Traducción: Gustavo Recalde
Mientras el fiscal del Tribunal Especial para el Líbano remitía al juez, el 17 de enero pasado, el acta de acusación sobre el asesinato de Rafic Hariri, la oposición derrocaba al gobierno de Saad Hariri e imponía un nuevo primer ministro. Estallaron enfrentamientos, y la situación, seguida de cerca por Israel y Siria, continúa siendo tensa.
Ese día de enero, todos los libaneses, clavados frente a las pantallas de sus televisores, seguían las escenas dignas de una película de espionaje que difundía el canal Al-Jadid. No se veían imágenes en movimiento: sólo las siluetas de los protagonistas de una reunión secreta y sus voces lejanas, inaudibles. La grabación se había realizado clandestinamente; los subtítulos se agregaron para que los telespectadores comprendieran cada palabra pronunciada. Saad Hariri conversaba con Mohammed Al-Saddik, un ex oficial de los servicios de inteligencia sirios.
El hombre desempeñó un papel clave durante los primeros meses de la investigación internacional que siguió al asesinato, el 14 de febrero de 2005, del ex Primer Ministro Rafic Hariri, padre de Saad; asesinato en el que todas las sospechas recayeron inmediatamente sobre Damasco. Al-Saddik contaba entonces en detalle las reuniones clandestinas de altos dirigentes sirios que planeaban el atentado, daba nombres, describía lugares, precisaba información. Sobre la base de su testimonio, cuatro oficiales superiores libaneses fueron detenidos y encarcelados desde abril de 2005 hasta agosto de 2009 (1).
A los investigadores les llevó varios meses reconocer, a su pesar, ya que el hombre compartía sus ideas, que Al-Saadik fantaseaba. Refugiado un tiempo en Francia, reclamado por Siria, encarcelado en Emiratos Árabes Unidos, se ocultaría en algún lugar de Europa. Quedan preguntas inquietantes: ¿por cuenta de quién actuó? ¿fue manipulado? ¿es simplemente un megalómano? ¿qué sucedió con todos aquellos que atestiguaron en el mismo sentido que él y que ahora son calificados de «testigos falsos»?
El programa de televisión no responde a estos interrogantes. Sin embargo, confirma que el oficial, no sólo conocía a Saad Hariri -algo que éste último siempre había negado-, sino que estaba en contacto permanente con él e incluso lo llamaba a su teléfono celular. Para mayor confusión, el canal Al-Jadid difundió las grabaciones de los testimonios, en principio confidenciales, de Hariri y de varios responsables libaneses ante la comisión de investigación de Naciones Unidas.
Medir con distinta vara
Omar Nashabe, cronista judicial del diario Al-Akhbar (2), explica: «En mayo de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Especial para el Líbano (TEL) (3), que comenzó a funcionar en La Haya el 1º de marzo de 2009. Es excepcional en más de un aspecto: nunca se había implementado una instancia de justicia internacional para juzgar un crimen político (y otros veinte relacionados con éste). Los demás tribunales de este tipo deben juzgar crímenes de lesa humanidad, incluso genocidios. Éste ni siquiera tiene facultades para ocuparse de los crímenes que devastaron el Líbano a lo largo de las últimas décadas, y que nunca fueron sometidos a juicio. Además, el TEL cambia sus propias reglas cuando le conviene: así, en noviembre de 2010, introdujo la posibilidad, excluida en todos los demás tribunales internacionales, de juzgar a acusados en rebeldía».
Para Nashabe, no debe olvidarse el origen de este tribunal ni el contexto en el cual comenzó la investigación sobre el asesinato de Hariri en 2005-2006. El entonces presidente estadounidense George W. Bush había decidido tras la invasión a Irak en 2003, crear un «nuevo Medio Oriente» y acabar con los regímenes enemigos, especialmente Siria. Encontró un aliado en Jacques Chirac, amigo personal de Rafic Hariri y deseoso de vengar su muerte. Esta determinación orientó la investigación, desde el comienzo, hacia un único culpable posible: Damasco. Unos años más tarde, mientras Bush y Chirac abandonaban la escena, el contexto cambió, pero el tribunal permanece. Y no ganó credibilidad.
Con más de trescientos empleados, absorbe recursos considerables: más de cincuenta millones de dólares durante el primer año, la mitad de dicha suma pagada por el Líbano. Padece luchas internas -especialmente entre el fiscal Daniel Bellemare y el juez Daniel Fransen-, renuncias en serie, filtraciones. Y, tal como lo señala un ex funcionario, «apenas el 10% de su personal es libanés o árabe. La mayoría de sus empleados no saben nada de la situación en la región y el país: ¿cómo podrían dirigir una investigación?». Cabe entonces preguntarse: cuando Bellemare presentaba su acta de acusación mientras el gobierno renunciaba, ¿daba muestras de irresponsabilidad o de ignorancia?
Incluso el Dr. Mohammed Matar, reconocido abogado que dirige el grupo de defensores de Hariri ante el TEL, lo admite: «Todas las decisiones de Naciones Unidas en nuestra región están bajo sospecha, debido al ‘medir con distinta vara’ de Occidente. ¿Por qué un tribunal internacional juzgaría a los asesinos de Hariri y no a quienes mataron a mil trescientos civiles durante la guerra israelí de 2006? ¿Por qué decenas de resoluciones de Naciones Unidas sobre Palestina nunca se implementaron?».
Sin embargo, sigue convencido de que es tiempo de acabar con la impunidad: «Si este proceso se inicia, permitirá poner muchas cosas sobre la mesa. En nuestro país, nunca hubo una reconciliación después de la guerra civil, como sucedió por ejemplo en Sudáfrica. El TEL dará a todos una lección, no sólo al Hezbollah. Todos fuimos partes interesadas de estos crímenes».
Pero las facultades del tribunal siguen siendo limitadas. Por su parte, Nashabe recuerda un episodio significativo: «En el Líbano, quienes afirmaron su voluntad de acabar con la impunidad hicieron aprobar en julio de 2005, es decir, después del asesinato de Hariri, una ley de amnistía para Samir Geagea, reconocido culpable del asesinato de un Primer Ministro en ejercicio, Rachid Karamé, en 1987. ¿No es un enfoque selectivo de la justicia?».
Un país dividido en dos
Estos debates no son nuevos y no impidieron a «mayoría» y «oposición» convivir en el seno de un gobierno de unión nacional entre mayo de 2009 y enero de 2011. Todos saben aquí que el país está dividido en dos y que es difícil gobernar contra la mitad de la población, sobre todo cuando las divisiones son mucho más religiosas que políticas. Ambos bandos se vigilan desde 2005, en una suerte de guerra civil silenciosa que, hasta ahora sigue siendo larvada.
En el primero, se encuentra el ex Primer Ministro Saad Hariri y la mayoría de la comunidad sunnita, así como Amine Gemayel y Samir Geagea, que representan a casi la mitad de los cristianos. Aliado de ellos hasta estos últimos meses, Walid Jumblatt, el líder de los drusos y jefe del Partido Socialista Progresista; los once diputados de su grupo permitieron a Hariri contar con una mayoría de 66 diputados (sobre 128), a la que se sumaron algunos independientes.
El segundo bando agrupa al Hezbollah y Amal (el movimiento político que dirige Nabih Berri, presidente del Parlamento) que movilizan al conjunto, o casi, de chiitas, así como al general Michel Aoun, apoyado por la otra mitad de los cristianos; una alianza que confirma, una vez más, la poca pertinencia de los análisis que ven en la oposición libanesa a un simple peón de Teherán.
Este ensamblaje entre mayoría y oposición, tanto más defectuoso cuanto que divide en parte el enfrentamiento regional entre Estados Unidos e Israel, por un lado, Siria e Irán por el otro, no resistió a los rumores sobre la acusación por parte del TEL de miembros del Hezbollah.
El 31 de marzo de 2010, el secretario general de la organización chiita, Hassan Nasrallah, reveló que miembros de su partido fueron escuchados por el fiscal del TEL en carácter de testigos. El 16 de julio pasado, anunció que Hariri le informó sobre la inminente acusación de cuadros de su partido. El Hezbollah ve allí un intento de desestabilización impulsado por Washington y Tel Aviv, que apunta al mismo objetivo que la guerra israelí del verano boreal de 2006: eliminarlo. Reclama pues al gobierno tanto la acusación de los «testigos falsos», con el fin poner en claro las manipulaciones de la investigación, como la ruptura de las relaciones con el TEL. En un discurso televisado, Nasrallah denunció el papel de decenas de espías israelíes detenidos desde hace un año, que infiltraron especialmente a los operadores de telefonía celular (4). Así, acusa directamente a Tel Aviv y reprocha al fiscal Bellemare -los documentos de WikiLeaks confirmaron que trabajaba en contacto con Estados Unidos- descartar a priori la pista israelí.
Estas tensiones entre la mayoría y la oposición generaron un intento de mediación sirio-saudita. El 30 de julio de 2010, el rey de Arabia Saudita y el presidente sirio llegaron a Beirut a bordo del mismo avión; un gesto espectacular. El 6 de septiembre pasado, Hariri declaró al diario Al-Chark Al-Awsat que se equivocó al acusar a Siria del asesinato de su padre, y que dichas acusaciones eran «políticas».
Cuatro hombres llevaron a cabo extensas negociaciones confidenciales: el rey Abdallah II (con la ayuda de su hijo Abdelaziz), el presidente sirio Bachar Al-Assad, Nasrallah y Hariri. En diciembre pasado, un acuerdo parecía esbozarse. El gobierno libanés denunciaría su cooperación con el TEL -lo que no le impediría seguir funcionando, ya que fue creado por Naciones Unidas-. A cambio, la oposición aceptaría dejar el campo libre a Hariri en su gestión muy cuestionada (despilfarro y corrupción) del país y no accionar judicialmente en el caso de los «testigos falsos». Un acuerdo que en Beirut se resume en estos términos: «el tribunal contra el gobierno».
A cualquier precio…
Sin embargo, a último momento, Hariri, ya dubitativo, se desdeciría. Porque, si bien París acepta el compromiso, Washington lo rechaza. El hombre clave de esta decisión es Jeffrey Feltman, secretario de Estado Adjunto para Medio Oriente y embajador en Beirut entre 2004 y 2008. Atestiguando ante una comisión del Senado estadounidense el 8 de junio de 2010, reconocía que su país había pagado 500 millones de dólares a todos aquellos que combatían al Hezbollah en el Líbano. Declaraba: «Desplegamos importantes esfuerzos diplomáticos, a través de la lucha antiterrorista y con ayuda material, para reducir la influencia y la amenaza del Hezbollah en la región y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad a través de Medio Oriente» (5). Para Feltman, el combate iniciado por la administración Bush en el Líbano en 2005 debe continuar a cualquier precio. Parece no haber entendido que la situación cambió; a pesar de la visita de la embajadora estadounidense Maura Connelly a los diputados indecisos durante el mes de enero pasado para obtener la continuidad de Hariri -la injerencia en los asuntos internos libaneses no es exclusiva de Siria-, este último fue destituido, y ello, en el estricto respeto de la Constitución.
Con el apoyo de Jumblatt y algunos diputados independientes a mediados de enero pasado, la oposición obtuvo la designación al cargo de Primer Ministro de Najib Mikati, un dirigente sunnita, tal como lo exigen las reglas no escritas de la confesionalidad en el Líbano. Millonario, cercano al presidente Al-Assad pero también a Arabia Saudita, y habiendo ya ocupado brevemente ese cargo en 2005, Mikati no tendrá una tarea fácil, más aun cuando la antigua mayoría no parece dispuesta a entenderse con él, lo que lo obligaría a formar un gobierno con una base reducida, a menos que se conforme con un gabinete de tecnócratas. Sobre todo, corre el riesgo de ser blanco de la hostilidad de la mayoría de los sunnitas que, el 25 y 26 de enero últimos, expresó en las calles su cólera por la remoción de Hariri y lo que denuncian como el «control chiita» sobre el país. Y, si rompe relaciones con el TEL, puede temer que Estados Unidos, incluso la Unión Europea, promuevan la adopción de sanciones contra su país por no respetar las resoluciones de la ONU.
Si bien el Hezbollah puede alegrarse de la remoción de Hariri, su victoria es modesta e intentará mantener un perfil bajo en el futuro gobierno. No quiere ni provocar al radicalismo sunnita ni debilitar su posición en caso de un nuevo ataque israelí. Un editorialista de Jerusalem Post señala que, en esta última hipótesis, contrariamente a lo que sucedió en 2006, el ejército israelí podría apuntar a toda la infraestructura civil, así como a los edificios oficiales del Estado con la excusa de que «el Hezbollah no sólo está en el gobierno: dirige el país. (…) Deberá pues pensarlo dos veces antes de lanzar contra Israel un ataque que tendría consecuencias devastadoras para el país del Cedro» (6).
Notas
1 Géraud de Geouffre de La Pradelle, Antoine Korkmaz y Rafaëlle Maison, «Douteuse instrumentalisation de la justice internationale au Liban», Le Monde diplomatique, París, abril de 2007.
2 El diario publica mensualmente como suplemento Le Monde diplomatique en árabe. Robert Worth de The New York Times le dedicó un artículo elogioso: «Rarity in region, Lebanese paper dares to provoke», 28-12-10.
3 Cinco de los quince miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron en ese momento: Rusia, China, Sudáfrica, Qatar e Indonesia.
4 La acusación del tribunal contra el Hezbollah se basaría en las escuchas de teléfonos celulares. Nasrallah da a entender que fueron manipuladas por los servicios de inteligencia israelíes.
5 Citado en «500 millions de dollars contre le Hezbollah», Nouvelles d’Orient, Les blogs du Diplo, 30-6-10 (http://blog.mondediplo.net).
6 Yaakov Katz, «Concern but also opportunity in Lebanon», Jersusalem Post, 26-1-11.