Oficialmente, las redadas masivas de inmigrantes no existen. Las han denunciado hasta los propios sindicatos policiales pero, para el Ministerio del Interior en funciones, son un invento de los colectivos de extranjeros y de las ONG. Alfredo Pérez Rubalcaba y otros miembros del Gobierno saliente ha negado en reiteradas ocasiones que se estén produciendo. Pero […]
Oficialmente, las redadas masivas de inmigrantes no existen. Las han denunciado hasta los propios sindicatos policiales pero, para el Ministerio del Interior en funciones, son un invento de los colectivos de extranjeros y de las ONG.
Alfredo Pérez Rubalcaba y otros miembros del Gobierno saliente ha negado en reiteradas ocasiones que se estén produciendo. Pero a la larga lista de colectivos sociales que constantemente denuncia estas ‘cacerías’ de ‘sin papeles’ se ha sumado ahora Amnistía Internacional, que ha hallado «evidencias convincentes de que los controles de identidad discriminatorios y las redadas policiales en España son una realidad que las autoridades españolas no pueden seguir pasando por alto». «Se dan a diario, es una práctica habitual que forma parte del paisaje urbano», ha afirmado esta mañana Miguel Ángel Calderón, responsable de Comunicación de Amnistía Internacional España, durante la presentación de una investigación que prueba que «estos controles de identidad a personas que no parecen españolas son algo muy extendido en España», tal y como denunció por primera vez EL MUNDO en 2009 y ha seguido denunciando posteriormente.
Según recuerda esta ONG internacional, que los agentes selecciones a los ciudadanos para comprobar su identidad basándose en sus características físicas étnicas o raciales es «discriminatorio», «ilegal», «humillante» y supone una «violación de los derechos humanos».
Además, producen otro efecto devastador en la sociedad: «criminalizan» al venido de fuera. Lo explica Izza Leghtas, autora del informe: «Al ver a estas personas con la policía, la gente piensa: ‘Han hecho algo’. Esto contribuye a reforzar la idea de que las personas extranjeras cometen más delitos». En otras palabras, «alientan la estigmatización y el prejuicio social».
Amnistía Internacional comenzó a realizar un seguimiento de la cuestión en 2009. Tras la investigación documental, una delegación de esta asociación llevó a cabo una investigación sobre el terreno los pasados meses de marzo y abril. Los delegados entrevistaron a inmigrantes, particulares, representantes de sindicatos policiales y ONG, así como fiscales, un juez de instrucción, un responsable del Ministerio de Trabajo e Inmigración y una asesora de la oficina del Defensor del Pueblo. También visitaron centros de internamiento de extranjeros de Madrid, Málaga y Barcelona. Intentaron hablar con representantes del Ministerio del Interior pero, aseguran, no les recibieron.
Aunque las redadas masivas se producen en las principales ciudades españolas, Amnistía Internacional centró su investigación en Madrid, donde «la magnitud y la frecuencia de los controles de identidad son especialmente llamativas y donde ONG y voluntarios han sido muy activos a la hora de documentar y denunciar estos controles».
El informe expresa la «preocupación» de la ONG por el hecho de que las autoridades españolas no sólo nieguen la existencia de estas redadas, sino que no tomen «ninguna medida» para impedirlas». Amnistía Internacional cita también un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE realizado entre mayo y noviembre de 2008 que dice que, de los encuestados que habían sido parados por la Policía en España en los 12 meses anteriores, el 12% pertenecía a la población mayoritaria y el 42% eran norteafricanos. Al 81% de los encuestados norteafricanos que habían sido identificados por la Policía, los habían parado en la calle o en el transporte público, mientras que este porcentaje descendía al 30% de los encuestados pertenecientes a la población mayoritaria.
La ONG aprovecha para pedir al PP que acabe con esta situación. «Con el cambio de legislatura, el nuevo Gobierno tiene ahora la oportunidad de prohibir estas prácticas y hacerlo públicamente. Hasta ahora no ha habido voluntad para ello», ha afirmado Calderón. «El primer paso que esperamos del nuevo Ejecutivo es que admita que esto es una realidad, que diga que parar a la gente por su perfil racial es ilegal y que tome medidas para que no se haga».
Y, además, del informe (que ha enviado a la Comisión Europea y a representantes de los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo), va a iniciar una «importante» campaña para concienciar a los ciudadanos sobre esta realidad.
¿Por qué han esperado hasta el 14 de diciembre? ¿No hubiera sido más efectiva esta denuncia de Amnistía Internacional si se hubiera realizado antes, con el Gobierno responsable de las redadas masivas todavía en activo, al igual que han hecho otras ONG? «Este informe no hay que entenderlo como una crítica sólo a este último Gobierno», responde Calderón, «es una denuncia contra algo que ha afectado a muchos gobiernos: la falta de voluntad a la hora de abordar el tema del racismo».