En el Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés nos encontramos cada semana con casos de compañeros nuestros que sufren los abusos de las entidades gestoras de derechos de autor, SGAE y EGEDA. El perfil de la víctima suele ser siempre el mismo: persona migrante con escasos recursos, residente […]
En el Grupo de Trabajo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés nos encontramos cada semana con casos de compañeros nuestros que sufren los abusos de las entidades gestoras de derechos de autor, SGAE y EGEDA.
El perfil de la víctima suele ser siempre el mismo: persona migrante con escasos recursos, residente en el barrio de Lavapiés durante años, pero imposibilitada para acceder a permiso de residencia en España, se ve forzada a trabajar en la venta ambulante de cedés y deuvedés por las plazas céntricas de Madrid o a la salida de estaciones de metro e intercambiadores. La Policía le acosa y hostiga a diario por la calle, un buen día le alcanza, le roba su mercancía, le mete en sus inmundos calabozos durante 48 horas y, cuando no le envía preso al CIE de Aluche, le hace firmar un documento que no entiende y le pone en libertad. En los casos en los que los y las agentes no deciden quedarse con la mercancía y repartírsela entre sus familiares y amigas (algo especialmente común en las fechas próximas a las Navidades, al Día del Padre, etc.) la Policía Local remite una denuncia al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid e informa al Ministerio Fiscal, acusando al inmigrante de un delito contra la propiedad intelectual.
Las denuncias de la Policía suelen tramitarse en los juzgados como delitos, y las diligencias previas se realizan casi siempre en base a la comisión de un supuesto delito contra la propiedad intelectual y no de una falta administrativa. Queda a criterio del juez o la jueza de turno que se haga un peritaje del supuesto valor del material incautado y que el juicio penal pase a convertirse en un juicio de faltas o en una multa. En todo caso, y en el supuesto de que no vayan a la cárcel, la multa que nuestros compañeros se ven obligados a pagar es inaccesible para ellos. En el Grupo de Migración llevamos meses afrontando multas de 600, 900 e incluso más de 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Los receptores de esas cantidades abusivas son la SGAE o la EGEDA, cuyos abogados y abogadas se personan como acusación particular en los juicios contra nuestros compañeros migrantes. Aunque se consiga un pago aplazado de las multas, el hecho de tener que pagar 50 o 100 euros mensuales se convierte en una losa que impide salir de la precariedad más absoluta a nuestros vecinos. Si no pagan, existe el riesgo de que el juzgado emita una orden de busca y captura contra ellos (ya hemos conocido varios casos) y acaben dando con sus huesos en la cárcel, como estamos comprobando últimamente en el grupo de migración. Y lo que para nuestros compañeros migrantes es aún más grave: cada una de estas faltas, cada una de esas multas, se paguen o no, genera antecedentes policiales (si no penales), manchas en sus expedientes que implicarán indefectiblemente la revocación de cualquier solicitud de permiso de residencia por arraigo que intenten presentar en los próximos años.
Así pues, las sociedades de gestión de derechos de autor SGAE y EGEDA son directamente culpables de estas atrocidades que se cometen contra nuestros vecinos en situación más vulnerable. Aunque luego intenten lavarse la cara con colaboraciones con fundaciones de carácter «social» como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción [1] o financiando campañas para la prevención del cáncer infantil [2], en nuestro barrio comprobamos a diario que la SGAE y la EGEDA en realidad son crueles empresas directamente causantes de dramas humanos irreparables. Cada uno de nuestros vecinos convertidos en esclavos de por vida por haberse visto obligados a vender cedés piratas en la calle es una razón más que suficiente para ejercer un boicot consciente contra dichas entidades y contra todos las y los artistas que les ceden sus derechos y engrosan sus odiosas listas. Desde el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés creemos que no sólo son culpables de esta sinrazón los directivos, las abogadas o las caras más visibles de la SGAE y la EGEDA. Creemos que cualquier músico, cualquier director o directora de cine, cualquier artista que, sabiendo lo que les está pasando a nuestros compañeros migrantes por culpa de estas maquiavélicas entidades, debe plantarles cara y, cuando menos, borrarse para siempre de sus listas.
Recomendamos consultar también los siguientes textos que hemos elaborado para ampliar información sobre el tema:
Grupo Migración y Convivencia Asamblea Popular de Lavapiés – Diciembre 2012
Notas:
[1] http://www.egeda.es/EGE_MostrarNoticia.asp?NmNoticia=370
[2] http://www.fundacionautor.org/noticias/143/Prevencion-del-cancer-en-ninos