fecha del referéndum ha llevado a la juez a suspender el acuerdo sin escuchar a la parte demandada, el Ayuntamiento. El próximo lunes ambas partes expondrán sus visiones en el juzgado. En este sentido, el auto se reserva la posibilidad de levantar la suspensión una vez escuchados los argumentos del consistorio y el Estado.
El auto judicial apunta que el consistorio se ha extralimitado en sus competencias y que ha faltado al principio de «lealtad constitucional» al aceptar y contribuir a una consulta popular que es «competencia exclusiva del Estado». Además, señala que la consulta se iba a celebrar en una sala del Ayuntamiento, y «con el apoyo logístico de la administración municipal para su preparación, organización y celebración».
En otro orden de cosas, y para reforzar sus argumentos, el auto expone el precedente que constituye el rechazo del Parlament de Catalunya a una proposición de ley para la celebración de un referéndum de ámbito catalán sobre la independencia de Catalunya, el pasado mes de junio. La mesa de la cámara catalana lo rechazó por unanimidad porque no se ajustaba al marco competencial de la Generalitat.
Consulta en el aire
Con todo, la resolución judicial no prohibe explícitamente la celebración de la consulta. Ajustándose al contenido del recurso presentado por la Abogacía, el auto se ciñe a la suspensión del acuerdo municipal porque aprecia distintas ilegalidades en el hecho que el Ayuntamiento esté implicado en la celebración del mismo.
Conscientes de ello, los impulsores de la consulta aseguraron ayer que «todo sigue adelante». El alcalde, Carles Móra, defensor de esta iniciativa local dentro y fuera del consistorio, explicó ayer que «se están multiplicando» las ofertas de particulares para acoger la urna en sus casas. Si el conflicto estriba en la participación del Ayuntamiento razonan entonces bien puede realizarse sin su colaboración. «El referéndum se hará, y ahora con más ganas y motivación que antes», anunció.
Discrepancia en el Govern
Por su parte, la Generalitat se pronunció ayer con voces discordantes. El conseller de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs, dijo que considera «un error y una equivocación» el recurso presentado por el Estado. Sin embargo, la consellera de Justicia Montserrat Tura (PSC), se desmarcó del tono de su compañero en el Govern con una dura sentencia: «La libertad no es lo que nos gustaría hacer sino lo que las leyes permiten».
Por otro lado, la resolución judicial evita mencionar el objeto del referéndum la consulta independentista como causa de invalidación del mismo. Los «peligros para la estabilidad social y política» que la Abogacía exponía en su recurso no son, por tanto, relevantes para la juez, que se centra exclusivamente en el marco competencial.