La familia de José Couso, el cámara español que murió en 2003 durante la guerra de Irak, anunció el viernes que la semana que viene va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue todos los hechos revelados en unos despachos diplomáticos estadounidenses filtrados que salpicarían al Gobierno y […]
La familia de José Couso, el cámara español que murió en 2003 durante la guerra de Irak, anunció el viernes que la semana que viene va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue todos los hechos revelados en unos despachos diplomáticos estadounidenses filtrados que salpicarían al Gobierno y al propio fiscal general.
El diario El País, citando los documentos del Departamento de Estado de EEUU filtrados por WikiLeaks, publicó el martes unos contactos de varios fiscales y miembros del Gobierno con la embajada de EEUU, que trataba de boicotear algunas causas abiertas relacionadas con el país norteamericano, entre ellas la de Couso.
«Hemos acordado presentar en los próximos días una denuncia por estos hechos al organismo que constitucionalmente le corresponde la investigación: a la Fiscalía General del Estado, poniendo en su conocimiento los hechos ocurridos y esperaremos a comprobar el tipo de diligencias que abre», declaró el viernes en rueda de prensa en Madrid Enrique Santiago, abogado de la familia.
«A la vista del resultado de esa investigación, tomaremos las siguientes iniciativas. Esperamos que (…) sea la propia FGE la que inicie las propias acciones, ya sean administrativas, disciplinarias o, en su caso, penales», agregó.
Una vez presentada la demanda, la Fiscalía tiene dos opciones: poner los hechos en manos del juzgado competente o archivar la denuncia entendiendo que no ha habido actuación ilícita, explicó el letrado.
SIN INTERFERENCIAS
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió el viernes la actuación del Ejecutivo en este caso y anunció que pedirá al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se reúna con los familiares del periodista para informarles de todos los pasos del proceso hasta la fecha.
«El Gobierno español jamás ha interferido o presionado a ningún tribunal de justicia, ni a jueces ni a fiscales. Ni en el ‘caso Couso’ ni en ningún otro caso de los que se han hablado estos días», declaró Rubalcaba tras la reunión del Consejo de Ministros.
«En el ‘caso Couso’ la actuación del Gobierno ha sido siempre la búsqueda de la verdad.(…) Lo que hemos hecho es apoyar a la Justicia española siempre que lo ha necesitado, pedir a la administración norteamericana que iniciara investigaciones exhaustivas sobre este tema y estar siempre al lado de la familia», agregó Rubalcaba.
La Fiscalía General del Estado reconoció esta semana que existen contactos con la diplomacia estadounidense pero los enmarcó dentro de la normalidad de una relación «estrecha y fructífera» similar a la que mantiene con otros países.
Además, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que sólo transmitió la postura oficial de la Fiscalía en cada momento y que no admite injerencias externas.
«No deja de sorprender que personas con profundos conocimientos del derecho esgriman como argumento que su obligación es informar a las partes. La embajada de EEUU no es parte en este procedimiento», declaró Santiago.
Los abogados no quisieron concretar qué indicios de delitos observan en los cables filtrados, aunque Javier Couso, hermano del cámara fallecido y portavoz de la familia, dijo el jueves en una entrevista con Reuters que podría tratarse de revelación de secretos y posiblemente encubrimiento, dos delitos que conllevan penas de cárcel, además de vulneraciones en la ley de procesamiento judicial.
El caso de José Couso ha sido archivado en dos ocasiones en la Audiencia Nacional, pero fue reabierto el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo basándose en la gravedad de los hechos imputados y en que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado con la Justicia española cuando se les planteó la posibilidad de que una comisión judicial se desplazara a EEUU para interrogar a los militares.
Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto viajar a Bagdad en comisión rogatoria para visitar el lugar donde se produjeron los hechos el 8 de abril de 2003, durante la entrada de las tropas estadounidenses en Bagdad, que puso fin a la guerra que derrocó a Sadam Husein.
No obstante, el proceso se encuentra ante un importante obstáculo: la Interpol no va a incluir la orden de búsqueda y captura contra los tres militares norteamericanos presuntamente implicados -el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp- alegando un cambio en sus estatutos que le impide proceder contra militares.
Fuente: http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE6B20CF20101203?sp=true