Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está […]
Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento «normal
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los procedimientos institucionales de prevención contra la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Desde luego que no confían en los «Jueces de Vigilancia Penitenciaria» ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la «Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», ni en el «Defensor del Pueblo» y denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el «Relator especial», el «Subcomité contra la tortura», o el «Comité de los Derechos del Niño», los tres de la ONU, «Human Rights Watch», «Amnistía Internacional», el «Tribunal Europeo de Derechos Humanos» y otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como los regímenes de incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los «creadores de opinión».
Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como «Mecanismo Nacional de Prevención» (de la tortura) al «Defensor del pueblo», que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en cumplimiento de esas nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del «Comité para la Prevención de la Tortura» del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en la ejecución de sus tareas en ese tribunal de excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos «ritos de impunidad», mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la «sociedad civil». Hace años que, aparte de las actividades propias de cada grupo, vienen formando una base de datos sobre la tortura, cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales, y elaborando y difundiendo también de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema. Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del Estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policías y cuerpos de carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la cárcel
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar las limitaciones en implantación territorial y acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por «atentado», «resistencia», «desobediencia» o «lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios», que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a «la autoridad en el ejercicio de sus funciones»; la falta de «tutela judicial efectiva» y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una «relación de sujeción especial» donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa «sujeción especial» crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; los traslados arbitrarios; el desarraigo social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono higiénico-sanitario; el encarcelamiento de enfermos mentales y terminales; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder terapeútico de la institución penitenciaria; el calvario «voluntariamente asumido» hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar al «tratamiento» que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una maquinaria social cuyo primer fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Además, su amenaza tiende a extenderse, a regular cada vez más aspectos de la existencia humana, tipificando y castigando con dureza creciente más y más conductas. Un sistema social que recurre, desde siempre y cada día más, a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar con el sistema. No creemos en una «sociedad civil» independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se ha visto obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aún así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa «relación de sujeción especial» entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la «Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de «protección», en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las «fuerzas del orden» son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención tanto sobre ellos y sus verdaderas funciones como sobre la situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!