En las primeras décadas del siglo XX, el movimiento sindical español vivió una época de auténtico exterminio, especialmente el anarcosindicalismo, representado por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Desde 1910, año de la fundación de la CNT, los anarquistas españoles vivieron acosados tanto por el poder establecido (jueces, políticos y prensa oficial) como por la […]
En las primeras décadas del siglo XX, el movimiento sindical español vivió una época de auténtico exterminio, especialmente el anarcosindicalismo, representado por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Desde 1910, año de la fundación de la CNT, los anarquistas españoles vivieron acosados tanto por el poder establecido (jueces, políticos y prensa oficial) como por la patronal. Miles de sindicalistas fueron condenados, la mayoría injustamente; y cientos de ellos murieron en atentados terroristas a manos de pistoleros contratados por la patronal, sobre todo en Cataluña y Aragón, pero también en Andalucía, Asturias, Extremadura y otras regiones del territorio español.
Hoy, un siglo después, estamos asistiendo en Andalucía a un proceso de represión feroz contra los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. En muchos aspectos, la represión contra este sindicato nos recuerda, salvando las distancias, a la sufrida por la CNT en el siglo XX. Desde los últimos coletazos de la dictadura franquista, no se había visto en nuestro país un ataque tan virulento contra los obreros. Día sí, día también, Diego Cañamero, Secretario General del SAT, y otros afiliados del sindicato se ven obligados a visitar los juzgados en calidad de imputados, simplemente por haber ejercido su derecho constitucional a manifestarse. A día de hoy, cuatrocientos militantes del sindicato andaluz se encuentran procesados. Algo, a todas luces, disparatado. De la misma manera, la cifra económica en multas asciende a la friolera de cuatrocientos mil euros.
Está claro que estos hechos no son algo coyuntural, sino que más bien, parecen responder a una campaña bien orquestada desde los poderes del estado español. En mi opinión, esta campaña tiene tres frentes bien delimitados:
a) El judicial y policial: la judicatura andaluza se ha posicionado abiertamente contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Para ello, imponen penas exageradas por hechos que, nadie en su sano juicio, se atrevería a calificar como delitos. A pesar de que los militantes del SAT suelen llevar a cabo acciones espectaculares, tipo ocupación de fincas, de bancos, de sedes del gobierno andaluz, abucheos a cargos políticos, etc., jamás han usado la violencia contra nada ni nadie, aunque eso sí, ellos están más que acostumbrados a ser objeto de la violencia policial con bastante frecuencia.
b) El político: es de dominio público que tanto el PSOE como el Gobierno de la Junta de Andalucía aborrecen a Cañamero, a Gordillo y a otros destacados militantes del SAT. Todos recordamos, por ejemplo, como el SAT (en aquellos días, bajo sus anteriores siglas, SOC) amargó a Manuel Chaves la entrega de la medalla de Andalucía a la Duquesa de Alba (¡¡¡qué injusticia entregarle una medalla a esta explotadora!!!) o más recientemente, como Griñán tuvo que salir de El Coronil por la puesta de atrás, entre abucheos y pitidos (el Presidente de la Junta había asistido al pueblo sevillano a uno de esos actos de propaganda que tanto le gustan a él y a los miembros de su gobierno). Son muchos años de lucha y esto el PSOE no lo perdona. Al mismo tiempo, los dos sindicatos del régimen, es decir CC. OO y UGT, se sienten bastante cómodos con esta situación de acoso y derribo hacia el SAT, pues a todas luces, el SAT, poco a poco, les va comiendo terreno en Andalucía y, al mismo tiempo, Diego Cañamero y compañía aprovechan cualquier foro para echarles en cara su política sindical de pactismo y concertación, a espaldas de la clase obrera.
c) El periodístico: Falsimedia, es decir, la prensa oficial -léase El País, El Mundo, ABC, La Razón, Canal Sur, etc., etc.- ha atacado con la mayor dureza posible tanto a Cañamero como al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Para ello, no han dudado en mentir, difamar, calumniar e intentar ridiculizar las figuras de dos personas cuya valía, honestidad, compromiso, solidaridad y coherencia ha quedado más que demostrada a lo largo de todos estos años. Sin ir más lejos, el diario El País, el fin de semana pasado, auguraba el final de la hegemonía del SAT en Sevilla, con el estúpido argumento de que el alcalde de Martín de la Jara (Sevilla), miembro del SAT, tenía una disputa de carácter laboral con un trabajador del ayuntamiento. Cualquier cosa sirve con tal echar basura sobre el sindicato andaluz.
Como medida de protesta, el SAT ha decidido que no va a asistir a más juicios contra ellos. La razón es obvia, para qué molestarse en asistir a una pantomima, si ya están juzgados y condenados de antemano. Numerosas organizaciones políticas y sindicales, tales como PCPA-PCPE, USTEA, STEs-Confederación Intersindical, CUT-BAI, Intersindical Valenciana, CSI- Asturias, LAB o NA, han mostrado su solidaridad y apoyo con la dirección y a afiliación del SAT. Ojalá que estos ataques desmesurados y llenos de sinrazón no dañen la línea de flotación del SAT. Por el bien del sindicalismo de clase en Andalucía. Por el bien de la clase obrera andaluza.
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