Los tres testigos que testificaron ayer en el juicio a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo se han convertido en los primeros representantes de víctimas que han relatado ante un tribunal cómo se produjo la desaparición de sus familiares y su infructuosa búsqueda. Durante la tercera jornada de la vista oral, […]
Los tres testigos que testificaron ayer en el juicio a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo se han convertido en los primeros representantes de víctimas que han relatado ante un tribunal cómo se produjo la desaparición de sus familiares y su infructuosa búsqueda.
Durante la tercera jornada de la vista oral, la sala del Tribunal Supremo español (TS) que juzga al juez Baltasar Garzón escuchó el testimonio de tres representantes de asociaciones de memoria histórica, que dijeron que acudieron a la Audiencia Nacional (AN) en 2006 «por justicia».
Así lo aseguró Pino Sosa, de la asociación de Arucas en Gran Canaria, que a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, explicó cómo desapareció su padre.
«Se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos (…). Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas», afirmó tras recordar que su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento de su padre porque «se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba».
También prestó testimonio una representante de la asociación Sierra de Gredos, María Martín López, que a sus 81 años rememoró ante el tribunal lo que ocurrió con su madre el 21 de setiembre de 1936.
«La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres», dijo María Martín, que añadió que el cadáver de su madre está en una fosa junto a otros cuerpos y todas las gestiones que ha realizado para recuperarlo han fracasado.
Acusación
Las dos testigos tuvieron que contestar también al letrado de la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, José María Ruiz, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación.
El abogado intentó en un momento de la vista cortar la explicación de los testigos sobre las desapariciones, indicando que se está juzgando a Garzón, a lo que el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados, le advirtió de que era él quien decidía lo que era o no era pertinente.
La acusación insistió en saber por qué acudieron al tribunal especial y si otros juzgados les habían informado de que los delitos habían prescrito.
Tardanza
Pino Sosa lo negó al asegurar que les dijeron que los hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les motivó a llevar su caso hasta la AN.
El último testimonio fue el de Ángel Rodríguez Gallardo, un historiador de la Comisión Memoria Histórica de Ponteareas, que denunció un «plan sistemático» del franquismo para eliminar a los responsables del gobierno de la Segunda República española, que podría llevar a pensar que se produjeron «actos de genocidio».
En su opinión, la decisión de las asociaciones de acudir a la Audiencia Nacional no fue «coyuntural», sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la justicia pudiera decir qué ocurrió.
Además, recordó que no es la primera vez que se intenta investigar judicialmente las desapariciones del franquismo, y citó algunas denuncias de los años 70 y la exhumación de las fosas de La Solana en Ciudad Real y la del alcalde de Ferrol en 1986.
Procedimientos
El juicio, cuya primera jornada se celebró el pasado día 25 con la petición de archivo por parte de la Fiscalía, se reanuda hoy con la declaración de otros tres representantes de víctimas del franquismo propuestos por la defensa.
El martes, en la segunda sesión, el tribunal decidió no anular el juicio, y es por ello que continúa adelante.
Se trata de la segunda ocasión en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado recientemente por intervenir los encuentros de los cabecillas de «Gürtel» con sus abogados en prisión.