El ascenso político latino

«Siempre os darán lo mínimo, lo peor que puedan ofrecer» Malcolm X

Obama y el Senado presentaron en las últimas semanas sus propuestas de reforma migratoria, y varias voces han recordado las luchas por los derechos civiles de los años ’60. En principio, la analogía no está mal traída: hay más de 11 millones de ilegales que viven, trabajan y pagan sus impuestos en los EE UU, pero que no pueden votar ni recibir prestaciones o servicios sociales, viven bajo la amenaza permanente de la deportación y carecen de voz y representación en la vida civil y política del país.

En las últimas elecciones los hispanos superaron la barrera simbólica del 10% del electorado, y Obama ganó el voto latino por más de 40 puntos. Los republicanos, se dice, han comprendido que dada la evolución demográfica del país su ­discurso sobre inmigración es un suicidio a cámara lenta. De ahí la voluntad de transigir, y el consenso emergente en Washington para orientar el debate hacia un sistema de regularización a varias velocidades, con un proceso largo y selectivo que incluya: el pago de impuestos atrasados, una multa por haber violado las leyes federales, exámenes de inglés y de historia americana, una revisión exhaustiva de antecedentes y el reforzamiento de los programas para sellar la frontera y neutralizar el efecto llamada.

El sueño americano 2.0

Ese consenso se cubre con una mezcla ideológica de derechos civiles y sueño americano para apelar a las bases moderadas tanto del partido demócrata como del republicano. Nada sintetiza ese espíritu como la figura de los dreamers: jóvenes ilegales que llegaron al país siendo niños, y que según la propuesta de Obama podrán obtener la ciudadanía matriculándose en la universidad o sirviendo en el Ejército durante dos años. La reforma se presenta así como una exigencia moral que, sin violar ninguno de sus principios, reactualiza el imaginario político de la constitución americana: libertad individual, derechos políticos y prosperidad económica. Claro que es difícil conjugar ese discurso con el millón largo de personas que fueron deportadas durante el primer mandato de Obama, o con los 5.000 niños que viven en centros de acogida porque sus padres han sido deportados. Tampoco encaja con las medidas que varios Estados sureños, alentados por el Tea Party, han puesto en marcha contra los migrantes, y que hacen casi imposible alquilar una vivienda o abrir una cuenta bancaria, además de establecer controles sistemáticos de inmigración en calles, carreteras y colegios. En un país donde el 98,5% de la población desciende de inmigrantes, hasta hace poco la represión de los ilegales era una apuesta política más o menos segura.

Estas paradojas hacen sospechar de la repentina sensibilidad moral con la que Washington aborda ahora la cuestión. Los ilegales son una bolsa de mano de obra barata para varios sectores económicos fundamentales (construcción, minería, agricultura, restauración, limpieza, jardinería, cuidado de niños y ancianos) que permite esquivar los requisitos de la legislación laboral, sobre todo el salario mínimo. Es lo que se vio en Alabama, por ejemplo, cuando la aprobación de una ley ultrarrestrictiva provocó un éxodo de ilegales: ante la escasez de mano de obra en el campo, el Estado tuvo que sustituir a los ilegales con presos para salvar la cosecha.

Otro dato relevante: el mercado de trabajo estadounidense demanda medio millón de trabajadores poco cualificados al año, y sin embargo el Gobierno concede menos de 5.000 visados para esa categoría. Los ilegales no son un accidente histórico, sino el necesario reverso de la economía norteamericana: un factor de producción flotante, intercambiable, flexible, desprovisto de voz política, derechos sociales y mecanismos legales para conseguirlos.

¿Cómo explicar, pues, la reforma? Por una victoria de los latinos sobre su propia vulnerabilidad. Su movilización constante, anclada en la solidaridad entre legales e ilegales, les ha otorgado (aún a coste de una represión intensa) un poder social creciente y bien articulado. Las manifestaciones de 2006, cuando millones de personas tomaron las calles de todo el país, expresaron la realidad política de esa clase trabajadora hasta entonces reprimida y sublimada en el imaginario del sueño americano, esa pirámide sin base donde todos somos clase media. Con las elecciones, Obama y los republicanos moderados han comprendido que es el momento de actuar, de amortiguar ese crecimiento político: la reforma es por ello una gran victoria, pero no agota ni mucho menos su potencial. De ahí el interés de la analogía con el movimiento por los derechos civiles.

‘The ballot or the bullet’

El 3 de abril de 1964, meses después del asesinato de Kennedy y con la ley de Derechos Civiles esperando ser discutida en el Senado, cientos de personas se agolpan en una iglesia de Cleveland para escuchar a Malcolm X. Su discurso, una demolición del inconsciente cultural americano que lleva el título de «The ballot or the bullet» («El voto o las balas»), expone los principios básicos del «nacionalismo ­negro», un proyecto de autogestión política, económica y social para la comunidad afroamericana. Malcolm explica que la segregación no es un problema de discriminación racial, sino un dispositivo de gobierno y explotación económica, y que por eso no basta con arrancar concesiones: «El hombre blanco tiene más miedo a la separación que a la integración. La segregación te separa de ellos, pero no lo suficiente como para estar fuera de su jurisdicción. La separación quiere decir que te has ido, que ya no estás bajo su control». La separación no es un concepto espacial: es una idea de autonomía, es el negativo del concepto de libertad que encumbra el sueño americano y que podría, tal vez, resucitar en el ascenso político de los latinos.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/ascenso-politico-latino.html