Poco les importa el imperativo de la Junta Electoral de Madrid, que ha prohibido las manifestaciones y concentraciones en la Puerta del Sol y otros lugares emblemáticos de la capital durante la campaña electoral. Los indignados se concentrarán el próximo viernes en la plaza donde estuvieron acampados durante casi un mes la pasada primavera. Así […]
Poco les importa el imperativo de la Junta Electoral de Madrid, que ha prohibido las manifestaciones y concentraciones en la Puerta del Sol y otros lugares emblemáticos de la capital durante la campaña electoral.
Los indignados se concentrarán el próximo viernes en la plaza donde estuvieron acampados durante casi un mes la pasada primavera.
Así lo decidieron el domingo en la asamblea general de Sol, donde se acordó, además, que ese día se lleven a cabo asambleas y debates electorales en la plaza.
«El objetivo es la reflexión ante la campaña electoral que se avecina y las restricciones en el uso de los espacios públicos, que quedan reservados para los partidos políticos, negando otras formas de organización y participación democráticas», se lee en un texto consensuado en la asamblea.
Desde el movimiento, se denuncia que durante la próxima campaña los lugares reservados para la celebración de actos electorales y en los que, por tanto, estará vetado el ejercicio de manifestación son un 65% más que en la campaña de las autonómicas y municipales de mayo de 2011 y 45% más que en las generales de 2008.
Según los indignados, la acción del próximo viernes representa «la continuidad de la desobediencia civil colectiva» que ha caracterizado al movimiento desde su eclosión, el pasado 15 de mayo.
Los convocantes dan la bienvenida a cualquier acción que promueva el debate «democrático y ciudadano» en el espacio público e invitan a comisiones, grupos de trabajo, asambleas y a cualquier otra persona a «dotar de contenidos» la jornada.
El pasado viernes, la comisión de legal del 15-M de Sol, a través de un comunicado, calificó de «mala noticia» la restricción de la Junta Electoral. En el mismo texto, este grupo considera que gran parte de la ciudadanía ya ha asumido que el derecho a la participación política no se limita a ejercer el derecho a voto y ha optado por tomar calles y plazas para mostrar su indignación, sin que ello haya causado especiales problemas de orden público.
En este sentido, estiman que la prohibición de la Junta Electoral convierte la campaña en una especie de estado de excepción encubierto. Por ello, dicen esperar que la sensatez rija las posturas de representantes políticos y jurídicos para que se vean representados los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.