El Gobierno del Estado español, basándose en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/2012, que consagran el mandato neoliberal de la UE de imponer la denominada «estabilidad presupuestaria» como principio rector de todas las políticas, amenaza actualmente con eliminar las Entidades Locales Menores (ELM), mediante el «Proyecto de […]
El Gobierno del Estado español, basándose en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/2012, que consagran el mandato neoliberal de la UE de imponer la denominada «estabilidad presupuestaria» como principio rector de todas las políticas, amenaza actualmente con eliminar las Entidades Locales Menores (ELM), mediante el «Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local» aprobado en el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013.
Estas entidades de ámbito territorial inferior al municipio bajo diversas denominaciones (juntas vecinales, concejos, anejos, pedanías, parroquias rurales tienen la consideración de entidad local, con personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias:
a) La administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.
b) La vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos.
La distribución geográfica de las ELM en el Estado español revela una extremada concentración de las mismas en el noroeste peninsular, de modo que sólo la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con 2.231 Juntas Vecinales de las 3.725 registradas, lo que representa el 60%. De estas 2.231, en León hay 1.234, el 33,12% de todo el Estado y el 55,31% de la Comunidad Autónoma.
Las ELM poseen bienes comunales (territorio de bosques, pastos, montes y cursos de agua) que pertenecen a todos los vecinos y vecinas del pueblo y de cuyos recursos e ingresos disfrutan y acceden todos por igual. En el conjunto del territorio del Estado español, estas tierras comunales suman 3,5 millones de hectáreas.
Históricamente se regían mediante concejo abierto, una asamblea de todos los vecinos y vecinas donde se debatían y gestionaban los asuntos del pueblo. En la actualidad una junta vecinal representativa es elegida entre los vecinos y vecinas censados, a partir de listas organizadas por los partidos políticos. La junta vecinal tiene la competencia de convocar al concejo. Los miembros de las juntas vecinales ejercen su cargo de forma absolutamente gratuita.
La cercanía entre representantes y representadas y el carácter asambleario del concejo facilita la participación y la democracia de base entre la gente de los pueblos, pero la dinámica de delegación por el voto, el pernicioso control ejercido por los grandes partidos políticos y la pérdida de la costumbre de la intervención en los asuntos públicos por la extensión a la población rural de una visión y actitud individualista más propia medio urbano, así como el abandono masivo de la población del medio rural en los últimos 40 años, ha limitado la potencialidad de un desarrollo de la democracia de base en estas entidades. Hay que reconocer que muchas de ellas se han asimilado al modelo de vida política y social de los municipios, abandonando las que han sido formas tradicionales de organización sociopolítica y autogobierno popular.
Pero esta caracterización no es homogénea para todo el territorio del Estado. Donde se han desarrollado resistencias populares a las políticas de la Transición (Constitución del 78, elecciones y bipartidismo), p. e. en el País Vasco, los concejos han conservado su vigencia y sus atribuciones de gobierno de la comunidad, siendo la junta – a la que no se concurre en listas de partidos sino en listas de vecinos – el órgano ejecutivo responsable de implementar los acuerdos del concejo.
La aprobación de esta Ley supondrá cuatro grandes hachazos para las juntas vecinales y las pequeñas comunidades rurales del norte peninsular:
1. La pérdida de su personalidad jurídica como entidad local autónoma.
2. El expolio del patrimonio de los pueblos, que pasará a los Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas, según los casos, y la indefinición legal en cuanto a la titularidad de sus bienes comunales.
3. La pérdida de la capacidad de decisión vecinal sobre la gestión de ese patrimonio y bienes (montes, pastos, cotos de caza, edificios comunitarios, etc.) deja vía libre a los macro-negocios que puedan hacerse con esos recursos comunales, «favoreciendo la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas» (según la «Exposición de motivos», cuarto objetivo básico del Proyecto de Ley); es decir, impide que la junta vecinal o el concejo (al defender intereses no mercantilistas) puedan vetar dichos macro-negocios.
4. La probable privatización o gestión externa de algunos servicios básicos y esenciales para los pueblos, como el abastecimiento de agua, cuyo modelo de gestión lo decidirían las Diputaciones según criterios de eficiencia y rentabilidad económica.
El mundo rural no ha generado esta crisis. Las juntas vecinales y concejos del norte peninsular no tienen deudas; los alcaldes y alcaldesas pedáneos no cobran un euro por su dedicación, su trabajo y sus esfuerzos; la gestión que realizan es racional, eficiente y no despilfarradora.
El Gobierno del Estado, que ya cuenta con las leyes para garantizar el pago de la deuda (art. 135 de la Constitución reformado y la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que lo desarrolla), promueve un Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que no es sino un intento de trasladar el programa neoliberal al ámbito rural donde perviven relaciones sociales precapitalistas o al menos no netamente mercantiles.
Las necesidades del capital en este contexto de la crisis, le empujan a intentar extraer plusvalía de todo lo que aún se haya mantenido en cierto modo no determinado por las estrictas relaciones capitalistas. Así lo estamos viviendo con servicios públicos tan imprescindibles socialmente como la sanidad y la educación que están siendo privatizados.
Y con este Proyecto de ley se pretende el mismo tipo de intervención en el ámbito rural. Utilizando el pretexto de superar el déficit o de cuadrar las cuentas públicas de los ayuntamientos, facilitar la venta y privatización del patrimonio comunal de las juntas vecinales y de los pueblos.
Podíamos hablar del objetivo del capital de «valorizar» también el mundo rural, es decir, transformar el valor de uso propio de la gestión comunal, en la que los vecinos y vecinas se benefician, pero no ganan, en valor de cambio resultante de la venta y privatización del patrimonio comunal. Estamos ante otra desamortización de los comunes en la línea de las que conocemos del siglo XIX. Como ha señalado el profesor de la Universidad de Salamanca Valentín Cabero: «No podemos tolerar que, bajo el amparo de esta reforma injusta, y en el contexto de una crisis financiera ajena al mundo rural, los grupos oligárquicos y corporativos se apoderen y se beneficien de las plusvalías naturales, culturales y agroalimentarias pertenecientes por derecho, por trabajo y por historia al mundo rural».
En definitiva, de aprobarse y llevarse a efecto, esta Ley privará a los pequeños pueblos de la titularidad de su patrimonio comunal, incapacitándolos para que gestionen de manera democrática y directa sus propios recursos, cercenando siglos de organización y funcionamiento vecinal ejemplar a través de los concejos.
En Red Roja pensamos que en este contexto de crisis general del capitalismo corresponde defender la autonomía de los pueblos frente al centralismo, la soberanía de sus concejos frente al caciquismo, la de sus bienes comunales frente a quienes promueven su expolio, la cultura popular frente a la pérdida de identidad, los servicios públicos básicos frente a su supresión o privatización, servicios públicos que tanto cuesta conseguir para el medio rural y por los que hay que luchar de continuo: escuelas, urgencias médicas, transporte, carreteras en buen estado, unidades veterinarias…
Los pueblos y las clases populares históricamente han aprendido la necesidad de organizarse para su supervivencia frente a las agresiones del poder. En este caso toca defender un mundo rural vivo frente a tantos y tantos abusos y agresiones, frente a su muerte por despoblamiento, planificada y fomentada por decisiones políticas y medidas legales como este Proyecto de Ley.
Nos sumamos a los colectivos en lucha por que las juntas vecinales mantengan su estatus jurídico actual, defendemos la gestión vecinal, democrática y participativa de los pueblos a través del concejo abierto y la inalienabilidad de sus bienes comunales como forma de gestión colectiva del territorio y sus recursos más básicos.
¡No al expolio de nuestros pueblos!
¡No a la supresión de las Juntas Vecinales!
¡VIVAN LOS CONCEJOS!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.