El Departamento de Justicia argumentó, ante una corte de Phoenix, que la Constitución está por encima de cualquier norma estatal y hacer valer leyes migratorias es responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
La administración del presidente Barack Obama presentó hoy ante una corte federal en Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la polémica legislación SB 1070 de Arizona, cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de julio próximo.
En el recurso, turnado al juez Neil Wake, el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocó la doctrina de «autoridad inherente», basada en la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley estatal y hacer valer las leyes de migración constituye una responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
La legislación federal tiene «derecho preferente» sobre la polémica ley SB 1070 y, por tanto, ésta «viola la cláusula de supremacía de la Constitución» del país, dice el documento.
«Aunque los estados pueden ejercer su poder de una manera que tenga un efecto incidental o indirecto en inmigrantes, un estado no puede establecer su propia política migratoria o aplicar leyes estatales de una manera que interfiera con las leyes migratorias federales», señala.
La ley de Arizona podría «interferir con la vital política exterior y los intereses de seguridad nacional al interrumpir la relación de Estados Unidos con México y otros países», abunda la demanda de 25 páginas.
Para The Washington Post, interponer este recurso «escalará dramáticamente» la batalla política y legal sobre la ley, que da a las policías locales autoridad para verificar el estado migratorio de personas detenidas en el curso de cualquier infracción.
Al menos otras cinco demandas han sido presentadas en cortes federales por varios grupos civiles que buscan una orden que impida la aplicación de la controvertida legislación.
La polémica ley exige a policías estatales y locales investigar el estado migratorio de cualquier persona que sospechen está ilegalmente en el país, lo que ha llevado a los críticos a decir que la medida es inconstitucional.
La ley de Arizona, un estado controlado por republicanos, fue aprobada en un intento por frenar el afluente de miles de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde México cada mes y combatir el narcotráfico y otros delitos en la zona.
Más allá de la Ley de Arizona
La demanda, presentada mientras el Congreso se encuentra en un receso de una semana, es parte de un enfoque mayor de Obama para lidiar con los 10.8 millones de inmigrantes ilegales que se cree se encuentran en el país, que indica que la inmigración es responsabilidad del gobierno federal y no de cada estado.
La acción legal es una apuesta política del gobierno, mientras una encuesta de Pew Research Center mostró que el 59 por ciento de las personas aprueban la ley de Arizona.
La disputa legal también se produce en un momento crucial, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias de medio mandato en la que la comunidad hispana es un gran bloque electoral que suele votar por los demócratas, y a quienes los republicanos han intentado cortejar.
Republicanos condenaron la demanda, diciendo que la ley aún no entraba en efecto y que por lo tanto cualquier impugnación era prematura.
«El Gobierno de Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a la gente de Arizona de la violencia y el delito que la inmigración ilegal trae a nuestro estado», dijeron en un comunicado los dos senadores republicanos de Arizona, John McCain y Jon Kyl.
Cuestionamientos
Funcionarios de gobierno y críticos han condenado la ley, cuestionando su constitucionalidad e indicando que llevaría a la discriminación étnica, junto a una mayor división con los hispanos, una población que crece aceleradamente en el país.
Obama ha advertido que la ley de Arizona podría llevar a un conjunto de leyes diversas aprobadas por los numerosos estados del país, y dijo que el asunto debería ser resuelto a nivel federal por el Congreso.
La semana pasada dio su mayor discurso sobre la reforma inmigratoria desde que asumió el cargo, llamando a ambos lados políticos a unirse para aprobar una medida extensa, pero que se ha visto opacada en gran parte por la crisis económica y el derrame de petróleo en el Golfo de México.
«La reforma que le otorga responsabilidad a nuestro sistema de inmigración no puede ser aprobada sin los votos republicanos. Esa es la realidad política y matemática», declaró Obama en esa ocasión.
Obama apoya la idea de permitir que los inmigrantes indocumentados de buen comportamiento paguen una multa, aprendan el idioma y se conviertan en ciudadanos. También apoya un fortalecimiento de la seguridad fronteriza y persecución de los empleadores que contratan a trabajadores ilegales.
Sin embargo, opositores republicanos dicen que la seguridad fronteriza debe ser mejorada significativamente antes de lidiar con los millones de inmigrantes ilegales, en su mayoría hispanos.
México y varios grupos de libertades civiles se opusieron a la medida de Arizona, y aún quedan varias impugnaciones legales en la corte federal del estado.
Obama prometió gastar unos 600 millones de dólares extra y enviar hasta mil 200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México para aumentar la seguridad, aunque los pasos iniciales fueron vistos como muy pequeños para enfrentar el problema.