Estos días los medios de comunicación que habitualmente ponen letra y música a las preferencias del sistema nos están informando con gran profusión de detalles sobre las abusivas retribuciones otorgadas a algunos directivos de las cajas de ahorro «nacionalizadas» por no haber alcanzado los ratios oficiales de capitalización. Lógicamente, la difusión de esos escandalosos y […]
Estos días los medios de comunicación que habitualmente ponen letra y música a las preferencias del sistema nos están informando con gran profusión de detalles sobre las abusivas retribuciones otorgadas a algunos directivos de las cajas de ahorro «nacionalizadas» por no haber alcanzado los ratios oficiales de capitalización. Lógicamente, la difusión de esos escandalosos y multimillonarios «paracaídas de oro» concedidos a altos ejecutivos de entidades como la CAM, cuarta en el ranking del sector, y Novacaixagalicia, ambas intervenidas por el FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria), ha tenido como resultado inmediato la repulsa generalizada de la opinión pública. De esta guisa, y siempre gracias a la oportuna publicitación de los medios, la indignación de la ciudadanía he hecho diana sobre las cajas-institución, contribuyendo a criminalizarlas sin distinguir entre causa y efecto, entre el todo y las partes. Así se ha generado la demanda social exigida para culminar el expolio que se estaba produciendo sobre el único referente de banca pública que quedaba en España tras la privatización tiempo atrás de la otra banca oficial que competía con la banca privada. La cosa suena al chusco dicho «qué patada les hemos pegado en nuestro propio culo».
Porque a la hora de valorar el nivel de robo social que representan esas delincuenciales prebendas arrampladas por algunos gañanes de las cúpulas de las cajas que ahora meritoriamente se denuncian y lo que supone acabar legalmente con un sector crediticio de servicio público que cubría más del 45% del sistema financiero, la cosa no tiene color. El saqueo de verdad está en lo último, aunque todos lo bendigan, o casi todos. Mientras que el de los mangantes de cuello blanco, con ser un latrocinio como la copa de un pino, no es sino la excusa propiciatoria para justificar la demonización de las cajas de ahorro como esas manzanas podridas que un buen padre de familia debe eliminar por imperativo de urbanidad. De esta forma, burla burlando, bajo la batuta del gobierno socialista y el apoyo cómplice del Partido Popular, hemos asistido a la última gran desamortización producida en España para beneficio de las clases dominantes y la gran banca multinacional que tanta responsabilidad tiene en la crisis que padecemos.
El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas Comesaña, lo anunció hace unos meses en un valiente y esclarecedor artículo titulado «El mayor desmán financiero de nuestra historia», donde de-construía la trama del expolio y señalaba a sus cabecillas y responsables. Sostenía el economista, tras mostrar su perplejidad porque se fuera a entregar «la mitad del sistema financiero español a precios de saldo y de desguace» (¿recuerdan el caso Loterías del Estado?) a bancos, inversores privados y «fondos buitres», que la medida carecía de la mínima coherencia económica requerida porque suponía:
«Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán. Tercero, la pérdida de la Obra Social de las cajas, que actúa como un segundo Estado de bienestar, al atender a situaciones sociales adonde no llegaban las políticas públicas. Y, cuarto, la pérdida de un instrumento de dinamización cultural, especialmente en zonas pobres o alejadas».
Era lo que Costas denominaba un «largo camino de despropósitos» cometido en comandita por legisladores, autoridades, reguladores, supervisores y las propias cajas», cada uno desde su propia responsabilidad: Legisladores, autoridades económicas y monetarias han puesto un empeño digno de otras causas en liberalizar las cajas para romper sus fronteras geográficas naturales y dejar que hicieran todo lo que hacían los bancos. No midieron los riesgos. Esa libertad que se otorgó a los directivos chocaba con la lentitud de sus órganos de gobierno a la hora de tomar decisiones en momentos de crisis.
Los directivos aprovecharon esa liberalización para una expansión irresponsable y para concentrar las inversiones en inmuebles y suelo. Como los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión crediticia, se endeudaron hasta las cejas en los mercados europeos de capital. Riesgo inmobiliario y alto endeudamiento ha sido un cóctel explosivo.
Lo más sorprendente es ver cómo el supervisor, el Banco de España, dejó crecer ese riesgo y endeudamiento. Su labor de vigilancia y supervisión ha sido manifiestamente mejorable. La situación actual cuestiona su labor, al menos hasta 2007. No vale ahora echarle la culpa a la «politización» de las cajas. No puede lavarse las manos. Alguna explicación merecen los españoles y que la autoridad bancaria les diga qué hará en el futuro para desarrollar mejor su función. Las autoridades autonómicas y locales han puesto su grano de arena. Al buscar una solución en los matrimonios endogámicos han empeorado la situación. La unión de dos contagiados no da lugar a uno sano.
Finalmente, el Gobierno ha estado creyéndose durante demasiado tiempo su propia mentira: que teníamos el mejor sistema bancario del mundo mundial. Faltó diagnóstico precoz para ver el contagio y diligencia en la aplicación de la medicina que tenía a mano: el propio Fondo de Garantía de las Cajas y el FROB. Ahora todo son prisas y precipitaciones. Y así nos va».
Pero en su escrito el profesor no se contentaba con la denuncia pública, esgrimía como salida positiva para las cajas «la intervención temporal y la depuración de responsabilidades» para «volver a recuperar su ámbito de negocio natural». Lo contrario de lo que finalmente ha ocurrido. Desde la quiebra de la Caja de Castilla la Mancha ( la que financió a El Pocero y el aeropuerto de Ciudad Real) hasta las últimas «nacionalizaciones» nominativas (otra vez se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios) que afectan a Catalunyacaixa, Novacaixagalicia, Unnim y la CAM, de momento, con un coste para el erario público de 7.751 millones de euros (casi la partida de rescate que reclama Grecia en la actualidad), no se conoce ninguna acción de la fiscalía para esclarecer la gestión de las cúpulas directivas de las cajas impuestas por el consenso de los poderes políticos dominantes en sus zonas de actuación. Una responsabilidad que debería alcanzar a otros órganos colegiados de control, en donde estaban representados, por ejemplo, CCOO y UGT, que en la mayoría de los casos fueron convidados de piedra del aquelarre gerencial. O valieron para que sus miembros se lucraran con créditos blandos de esas mismas entidades o hicieran de su culiparlante presencia en las juntas una manera de complementar ingresos (1.000 euros por cabeza era la dieta de la asistencia en la CAM).
Sin embargo, como si de una profecía autocumplida se tratara, a lo que hemos asistido es a un ejercicio de linchamiento hacia las cajas-institución por parte de las mismas autoridades encargadas de su supervisión y previsión de riesgos, que ha alcanzado su paroxismo en la afirmación urbi et orbi del gobernador socialista del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, de que la CAM era «lo peor de lo peor», que es tanto como brindar a la afición el descabello de morlaco sin ningún género de miramientos. MAFO, el economista socialdemócrata que escribía los editoriales económicos del diario El País en la etapa Aznar; la misma máxima autoridad española en materia financiera que en plena crisis afirmara que los parados estaban poniendo en peligro el negocio bancario.
La gran pregunta es ¿cómo nos hemos dejado embaucar hasta llegar a poner en almoneda el patrimonio acumulado por varias generaciones de humildes ahorradores? ¿Cómo hemos permitido que nos roben las cajas, entidades sin ánimo de lucro que destinaban una parte de su excedente a obra social? ¿Qué extraño virus ha podido alienarnos hasta el punto de permitir el expolio de unas entidades que representaban el nivel local del Estado de Bienestar por su promoción de servicios asistenciales, de salud, educativos, culturales y desarrollo regional? La clave vírica está en la información metabolizada. Nos han dicho y redicho que eran ineficientes, obsoletas y que sólo servían para que unos cuantos aprovechados hicieran sus agosto. O sea, nos han facilitado la excusa (en parte cierta) para actuar sin miramientos contra la institución, y muerto el perro se acabó la rabia.
Una gran mentira envuelta en cuatro lamentables anécdotas verdaderas para que los árboles impidan ver el bosque. El verdadero problema es que las cajas competían con ventaja a los bancos. Eran más eficientes y más rentables. No lo decimos nosotros. Lo afirma un economista del régimen que en otra época iba de rojo subido:
«Para dar una idea de la importancia financiera de las Cajas de Ahorro, baste indicar que sus depósitos suponen más de la mitad del mercado, por encima de los de la banca (…) Las cajas obtienen mejores calificaciones en este punto -ratio de eficiencia- que los bancos (el ratio, sin considerar las amortizaciones, para 1998, ha sido de 55,2 por 100 para las cajas y de 60,34 por 100 para los bancos). Las cajas son más rentables que los bancos. En 1997 su ROA (ratio on asstes ) fue 0,88 por 100 frente al de los bancos, del 0,61 por 100» (Ramón Tamames, Estructura económica de España, pág.715, 25ª edición, 2008).
Como dejó escrito Víctor Hugo, «detrás de una gran fortuna siempre suele haber un crimen».