De las deudas de los Ayuntamientos a sus trabajadores, el tribunal, de momento, no sabe, no contesta…
Y esa intranquilidad deviene no tanto porque la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal obligue al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a pagarle en un mes a la empresa Aroa los 600.000 que le adeuda desde hace más de once años por la ejecución de varias obras -entre ellas la construcción de la nueva casa Consistorial- sino porque hace una advertencia clara a su alcalde y al secretario de la Corporación: si no pagan en un mes tendrán que responder con su patrimonio.
El auto, con fecha 20 de julio, responde a un recurso presentado por Aroa para que se aplicase la sentencia de septiembre de 2009 que condenaba al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a abonar los citados 600.000 euros. La sala estima que «visto el tiempo transcurrido ya no caben alegaciones dilatorias, sobre todo, cuando consta (…) la aprobada operación de préstamo a largo plazo y la aprobación de presupuestos que, sin embargo, no incluyen el cumplimiento de la sentencia firme dictada en el actual recurso contencioso administrativo». Se alude así al hecho de que la citada Corporación municipal, con informe del secretario incluido, plantease la petición de un préstamo por valor de 600.000 euros para comprar el mobiliario de un edificio municipal y sin embargo no recogiese en las cuentas municipales el abono de la deuda, por la misma cantidad, a Aroa a la que le había condenado el tribunal.
Así las cosas, el TSJA requiere al alcalde para que en el plazo de un mes -el fijado por la nueva Ley de Morosidad- abone la deuda a Aroa, destacando que la responsabilidad de la notificación de esta decisión, el mismo día que la reciba, recae drectamente en el secretario de dicho ayuntamiento. Si ambos no cumplen con sus respectivas obligaciones -el uno no cumple con la notificación y el otro no satisface la deuda-, advierte el TSJA, se le impondrán multas coercitivas. Y aquí está la clave y lo novedoso: «estas multas recaerán, respectivamente, en el patrimonio personal del señor alcalde y del señor secretario judicial», aclarando que «las multas coercitivas se impondrán con periodicidad semanal hasta la completa ejecución», es decir, hasta que se termine de pagar los 600.000 euros. Además si no pagan, se les embargarán las cuentas.
Aunque en principio la deuda del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán con Aroa debería ser satisfecha antes del día 24, la Corporación ha interpuesto un recurso de súplica que, dado que agosto es inhábil en los tribunales, no se resolverá hasta septiembre.
Para Antonio Díaz, gerente de Aroa, esta iniciativa sólo es otra muestra más del deseo de dilatar el pago. Recuerda Díaz que su empresa cobraba por las obras realizadas en Castilleja de Guzmán -varios edificios públicos entre los que se encuentraba la propia Casa Consistorial- sin problemas cuando el municipio era gobernado por un grupo independiente. Sin embargo hace 11 años el nuevo Gobierno, del PSOE, del que el actual alcalde, Carmelo Ceba, fue teniente de alcalde, decidió no hacer frente a deudas anteriores y ha estado, señala el gerente de Aroa, «todo este tiempo dilatando el pago». Una vez que llevó el tema a los tribunales, con petición de informes periciales incluso a la Diputación que le dieron la razón a la empresa, llegaron a plantear retrasar el pago en diez años, es decir que le abonarían la obra 21 años después de ejecutarla, pero Díaz lo rechazó porque, señala, «mientras tanto -destaca- ¿cómo pago el sueldo a los trabajadores y a los proveedores?».
Aroa no sólo libra una batalla por cobrar las obras que ejecutó en Castilleja de Guzmán. Junto a este ayuntamiento tiene reclamado unos 7 millones de euros por obras realizadas en los municipios de Burguillos, Santiponce, El Real de la Jara, Albaida del Aljarafe y Cazalla de la Sierra. Para reclamar esa deuda su gerente, Antonio Díaz, estuvo 46 días en huelga de hambre, que no sirvieron más que para llamar la atención sobre su caso y para sacar a la luz como la morosidad de los municipios puede hacer que una empresa que estos días cumple 25 años de vida haya pasado de tener a casi 400 trabajadores a quedarse en la mitad, «y mira que he dicho que simplemente con que cobrara las deudas de los organismos públicos no despedía a nadie».
De momento, el caso de Castilleja de Guzmán apunta a una resolución, los otros van a otro ritmo, aunque Díaz apunta a que emprenderá actuaciones contra el consejo de administración de una empresa municipal del Real de la Jara y recuerda que el caso de Santiponce es, si cabe, más grave que el de Castilleja. Construyó un Centro de Servicios Sociales que ya disfrutan sus vecinos; hasta que gobernó IU le pagaron sin problemas, pero, de nuevo, cuando llegó el PSOE se negó a pagarle a pesar de que había un reconocimiento de deuda cercano a los 400.000. La pregunta que se hace Díaz es si no le han pagado a él ¿dónde está el dinero?
Municipios en el ojo del huracán
Son seis los municipios a los que Aroa ha reclamado dinero ante los tribunales: Castilleja de Guzmán, Burguillos, Santiponce, El Real de la Jara, Albaida del Aljarafe y Cazalla de la Sierra. Entre todos le deben en torno a siete millones de euros. Ninguno les paga y con ello la empresa no puede pagar a sus trabajadores, muchos de los cuales están abocados al paro si la situación no se arregla. El caso de Aroa no es el único, hay muchas empresas que no cobran obras y servicios prestados a los ayuntamientos pero callan.