La Asamblea por las Libertades y contra la Represión -que agrupa a 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales del País Valenciano- ha presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que declaró el sobreseimiento de la denuncia contra la delegada del […]
La Asamblea por las Libertades y contra la Represión -que agrupa a 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales del País Valenciano- ha presentado ante la Audiencia Provincial de Valencia un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que declaró el sobreseimiento de la denuncia contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, el Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, y los jefes de brigada de los diferentes operativos policiales, por los hechos acaecidos entre el 15 y el 21 de febrero de 2012, durante la huelga de estudiantes del Instituto Luis Vives y las movilizaciones posteriores.
Durante esos días se asistió en Valencia, afirman los letrados de la asamblea en el recurso, «a un ejercicio absolutamente desproporcionado de la fuerza por parte de los integrantes de la Unidad de Intervención Policial, con una violencia excesiva y desproporcionada, más que acreditada, que ha sido objeto de visionado a nivel mundial». Dados estos hechos, la Asamblea por las Libertades y contra la Represión presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción contra los supuestos responsables, políticos y policiales, por agresiones físicas y verbales de los agentes durante las cargas; identificaciones indiscriminadas de ciudadanos; ausencia de identificación policial y prevaricación de funcionarios públicos.
A pesar de las evidencias, el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia desestimó la denuncia. No consideró necesario, siquiera, abrir una investigación para aclarar los hechos. En el recurso de apelación, presentado esta semana por la asamblea ante la Audiencia Provincial, los abogados exponen como uno de sus pilares argumentales el informe preceptivo del Fiscal, en el que pese a coincidir con el juez en el sobreseimiento de las actuaciones, reconoce el «desacierto de algunas declaraciones» (en referencia a las palabras del jefe superior de Policía en las que calificaba de «el enemigo» a los manifestantes) y «la repulsa que puedan merecer las mismas (declaraciones), así como ciertos comportamientos individualizados» (en alusión a determinadas actuaciones policiales). El fiscal subraya, además, que «no consta que se impartiera instrucción alguna (…) a las distintas unidades policiales», afirmaciones de las que podría deducirse que las cargas de la Policía Nacional se efectuaron por mera voluntad de los agentes.
¿Se sostienen estos argumentos? La ausencia de órdenes superiores, argumento compartido por el juez de Instrucción y el Ministerio Fiscal, supondría -según se afirma en el recurso de apelación de la plataforma- «una quiebra del estado de derecho, del principio de jerarquía (….). Resultaría que la Unidad de Intervención Policial es una milicia que actúa por libre y según el criterio de cada mando policial (…)». Agrega el recurso que en ese supuesto, el Jefe Superior de Policía y la delegada del Gobierno «habrían hecho una absoluta dejación de funciones, lo que en sí podría ser constitutivo de un delito por parte de dichas autoridades».
Otra cuestión que se alega en el recurso es la falta de identificación por parte de los agentes, que tras algunas de las últimas manifestaciones y concentraciones (como «Rodea el Congreso» en Madrid o en la Plaza de Cataluña de Barcelona) se ha criticado con insistencia. De hecho, Amnistía Internacional ha denunciado que la ausencia de identificación de los policías «puede equivaler a un amparo de actuaciones que podrían ser calificadas de tortura, al dificultar la identificación de sus autores», se explica en el recurso.
En ese sentido, los letrados de las organizaciones sociales ponen de manifiesto que la Delegación del Gobierno no ha abierto ningún expediente sancionador por falta de identificación policial. Por el contrario, explican en el recurso de apelación, se han abierto cientos de expedientes sancionadores por la participación en concentraciones y manifestaciones durante la huelga de estudiantes del Luis Vives. Esto demuestra «la doble vara de medir de la delegada del Gobierno». Asimismo, los abogados de la asamblea califican de «broma» que el juez Instructor y la Fiscalía nieguen los daños ocasionados (no generaron «consecuencias lesivas», afirman) durante las cargas policiales, ya que «existen numerosos partes de lesiones y vídeos que demuestran lo contrario».
Según Fabiola Meco, una de las abogadas de la asamblea, «las actuaciones policiales podrían quedar sin sanción, en primer lugar, porque los juzgados no están actuando con el celo debido, al cerrar la vía de la investigación y no permitir que los denunciados se sienten en el banquillo; también queda sin sanción el hecho de que los policías queden sin identificar, con lo que se cierra una segunda vía de denuncia; al final, cegados estos canales, consiguen que el ciudadano tenga miedo de denunciar y que para hacerlo tenga que convertirse casi en un héroe».
¿Cuál es el balance represivo, 9 meses después, de la llamada primavera valenciana ? La Delegación del Gobierno ha abierto 240 expedientes sancionadores (vía administrativa), con multas que oscilan entre los 90 euros (a los menores de edad) y 300 euros (a los adultos). Gran parte de las multas están recurridas en la vía contencioso-administrativa. Muy pocas se han abonado hasta el momento. La Delegación del Gobierno utilizó en un principio una doble vía (la administrativa y la penal) contra estas 240 personas. De este modo se pretendía sancionar dos veces un mismo hecho. Pero las alegaciones ante el juez de los letrados de la asamblea, consiguieron paralizar esta estrategia. Los jueces finalmente han cerrado la vía penal aunque se mantiene la posibilidad de sanciones económicas para estas personas.
Con independencia de estos casos, por la vía penal se abrieron 80 procedimientos en la Fiscalía de Menores, que finalmente se han archivado. Además, hay varios imputados, la mayoría por supuestos delitos de desobediencia, pero también por agresiones a la policía y alteración del orden público. En los tres procesos que hasta el momento han tenido lugar, el juez ha declarado el sobreseimiento, aunque no total.
El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia también ha archivado tres de los seis procedimientos abiertos por las detenciones ocurridas en la comisaría de Zapadores. La asamblea afirma que en el traslado de los detenidos desde la puerta de la comisaría hasta los calabozos, «sufrieron golpes, detenciones y vejaciones por parte de los agentes». Ese día, además, la policía retuvo durante horas a cientos de personas en la puerta de Zapadores con la excusa de proceder a identificaciones. Según Ricardo Cano, abogado de la plataforma, la figura de la retención «no existe en el Código Penal español y así lo ha acreditado el Tribunal Supremo, por lo que la policía actuó de manera ilegal».
En términos generales, subraya Ricardo Cano, «en la ciudad de Valencia se da actualmente un cierto retroceso o parón en materia represiva, por ejemplo, en comparación con Madrid. Da la impresión de que el Ministerio del Interior está ensayando ante los diferentes escenarios posibles, de mayor grado de represión (huelga de mineros o el 29-S) a otros de menor intensidad; consideran que la misma política antirrepresiva ante todos los conflictos puede producir una escalada de las protestas, como se vio en las movilizaciones de la plaza de Cataluña; de hecho, tienen muy claro que sólo la represión salvaje no les sirve para cumplir con sus objetivos».
Cano añade que la vía que está siguiendo en mayor medida el Ministerio del Interior es «la de multas y expedientes sancionadores, con el objetivo de agotar a la gente, desgastarla y tenerla distraída en la presentación de recursos; piensan que mientras la gente esté centrada en recurrir, no saldrá tanto a la calle para protestar. El hecho de que hayan optado por esta vía se observa, por ejemplo, en el caso de Diego Cañamero y los activistas del SAT, quienes ya han recibido cientos de citaciones judiciales».
La Asamblea por las Libertades y contra la Represión surgió, en marzo de 2012, como respuesta a la represión de las protestas que siguieron a la huelga de los estudiantes del Luís Vives. Con el tiempo, la plataforma ha extendido su apoyo a cualquier ciudadano u organización que pudiera verse afectada por detenciones, multas u otras acciones represivas, a las que ofrece respaldo y asistencia jurídica gratuita; de hecho, además de a los estudiantes de la primavera valenciana , ha apoyado a miembros del 15-M y del movimiento ocupa, entre otros. Organizada en asamblea, en la plataforma participan también numerosas personas a título individual. Cada vez que se celebra un juicio en las dependencias de la Ciudad de la Justicia, el colectivo organiza una concentración frente a los juzgados para denunciar las políticas represivas y contribuir a la visibilización de cada caso.
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