Sabía que el gobierno del Partido Popular iba a legislar en beneficio de los intereses del capital especulativo y financiero, sabía que iba a priorizar el pago de la deuda a la creación de empleo, y que iba a hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre la clase trabajadora y en especial sobre las […]
Sabía que el gobierno del Partido Popular iba a legislar en beneficio de los intereses del capital especulativo y financiero, sabía que iba a priorizar el pago de la deuda a la creación de empleo, y que iba a hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre la clase trabajadora y en especial sobre las mujeres. Sabía que iba a avanzar en el desmantelamiento de los servicios públicos, y concretamente de la enseñanza pública. Sabía que muchos de los derechos civiles alcanzados, al menos en las leyes, tras muchos años de lucha de los movimientos sociales, y particularmente del feminista, estaban en peligro si llegaban al poder. Sabía que este gobierno iba a apoyar a las ideas conservadoras, a la Iglesia católica y a las sectas católicas ultrarreaccionarias. Sin embargo, reconozco que no estaba preparada para la rapidez desencadenada en esta supresión de derechos, para el torrente de reformas anunciadas. En un mes, el PP ha programado enterrar años de conquistas sociales, con una contrarreforma nacionalcatólica que pretende imponer la doctrina moral de la Iglesia a través de las leyes civiles, atendiendo a las exigencias de los sectores más reaccionarios de la derecha y, en especial, de la Conferencia Episcopal.
Marcha atrás en el tiempo
La regulación del aborto de 2010 se va a revocar, penalizándolo excepto en algunos ajustados supuestos que determinará la autoridad competente, regresando a la situación anterior a 1985. La píldora del día siguiente se limitará, a pesar de haber evitado miles de abortos y de embarazos no deseados entre las jóvenes, a las que, eso sí, se les explicará y apoyará para que sean responsables, continúen con su embarazo y den su hijo en adopción.
Y la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos se sustituirá por la asignatura Educación Cívica y Constitucional, (¡tremendo juego de palabras!), en la que se suprimirá el bloque de contenidos 2 dedicado a las relaciones interpersonales y en el que se contempla -deben comprobarlo ustedes mismos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre- contenidos tan «peligrosos» como La autonomía personal y las relaciones interpersonales, los afectos y emociones, las relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.
La imposición de las minorías ultraconservadoras
El ministro Wert quiere eliminar Educación para la Ciudadanía porque «adoctrina» y trata «temas controvertidos». Esta asignatura, obligatoria desde 2007 en Primaria y Secundaria, fue boicoteada por la jerarquía católica y el Partido Popular a pesar de haber sido enmendada, rebajada y consensuada con los representantes de los colegios católicos. La patronal de los centros religiosos concertados -pagados con fondos de los Presupuestos Generales del Estado- exigió, para no sumarse a la beligerante campaña orquestada contra el Gobierno, que se permitieran textos elaborados a gusto de cada corriente de pensamiento, que «la vida de los santos», como dijeron los responsables de la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza), pudiera inspirar la asignatura. Y el PSOE, aunque ello significó desvirtuar la asignatura, lo permitió.
El dato utilizado por Wert en torno a las protestas formuladas por las familias ante esta asignatura, para justificar su eliminación, procede del recuento publicado por la organización ultraconservadora Profesionales por la Ética, que ha sido una de las principales promotoras de la objeción y de las denuncias en los juzgados, muchas de ellas preventivas (de familias cuyos hijos/as no recibían Educación para la Ciudadanía). Aún con todas estas reservas, la cifra de objeciones manejada por el Ministro apenas llegaría al 2% de la población estudiantil de Secundaria.
Comparto la necesidad del respeto a las minorías, que es una de las cuestiones que, por cierto, intentamos desarrollar en el alumnado con esta asignatura. Pero otra cosa es la imposición de los planteamientos ideológicos de los grupos minoritarios de presión a la mayoría de la población. Parece que el Gobierno ha entendido, de forma equivocada, que contar con la mayoría en el Parlamento, que, por cierto, no corresponde con la mayoría de las personas con derecho a voto del Estado español, les otorga el poder para imponer a la ciudadanía una ideología de raíz católica y ultraconservadora.
Lo verdaderamente preocupante es lo que pretenden hacer con el modelo de enseñanza pública
Ya en su época, insistimos en que la Educación para la Ciudadanía reducida a una asignatura, con una o dos horas semanales, serviría para poco si los centros educativos no llevaban a la práctica los valores democráticos en sus actividades cotidianas y lo hacían de forma compartida con la comunidad y el entorno. Por ello, lo verdaderamente preocupante no es lo que el Partido Popular ha hecho con la asignatura Educación para la Ciudadanía, sino lo que piensa hacer con el modelo educativo que desarrollamos actualmente en la enseñanza pública.
La nueva materia nacerá de eliminar «todo lo que no tenga que ver con el conocimiento de la Constitución y sus valores y las instituciones de cualquier sociedad democrática y de la Unión Europea». Pero, es que para cumplir con este desatino del ministro que no quiere que tratemos «las relaciones humanas» en la educación de nuestros jóvenes, habría que cambiar la Constitución y la Ley Orgánica de Educación.
¿Cómo desarrollaremos una Educación Cívica y Constitucional sin tocar todos los artículos relacionados con la igualdad de derechos individuales y el reconocimiento de las diferencias, con el rechazo a las discriminaciones o con el fomento de la solidaridad? Tendremos que seguir con mucha atención los valores que quita o añade el señor ministro en su nueva asignatura, porque todos los que se desarrollan en Educación para la Ciudadanía son elementalmente constitucionales. Probablemente intente manipular la información al alumnado en relación al concepto de familia, las opciones sexuales reconocidas, los avances logrados en relación a la igualdad de género…, pero, la sociedad evoluciona y los avances experimentados no van a poder pararlos ni ocultarlos. Pretenden dar una marcha atrás en el tiempo demasiado peligrosa, porque pueden atentar a los valores básicos de una sociedad que ansía la democracia.
Suprimirán la Educación para la Ciudadanía porque tienen mayoría absoluta en el Congreso, pero lo harán desde la imposición, sin fundamento alguno. La argumentación que el ministro hace del supuesto adoctrinamiento no convence a ninguna persona sensata. Mientras se suprimen estos contenidos que califican de adoctrinadores, en nuestras aulas, en la asignatura de religión se adoctrina durante dos horas a la semana, transmitiendo que la homosexualidad es una enfermedad, el aborto un asesinato, explicando las carencias de la familia que no disponga de un padre y una madre o el papel subordinado de las mujeres en la sociedad, contradiciendo todos los preámbulos de las leyes educativas, que se pronuncian por desarrollar un espíritu crítico y valores democráticos en nuestro alumnado. La derecha política y social entiende que educar para la democracia es un riesgo inútil.
Pero somos muchas las personas que defendemos una enseñanza para todas y todos
La realidad es que somos muchas las familias que queremos que nuestros hijas e hijos reciban una formación para ser ciudadanos y ciudadanas críticos, participativos y transformadores, a la par que trabajador as y trabajadores dignos, satisfechos y responsables, una formación que les ayude a ser personas, a tener confianza en sí mismas, a saber convivir , a defender derechos, a ser solidarios, tolerantes, a resolver conflictos de forma pacífica, a vivir bien, a buscar la felicidad…, una formación que los prepare para ser protagonistas de su propia vida.
Quienes dirigen el destino de un pueblo no pueden hacerlo bajo la presión de ningún poder fáctico, no pueden actuar bajo el amparo de una sola moral que desconoce y oculta la realidad y los derechos humanos básicos. El hecho de que una creencia moral sea defendida y justificada por un grupo de personas, no significa que sea razonable y asumible para la esfera pública de un estado plural y aconfesional.
No podemos permitir estas imposiciones, estas intromisiones. La jerarquía eclesiástica no tiene legitimidad para erigirse en voz de todas las conciencias particulares. Queremos vivir en una sociedad plural. Las confesiones religiosas y las convicciones morales, por su carácter particular, conciernen únicamente a sus fieles o seguidores.
La única ética aceptable y necesaria en el sistema educativo es la que es común a todas y todos: la fundamentada en la noción de ciudadanía, que permite la convivencia en el ámbito de la sociedad civil de no creyentes y de creyentes de diferentes confesiones, en plenas condiciones de igualdad para acceder al disfrute de los derechos fundamentales. Necesitamos seguir confiando en una sociedad que defienda un modelo de convivencia democrático, solidario y plural.
Si una minoría de alumnado/familias han objetado, una mayoría la hemos apoyado; hemos apostado por un modelo de enseñanza pública donde cabemos todas y todos: las mujeres y los hombres, las personas creyentes y las que no lo son, las negras, las blancas y las amarillas, las listas, las muy listas y las que no lo son tanto, las que perciben los colores y las que sólo los intuyen, las que se expresan con las palabras y las que hablan con sus manos, las que aman a las personas de su mismo sexo y las que suspiran por el otro sexo, las que viven en el centro de la ciudad, en el extrarradio o en el pueblo…
Un modelo de enseñanza pública protectora e integradora, una enseñanza para todas y todos.
Mary C. Bolaños Espinosa es miembro del Colectivo Harimaguada
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