Postergó hasta el próximo mes de septiembre pronunciarse sobre la recomendación que le hiciera México de esclarecer las desapariciones forzadas del régimen franquista
España postergó hasta el próximo mes de septiembre pronunciarse sobre la recomendación que le hiciera México hace dos días de esclarecer las desapariciones forzadas del régimen franquista, en un documento difundido este viernes en Ginebra.
«De conformidad con sus obligaciones internacionales (España debe) investigar, sancionar y reparar delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito», le había recomendado México a España, con apoyo de exhortaciones menos contundentes de Argentina, Perú, Colombia y Cuba.
Dichas intervenciones se produjeron en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de España, un mecanismo existente en la ONU para vigilar el respeto de la totalidad de los Derechos Humanos, al que sus Estados miembros deben someterse una vez cada cuatro año.
El EPU de España comenzó el pasado miércoles en Ginebra, con una deliberación abierta a la participación de todos los integrantes de la ONU, sobre la cual se publicó este viernes un informe, redactado bajo control de una ‘troika’ de países designados por consenso: Chile, India y Sudáfrica.
Ese informe es elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación, lo que en este caso va a ocurrir en septiembre próximo, lapso de tiempo que el país examinado puede aprovechar para estudiar recomendaciones, y dar antes de esa fecha una respuesta definitiva, lo que acaba de decidir España sobre el tema de las desapariciones de la dictadura franquista (1939-1975).
Sin embargo, España rechazó este viernes otras recomendaciones, particularmente la de cambiar su posición de no aceptar la supervisión de la ONU en materia de respeto de los Derechos Humanos en la lucha antiterrorista, como se lo solicitara también México.
Al propio tiempo España rechazó la petición de Costa Rica de «revisar el régimen de incomunicación y garantizar que las personas privadas de libertad tengan en todo momento acceso a sus derechos fundamentales».
Entre otras, España rechazó la petición de Bolivia de establecer «un mecanismo que garantice la correcta identificación de víctimas de trata y tráfico de personas y les proporcione el adecuado apoyo integral, especialmente en el caso de menores de edad».