El agua es uno de los problemas futuros más difíciles de solucionar en nuestro país. Tenemos poca agua y encima está mal distribuida. El cambio climático hará que todavía ésta escasee más. No tenemos la cultura del ahorro hídrico. A todo ello, hay que añadirle la mala práctica en la construcción de obras hídricas. Estamos […]
El agua es uno de los problemas futuros más difíciles de solucionar en nuestro país. Tenemos poca agua y encima está mal distribuida. El cambio climático hará que todavía ésta escasee más. No tenemos la cultura del ahorro hídrico. A todo ello, hay que añadirle la mala práctica en la construcción de obras hídricas.
Estamos destruyendo nuestros acuíferos, con más de tres millones de pozos, de los que escasamente el 20% son legales y ni PP ni PSOE hacen nada por solucionarlo. Hemos reducido los humedales en un 90%, cuando son los auténticos pulmones del agua. La única cultura de este país es la del cemento.
A toda está situación debemos añadir, que se ha acostumbrado a que se hagan las obras con dinero público, para beneficio privado y además sin mirar nunca ni la rentabilidad económica ni social. A pesar de tener poca agua, el precio es de los más bajo de Europa, con lo que se fomenta el despilfarro.
Es preciso hacer un poco de historia del agua en los años de la democracia 1975-2012.
Gobernado Felipe González, su ministro de Fomento, José Borrel, planteó un trasvase del Ebro hacia las zonas levantinas de 1.800 Hm3. El entonces PP dirigido por Aznar se opuso al mismo, con una serie de argumentos y razonamientos que los podía firmar cualquiera.
Sin embargo, cuando Aznar llega al poder, se olvida de todo lo que decía en la oposición y vuelve a plantear un nuevo trasvase del Ebro con 1.050 Hm3, calculando un coste de 4.000 millones de euros, pero que otras organizaciones planteaban un coste real de 10.000 millones.
Con la llegada de Zapatero, en el año 2004, una de sus primeras medidas es la derogación del trasvase del Ebro (estando totalmente de acuerdo con esta derogación). Como sustitución plantea la construcción de desaladoras, que son más rápidas, con un menor coste económico y medioambiental, para ello cuenta con el apoyo económico de Europa. Ahora vuelve el PP de Rajoy, las desaladoras ya no valen y plantea de nuevo el trasvase.
La Unión Europea se rige desde hace años por la directiva del Agua, que es de obligado cumplimiento para todos los países. España la incumple sistemáticamente, no cumpliendo el plan de aguas residuales, ni el ahorro hídrico, ni el cobro del precio real del agua que debe ser siempre el coste del servicio.
En una reciente intervención del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete dijo en el Congreso «el fracaso del plan de desaladoras es estrepitoso». Para justificarlo, dio como dato, que se habían invertido más de 1.664 millones de euros. Informó que las 17 plantas desaladoras en funcionamiento sólo producían el 16,45% de su capacidad, esto es unos 111Hm3, de un total de 700 Hm3 que pueden producir. En consecuencia, se debería volver a plantear los trasvases.
El plan de desaladoras diseñado suponía la construcción de 51 instalaciones, de las que hay construidas 17, otras 15 están en construcción y el resto son proyectos. A la cantidad de 1664 millones ya gastados, se necesitan otros 762 millones para terminar las ya iniciadas con un coste total de 2.426 millones de euros y unos 1.250 Hm3 de producción de agua si funcionaran al 100%.
Las palabras del ministro Arias Cañete han producido un escándalo en Europa y le contestó el Comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnick, pidiéndole como prioridad absoluta la puesta en marcha de las desaladoras, le recordó que gran parte de la financiación procede del dinero europeo.
Potocnick dice «una cantidad considerable de fondos europeos, unos 1.500 millones de euros, han sido invertidos en los últimos años en plantas desaladoras en España. Hemos tomado nota de la declaración ante el Parlamento de que están funcionando al 16% de su capacidad. Esto cuestiona la efectividad del uso del dinero de los contribuyentes europeos, esperando que el gobierno español tome medidas apropiadas para conseguir el mejor uso de estas infraestructuras pagadas con fondos europeos, de lo contrario podrían tener un fuerte impacto negativo en la disponibilidad de fondos europeos para España».
Sigue diciendo el comisario de Medio Ambiente «España es uno de los países con mayor estrés hídrico y sin embargo tiene las tarifas de agua más bajas, esto es un contrasentido. El agua en el sureste está sobreexplotada por una agricultura muy rentable, mientras que las obras hidráulicas están fuertemente subvencionadas. La pérdida de los humedales o acuíferos son cargas para toda la sociedad. Las autoridades y los agricultores tienen que darse cuenta de que el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en las próximas décadas. El uso del agua a costa del medio ambiente debe de terminar».
Suscribo al 100% las palabras del Comisario europeo. Son inadmisibles las palabras de Arias Cañete cuando dice que el coste del agua desalada es de 1,1 euros el m3, cuando las nuevas desaladoras la ofrecen a 0,5 euros. Los cálculos del coste del agua del trasvase rondarían los 1,3 euros el m3 en Alicante. Dice Arias Cañete que los agricultores solo pueden soportar costes de 0.3 euros el m3. Nadie ha planteado que el agua desalada fuera para uso agrícola, sino para uso humano. La desalación no es la solución a la falta de agua, sino una medida más dentro de otras que se deberían tomar. Decir que la desalación no es sostenible por su alto consumo energético y no decir que el trasvase del Ebro por él propuesto, necesita el empleo de una central nuclear de 1.200 MW, es mentir. La desalación crea problemas medioambientales pero de menor relieve que el trasvase.
En su afán de desprestigiar las desaladoras, el Partido Popular a través de su portavoz Esteban González Pons califica a las desaladoras como nucleares del mar. Es preciso que sepamos que somos un país que estamos a la cabecera tecnológica en la desalación a nivel mundial, como lo somos en las energías renovables. Empresas punteras como Acciona, Abengoa, OHL están construyendo desaladores en todo el mundo y las deberíamos apoyar, pues crean muchísimos puestos de trabajo en una actividad claramente de futuro y el PP debería ser cuidadoso en sus expresiones.
Esto debe hacer reflexionar a la sociedad española y a la clase política para intentar lograr un gran pacto del agua, basado en un amplio acuerdo político y social teniendo en cuenta la sostenibilidad económica y medioambiental. Este acuerdo pasaría entre otras cosas por:
– Acabar con el proceso de construcción de las desaladoras en construcción y el uso de las mismas al 100%.
– No volver a plantear nuevos trasvases, pues nunca han solucionado ningún problema y genera la ruptura de cuenca hídrica, el enfrentamiento entre comunidades y el propio ciclo del agua.
– Recuperación de los humedales en un programa a diez años asegurando su viabilidad futura. Proteger los acuíferos y acabar con el usó fraudulento de las aguas de estos
– Reconducir la finalidad de las obras públicas y repensarlas bien.
– Acelerar y terminar el programa de depuración de las aguas residuales.
– Inversión en el mantenimiento de las redes hídricas en las ciudades, sirva como
ejemplo, Zaragoza que ha reducido el consumo en un 25% en los últimos diez años.
– Aumento progresivo del precio del agua hasta ponerlo al nivel de su coste real.
– Programa de ahorro hídrico en agricultura, industria y uso humano.
– Un fuerte impuesto ecológico que haga pagar a quien contamina. Así mismo, un impuesto a aquellas empresas eléctricas por el uso de un bien público, el agua y de sus instalaciones (embalses) del que obtienen un beneficio privado. Si se hiciera esto último y siguiendo los modelos europeos se recaudarían unos 1.200 millones de euros anuales.
Nuestro futuro pasa por crear una sociedad sostenible y en ella, el agua es algo primordial. Un pacto de sostenibilidad hídrica en el país es algo esencial y vital para nuestro futuro.
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