La Plataforma Mujeres ante el Congreso considera que la ley no cubre a todas las mujeres que abortan y presentará enmiendas para la despenalización total del aborto y su normalización en la salud pública. Preocupación es el sentimiento común que late en las organizaciones feministas de todo el Estado ante las posibilidades de que el […]
La Plataforma Mujeres ante el Congreso considera que la ley no cubre a todas las mujeres que abortan y presentará enmiendas para la despenalización total del aborto y su normalización en la salud pública.
Preocupación es el sentimiento común que late en las organizaciones feministas de todo el Estado ante las posibilidades de que el texto definitivo de la nueva Ley del aborto no recoja sus reivindicaciones.
Hacía mucho tiempo que el movimiento feminista no se unía bajo una consigna común. A través de la Plataforma Mujeres ante el Congreso, más de 60 asociaciones reclaman al Gobierno la despenalización total del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública.
De forma paralela, las asociaciones afines al PSOE defienden la actual propuesta del Gobierno. El último paso hacia la nueva norma ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva. Mujeres ante el Congreso va a elaborar un documento de enmiendas que hará llegar a los diputados del Congreso y a la ministra de Igualdad con sus preocupaciones y propuestas. El anteproyecto establece 14 semanas de libre elección y un periodo de tres días de reflexión desde que la mujer solicite la intervención. Maika Cuadrado, integrante de esta Plataforma por la Federación de Mujeres Jóvenes, considera que este plazo convertirá a la Ley en una de las más atrasadas entre los 15 países europeos más desarrollados. «Apostamos por eliminar los plazos porque significan dudar de la capacidad de tomar decisiones de la mujer.
Las que abortan en un periodo avanzado de gestación siempre son casos clínicos, que, de no haberse producido, la mujer hubiera preferido seguir adelante», señala. Por su parte, Isabel Soriano, también miembro de Mujeres ante el Congreso, sostiene que 14 semanas son suficientes para decidir pero coincide con Cuadrado en que es absurdo fijar tres días de reflexión cuando una mujer ha manifestado su deseo de abortar. El anteproyecto contempla interrumpir el embarazo hasta la semana 22, cuando dos expertos hayan dictaminado que existe grave riesgo para la salud de la madre o graves anomalías en el feto. A partir de las 22, sólo se podrá abortar si dos médicos, distintos de los que realicen la intervención, o un comité clínico, dictaminen una enfermedad grave o incurable para el feto, pero no se menciona a la embarazada en este supuesto. Soriano critica que no se concrete «cómo va a ser ese comité técnico» y, sobre todo, que las mujeres que necesiten abortar a partir de este plazo «estarán desprotegidas» y podrán ser perseguidas por la justicia. La asociación catalana Ca La Dona recibe «bastantes de estos casos», según señala una de sus integrantes, Belén Cañizar. Por eso temen que si se aprueba este punto, muchas mujeres en esta situación tendrán que viajar a otros países para interrumpir su embarazo. Las feministas coinciden en que se trata de un paso atrás, pues uno de los supuestos de la ley actual permite abortar, sin límite de tiempo, en caso de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre.
Debate hipócrita
El Gobierno responde a la reivindicación feminista de modificar el Código Penal, en el que se penalizaba el aborto, pero que sigue contemplando supuestos en los que se considera que abortar es delito para las mujeres, aunque se suavizan las penas para ellas y se endurecen los castigos a los profesionales médicos.
Otro de los aspectos polémicos es la obligatoriedad de comunicarlo a los padres para las menores de 16 años, un debate «hipócrita», según Belén Cañizar, pues «se obliga a pedir permiso para interrumpir el embarazo a los 16, y sin embargo, se asume que a esa edad puedas ser madre», explica la representante de Ca La Dona. Sobre este asunto, la Federación de Mujeres Jóvenes opina igual: «¿Podemos tener hijas e hijos pero no interrumpir una gestación?», se pregunta Mayka Cuadrado. Asi- mismo, recuerdan que la edad media de inicio de las relaciones sexuales es de 16 años, según datos del Ministerio de Sanidad de 2008, y casi un 20% de los abortos tras las 14 semanas lo realizan menores de 20 años, si bien el colectivo que más aborta tiene entre 20 y 25 años.
Por su parte, la clínica ginecológica Dator hizo un estudio con 321 chicas menores de 21 años. De las jóvenes mayores de edad que abortaban, un 59% no informaba a sus progenitores y sólo un 12% venía acompañado de sus padres. Es decir, ya sea «por desconocimiento o por miedo», las adolescentes alargan más la decisión de abortar y podrían quedarse fuera del plazo legal de las 14 semanas. Maika Cuadrado recuerda que en 2008 se denunció al Instituto madrileño del Menor y la Familia por impedir que menores bajo su tutela, que deseaban abortar, pudieran hacerlo. Confirma que la Comunidad de Madrid está subvencionando asociaciones antielección y lamenta la situación de indefensión de hijas que han sido víctimas de incesto o cuyos padres son maltratadores. «Detrás del argumento moralista sobre las menores de edad hay un deseo de tutorizar la voluntad de la mujer», agrega. Por otro lado, las feministas demandan que se regule la objeción de conciencia dentro de la red sanitaria pública para evitar que ningún médico se niegue a efectuar abortos acogiéndose a este derecho.
Acoso a las mujeres y a las clínicas
La Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) considera el plazo de 14 semanas un «límite conservador» que distancia la ley de las más progresistas, como la holandesa, que lo fija en torno a las 24 semanas, señala la vicepresidenta, Francisca García. Tampoco están de acuerdo con establecer un periodo de reflexión y recomiendan abordar la objeción de conciencia para asegurar «el acceso real» a la prestación. Asimismo, aceptan reforzar las medidas de protección de la confidencialidad de los datos de las pacientes, pero piensan que con la nueva normativa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «podrían volver a pedir las historias clínicas», como advierte su vicepresidenta. Respecto al acoso de los grupos antielección, ACAI no cree que esté vinculado a la actual reforma de la ley, aunque «en épocas de crisis se encuentran con fuerza para luchar». A su juicio, la presión que sufren los profesionales y las mujeres que acuden a los centros «tiene que ver con la gente que quiere resolver los conflictos por la fuerza y no por la vía democrática».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Las-feministas-ven-retrocesos-en.html
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