El uso y la distribución de imágenes de policías supondrá una infracción «muy grave», castigada con hasta 30.000€ de multa. Con ello el gobierno pretende evitar que los antidisturbios que cometen abusos y apalean ciudadanos en las calles, puedan ser denunciados públicamente. Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos […]
El uso y la distribución de imágenes de policías supondrá una infracción «muy grave», castigada con hasta 30.000€ de multa. Con ello el gobierno pretende evitar que los antidisturbios que cometen abusos y apalean ciudadanos en las calles, puedan ser denunciados públicamente.
Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa «grave» sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
En el redactado también se contempla como infracción «muy grave», sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.
Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales, denunciando así actuaciones como las del 25S, el 15M en Barcelona, las Jornadas de las JMJ, la Primavera Valenciana, las diferentes huelgas generales de los últimos tres años y tantos otros casos de abusos y violencia policial contra la ciudadanía, en muchas ocasiones por mero capricho sádico del policía en cuestión o actuando contra menores de edad sin el menor miramiento. Subir públicamente las imágenes de tales acciones podrá salir muy caro a partir de ahora.
El estado quiere así garantizar la impunidad de aquellos que estarán encargados de reprimir al pueblo y velar por los intereses de las clases dirigentes a cambio de unos pocos miles de euros al mes, asegurando que estos podrán actuar con total libertad y la ciudadanía no tendrá siquiera derecho a denunciarlo públicamente, a través de las redes sociales u otro tipo de medios del estilo por el cual son habituales estas imágenes de denuncia de los abusos represivos. Lo propio, por supuesto, de todo estado totalitario: primero reprime y después actúa contra quien se atreve a denunciar y hacer pública, con pruebas, tal represión.
Objetivo principal: silenciar las protestas sociales
En total hay 21 infracciones consideradas «muy graves» y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará «muy grave», así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear –objetivo muchas veces de movimientos ecologistas– o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.
En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto, no obstante, según el Ministerio, no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Levantar barricadas también será considerada una infracción «grave».
Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como ‘Ley Corcuera’ de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Aquella ley ya fue anulada parcialmente por el Constitucional al violar derechos fundamentales. Con la nueva ley, posiblemente acabe ocurriendo algo similar. Salvo que el propio constitucional acabe decidiendo que ya es hora de acabar con toda ilusión de falsa democracia en el estado, y haya llegado el momento de dejar a la vista de todo el mundo su carácter represor y totalitario al servicio de los privilegios de una élite dominante, sin ocultaciones ni medias tintas.
