Llegó el día. Hablamos de Argentina y felicitamos -y admiramos -la pelea, el grandioso combate de su ciudadanía, de las abuelas y madres de la plaza de Mayo, de los familiares de desaparecidos, torturados y asesinados. El dictador golpista Jorge Rafael Videla ha sido condenado a 50 años de prisión. Días antes de conocer su […]
Llegó el día. Hablamos de Argentina y felicitamos -y admiramos -la pelea, el grandioso combate de su ciudadanía, de las abuelas y madres de la plaza de Mayo, de los familiares de desaparecidos, torturados y asesinados.
El dictador golpista Jorge Rafael Videla ha sido condenado a 50 años de prisión. Días antes de conocer su sentencia, había negado su responsabilidad: las decisiones que pudieran haber tomado quienes entregaron a los menores habían sido acciones «autónomas y aisladas» [1]. Afirmó también que «las parturientas eran militantes activas de la maquinaria del terror [por guerrillas] y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos». La infamia es ilimitada, el lenguaje de los golpistas es siempre soez.
El tribunal argentino ha dado por probado el plan sistemático y los secuestros de los niños aún no encontrados en «el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar». Son palabras de la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés.
El tribunal ha condenado también, entre otros, a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros, Antonio Vañek y Jorge «El Tigre» Acosta. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún están desaparecidos. El delito continúa. No sólo eso: han impulsado una investigación del vicario castrense Emilio Graselli
Recordemos el razonable y emocionante comentario de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: «Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos». Carlotto, que no se cortó ni un pelo, prosiguió con estas palabras: «Tengo una mezcla de sensaciones porque por un lado celebro la condena de 50 años para Videla, lo cual se da por primera vez, y está el reconocimiento explícito y claro de la Justicia de que hubo un robo sistemático de niños y se condena al responsable emblemático. Pero por otro, las demás penas fueron más livianas de lo que esperábamos, aunque los abogados tienen su explicación, todavía podremos verlas.»
El punto más importante de la sentencia ha sido la definición del robo de niños. «No hacer lugar a los planteos de prescripción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática [el punto defendido por la fiscalía y las abuelas] y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, artículo 118 de la Constitución» [las cursivas son mías].
Una ilustración: Carlos D’Elía, nacido en 1978 en el campo de concentración Pozo de Banfield (afueras de Buenos Aires), recuperó su identidad en 1995. Su testimonio ha sido uno de los que ha permitido condenar a los acusados en el proceso. D’Elía recordó que tenía apenas 17 años cuando fue sometido a un análisis de ADN que determinó que sus progenitores verdaderos eran militantes desaparecidos. Sus «apropiadores» nunca le dijeron nada, ni siquiera que era un niño adoptado. Su verdadero padre -Julio D’Elía- era sobrino de un histórico líder sindical uruguayo José «Pepe» D’Elía. Su madre se llamaba Yolanda Casco
Estela de Carlotto hablaba, emocionada, de un día memorable para Argentina y para todo el mundo civilizado. ¿España es un país civilizado? ¿No hubo en España robo de niños y niñas? ¿No hubieron aquí planes sistemáticos? La Iglesia católica, apostólica y romana, la misma que, salvadas raras excepciones (Montserrat es un ejemplo), permitía la entrada bajo palio al general golpista y criminal, ¿no intervino en estos tenebrosos asuntos? ¿Ni siquiera un poquito? ¿Y el Ejército? ¿Tampoco el Ejército del Generalísimo?
Según la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, fueron alrededor de 500 los niños y niñas nacidos durante el cautiverio-secuestro-tortura [2] de sus madres, niños, bebés en ocasiones, que fueron posteriormente entregados en adopciones ilegales con identidad cambiada. ¿Y cuántos de estos casos en España? ¿Sólo 500? ¿No fueron varios miles tal vez?
Si hubo, según todos los indicios, robo sistemático de niños durante el franquismo y sus largas postrimerías, ¿no hay nada que investigar? ¿De verdad? ¿No estamos hablando de crímenes de lesa humanidad? ¿Prescriben y pasamos página y gritamos «Viva La Roja»? ¿La Justicia española debe permanecer muda como si la cosa no fuera con nosotros? ¿Podemos llamar justicia al ocultamiento -sistemático también- de la verdad, al encubrimiento de la barbarie? ¿No hay aquí, entre nosotros, en archivos, documentos, comentarios, estudios y testimonios, un profundo y abismal pozo de ignominia? ¿Quiénes y qué instituciones están implicados?
El resto no puede ser silencio una vez más y por más tiempo.
PS: Hay ya un nombre, un nombre merecido y justo esta vez, aquel mismo que cantara hace años el malogrado Carlos Cano, para el próximo Premio Nobel de la Paz y la Justicia. ¿O repetirán el presidente Obama, en de las listas semanales de asesinatos, y Herr Doctor Kissinger, el cruel responsable de los asesinatos de Vietnam?
Notas:
[1] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-198062-2012-07-06.html y otras fuentes complementarias (El País, El Periódico, La Vanguardia,…)
[2] Según los registros oficiales, la dictadura militar argentina «hizo desaparecer» a unas 13.000 personas. Las organizaciones de derechos humanos y las izquierdas argentinas elevan la cifra a 30.000, más del doble, mucho menor, desde luego, que las cifras españolas.
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