El anuncio por parte de los responsables del Milinisterio de Defensa de las graves dificultades económicas por las que atraviesa el Ministerio vienen a agravar la crisis de la deuda y el déficit del Estado español. «No deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con […]
El anuncio por parte de los responsables del Milinisterio de Defensa de las graves dificultades económicas por las que atraviesa el Ministerio vienen a agravar la crisis de la deuda y el déficit del Estado español.
«No deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora». Esta frase pronunciada por Constantino Méndez, Secretario de Estado del Ministerio de Defensa, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso (6/10/2011), dejó claro que este Ministerio atraviesa una situación crítica. Cuestión que fue posteriormente aclarada cuándo técnicos de Defensa hicieron públicas las cuentas del ente, advirtiendo que el Ministerio no tiene recursos suficientes para hacer frente al pago de 26.692 millones de euros comprometidos en la adquisición de los 19 Programas Especiales de Armamentos (Peas). Y añadiendo que, como no quedará otro remedio que renegociar los pagos con las empresas militares, hacían una proyección de gasto de 36.876 millones € para el año 2015.
Guste o no, el Ministerio de Defensa está en suspensión de pagos y el próximo Gobierno tendrá que ingeniárselas para encontrar fórmulas para salvar del colapso del Ministerio. Esta situación puede sorprender a quienes no estuvieran al caso de las inversiones en Defensa. Pero era un secreto a voces que más temprano que tarde, Defensa tendría que incrementar de manera importante su presupuesto para hacer frente a la adquisición de los aviones de combate EF-2000, las fragatas F-100, los carros de combate Leopardo y Pizarro, los helicópteros Tigre. A los que luego se sumaron, aviones de transporte A400-M, submarinos S-80, diversos buques de guerra, más los misiles, torpedos y sistemas de comunicación asociados hasta sumar 19 Peas.
Este embrollo empezó en 1996 con la llegada del Partido Popular al gobierno y el inició de una serie de grandes proyectos en armas, algunos ya procedentes de la etapa anterior del gobierno del PSOE que requerían incrementar de manera importante el presupuesto militar. Pero esto tenía un elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo aumentando el gasto militar, lo cual no sería bien acogido por la opinión pública española. La solución la encontró la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una fórmula de ingeniería financiera, que consistía en conceder préstamos para I+D desde el Ministerio de Industria a cero interés a retornar en 20 años por las industrias militares a cuenta de las compras de armamentos. Se firmó un convenio entre ambos ministerios (Industria y Defensa), según el cual, Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían a Defensa cuando ésta llevara a cabo el pago de las armas.
De este modo se conseguían dos propósitos: no incrementar en demasía el gasto militar del Ministerio de Defensa; y una segunda, la industria militar veía satisfechas sus demandas de ayuda para financiar la investigación y desarrollo de los nuevos prototipos de armas. Pero el problema de fondo persistía. Algún día Defensa tendría que retornar el dinero de I+D a Industria. Y, transcurridos dieciséis años se adeudan nada menos que 15.000 millones € adelantados a las empresas militares.
Así con el paso del tiempo los problemas del Ministerio de Defensa se han ido incrementando debido a que esos grandes programas tenían un desarrollo de 25 a 30 años, y los compromisos de gasto en el horizonte del año 2025 se cifran en la colosal cifra de 40.000 millones €. Entonces se comprende que ahora, el Ministerio, avise de que no dispone de suficientes medios para pagar la factura de los plazos anuales, sobre todo después de los recortes presupuestarios iniciados con la llegada de la crisis en 2008 y que también afectan a Defensa.
Ante estos hechos, no hay más solución que, o incrementar el capítulo de inversiones para hacer frente a las facturas en armas; o aplazar y refinanciar las inversiones hasta el año 2040 o más, a la espera de que desaparezca la crisis. Aunque esto último representará incrementar el coste final de las armas a cifras inverosímiles. O bien al contrario, racionalizar el gasto en defensa reduciendo algunos programas de armas y anulado otros. Pues como dicen los expertos militares, una vez finalizados, muchos de ellos no tendrán ninguna aplicación práctica en la defensa del territorio ni en los escenarios en que intervienen las fuerzas armadas españolas, pues buena parte fueron diseñados para repeler ataques aéreos e invasiones terrestres propios de la etapa de la Guerra Fría.
Inversiones militares que, por mucho que griten sus defensores, solo contribuyen a la ineficiencia de nuestra economía debido a los costes de oportunidad perdidos en la economía productiva. Además, de contribuir al endeudamiento y al incremento del déficit del Estado español. Es decir, ahondando en la actual crisis.