Las responsabilidades de los representantes políticos en cualquier sociedad son muchas y complejas pero probablemente ninguna de ellas es más importante que las relacionadas con el derecho a la salud. De ellas depende tanto nuestro bienestar como la longevidad de nuestro proceso vital. La Constitución española, la ley General de Sanidad y la Ley 8/2000 […]
Las responsabilidades de los representantes políticos en cualquier sociedad son muchas y complejas pero probablemente ninguna de ellas es más importante que las relacionadas con el derecho a la salud. De ellas depende tanto nuestro bienestar como la longevidad de nuestro proceso vital. La Constitución española, la ley General de Sanidad y la Ley 8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla La Mancha son claras a la hora de reconocer el derecho a la salud de los castellano manchegos y de arbitrar todo tipo de medidas en prevención de las enfermedades y promoción de la salud
¿Podemos estar satisfechos del grado de cumplimiento del derecho a la salud en Castilla La Mancha? Nos engañaríamos si nos mostráramos triunfalistas en el modo cómo el sistema de salud regional (lo mismo podríamos decir del resto de comunidades) viene gestionando el derecho a la salud conforme al nivel de conocimientos que hoy se tiene sobre los agentes que causan las enfermedades, el modo de prevenir estas y la salud en sentido positivo como estado de bienestar. Hasta hace poco más de un siglo, los humanos no tuvimos más opción que abordar la salud desde la enfermedad, haciendo todo lo posible por restablecerla. ¿Se imaginan que en la Edad Media nuestros antepasados hubieran sabido que las pulgas de las ratas transmitían la peste? Podemos estar seguros de que no se hubieran cruzado de brazos ante la posibilidad de prevenir la enfermedad a través de la desratización. Aunque es cierto que durante los años de democracia se han tomado medidas eficaces en la prevención de las enfermedades infecciosas, tenemos que afirmar que, por lo que se refiere a las enfermedades degenerativas (cardiovasculares, cáncer, autoinmunes, endocrinas, más del 90% de la morbimortalidad humana), estamos en una posición muy parecida a la del hombre medieval, con la diferencia de que ahora disponemos de la información sobre las causas de este tipo de enfermedades y el modo de prevenirlas. Aquí el objetivo no suele ir más allá del diagnóstico precoz (que se suele identificar perversamente con la prevención, creando falsas expectativas a la población sobre el alcance de este concepto). Y, sin dejar de reconocer el valor de esta práctica, a menudo el objetivo no es otro que medicalizar la vida de los ciudadanos el mayor tiempo posible.
Hoy la enfermedad debería estar considerada como un fallo en el sistema sanitario y no como el principio legitimador de su actuación. Por tanto, no es admisible que la jornada de los sanitarios en atención primaria se dedique casi en su totalidad a atender la demanda de morbilidad con la célebre pregunta: «¿qué síntomas tiene?». Entre nuestros sanitarios y nosotros los usuarios debería producirse un compromiso mutuo: nosotros deberíamos apoyarles en la defensa y mejora de su puesto de trabajo en la sanidad pública y ellos deberían mostrarnos más respeto y consideración cada día dedicando mucho más tiempo a la atención programada para la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud a través de la educación sanitaria, los programas de salud, estudios epidemiológicos, diagnóstico de factores de riesgo etc.. Este y no otro sería el mejor modo de blindar nuestra sanidad pública frente a las pretensiones del negocio privado, que no tiene nada que ofrecer en prevención y promoción (en la protección de nuestra salud) pero sí mucho que ganar en el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación.
¿Por qué nuestro sistema público no defiende la salud desde la prevención y la promoción si se conocen las causas de las enfermedades degenerativas y el modo de impedir o retrasar su aparición, son procesos más baratos que la curación y la rehabilitación y, además, nos permitiría mayor calidad y años de vida? Sólo hay una razón por la que nuestra sanidad pública no hace lo correcto: el negocio privado. Debería ser suficiente este dato para que cualquier ciudadano sintiera verdadera fobia hacia el negocio privado en todo lo relacionado con la salud. Por si alguno anda un poco despistado sobre cómo el negocio privado está determinando que nuestro sistema sanitario público siga siendo manifiestamente mejorable, pondré un ejemplo: el gasto farmacéutico. ¿Acaso no es cierto que los medicamentos que se recetan en los centros sanitarios públicos son fabricados y comercializados por empresas privadas, algunas tan gigantescas como Bayer, Aventis, Novartis o Monsanto? Nada menos que en 5000 millones de euros (casi un billón de las futuras pesetas, que diría Wyoming) podría cifrarse el ahorro farmacéutico en España si se actuara correctamente. Los incentivos económicos (por decirlo suave) que las grandes corporaciones farmacéuticas dan al personal y directivos sanitarios por recetar sus fármacos tienen parte de culpa de que apenas se haga nada en prevención, se prescriban los medicamentos más caros «al primer síntoma» (como dice la tele), no se usen adecuados instrumentos de diagnóstico en las consultas o que la población sienta verdadera devoción por tratamientos que muchas veces no influyen en la curación y otras provocan efectos secundarios.
¿A dónde nos conduciría la privatización de la gestión pública en Castilla La Mancha? A donde conduce todo negocio privado: a la maximización de beneficios. Aquellos que piensen que el negocio privado quiere ampliar su presencia en la sanidad pública o sustituir a esta para mejorar nuestra salud y abaratar el coste sanitario es que está todavía en el primer hervor. Ahora la pregunta es: ¿cómo se maximiza la rentabilidad en el negocio sanitario privado? Dado que sólo la enfermedad y la rehabilitación son negocio, la respuesta no puede ser más sencilla: fomentando los hábitos de vida poco saludables. ¿Con qué país asociaría la comida basura (Mcdonalds, Burguer King), las bebidas nada recomendables (Coca cola, Fanta, Pepsi) o las marcas de tabaco más prestigiosas (Winston, Marlboro)? Premio para el caballero: USA, la nación que ha hecho más concesiones al negocio sanitario privado, que se muestra más tolerante con las empresas que perjudican la salud, que más gasta en sanidad con diferencia, que tiene una de las poblaciones con más enfermos crónicos y que cuenta con una esperanza de vida menor a la de Cuba, una nación del tercer mundo pequeña, pobre, con sanidad pública integral, vilmente asediada por aquella y que gasta menos de la décima parte por habitante. Por tanto, permitir en España que la sanidad se vaya privatizando significaría que los hábitos de vida de los españoles serían cada día menos saludables y significaría también que la actuación de los servicios sanitarios públicos con gestión privada se limitaría exclusivamente a atender la enfermedad y rehabilitar al enfermo.
Supongamos que cualquiera de las compañías privadas de Castilla La Mancha fuera adjudicataria de la gestión de centros de salud en la comunidad, ¿alguien piensa que el personal de esta empresa dedicaría ni 5 minutos a la educación sanitaria de la población o a hacer programas de salud dirigidos a la prevención de las enfermedades? Su único objetivo (como es típico de la economía privada) sería maximizar beneficios (facturar la mayor cantidad posible al menor coste), de ahí que las experiencias puestas en marcha en la Comunidad Valenciana, Comunidad Madrileña y Cataluña estén disparando el gasto y haciendo inviable el proyecto bajo el modelo sanitario actual (el objetivo último para que pudiera funcionar tendría que ser la privatización total de la sanidad para que no existiera competencia «desleal» del sector público, dejando quizá un servicio residual dedicado a la beneficencia y grupos especiales, como el Medicare y el Medicaid norteamericanos). Sumemos a lo dicho una situación de oligopolio que elimine la competencia para que las compañías puedan cobrar las facturas más abultadas y para que los protocolos de actuación permitan derivar a la beneficencia o a su suerte a los enfermos crónicos y ancianos o la realización de pruebas de diagnóstico y tratamientos innecesarios y tendremos el cuadro perfecto de lo que es la maximización de rentabilidad en el negocio sanitario. Como resultado, en Estados Unidos los ciudadanos viven en estado de pánico ante la posibilidad de enfermar si están entre los 50 millones de excluidos o han perdido el trabajo y con ello el seguro médico. Una simple operación por rotura ósea puede costar más de 60.000 euros. Con mucha frecuencia, es la causa de que la gente se arruine, tenga que vender la casa o se endeude con el banco de por vida. Obama prometió un sistema público como el canadiense o el francés, pero el poder de las grandes corporaciones del sector es tan grande, que hoy están amenazados de muerte el Medicare y el Medicaid, ya que, como sistemas públicos, mucho más eficientes y sin ánimo de lucro, le hacen una «competencia desleal» a la medicina privada. Aquellos que quieran vivir en el infierno que apoyen las nuevas medidas privatizadoras y los que quieran un sistema sanitario público sin ánimo de lucro y centrado en velar por la salud que apoyen las iniciativas del personal sanitario y movimientos sociales en la defensa y mejora del sistema público universal gestionado públicamente.
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