Las principales víctimas del uso de armas de fuego en Estados Unidos se concentran en zonas marginales pese al énfasis que reciben esos hechos de violencia en centros de estudios y zonas alejadas de la pobreza, donde predominan los blancos, indican estudios y estadísticas.
David Cole, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, al abordar el problema de las armas, centro de controversia en el país, señala que «esta realidad se concentra en las zonas marginales, entre los pobres y las víctimas son negros e hispanos muy jóvenes», en la mayoría de los casos.
Un informe de la organización Children’s Defense Fund, de 2012, muestra que 44.038 niños y adolescentes negros murieron desde 1979 a causa de estos artefactos, una cifra que ilustra el fenómeno. Ese grupo sostiene que el homicidio por armas de fuego fue la principal causa de muerte entre los jóvenes negros de entre 15 y 19 años, quienes además tienen ocho veces más probabilidades de ser víctimas de estos ataques que los jóvenes blancos.
El debate sobre el control de estos artefactos se calentó en Estados Unidos cuatro meses después de la masacre en una escuela de primaria de Sandy Hook, en el estado de Connecticut, en la que murieron 20 niños y seis adultos. Recientemente un tiroteo acabó con la vida de una niña negra en Chicago, unos días después de que la menor participara en el acto de inauguración del segundo mandato del presidente estadounidense Barack Obama.
Cifras de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS, por sus siglas en inglés) indican que entre 1980 y 2008, los negros representaron de forma desproporcionada tanto las víctimas como los atacantes en los casos de homicidios. Al respecto, un estudio del Centro de Políticas contra la Violencia (VPC, por sus siglas en inglés) aireó estadísticas federales de 2010, las cuales indican que en ese año los negros representaron un 13% de la población estadounidense, sin embargo resultaron el 49% del total de víctimas de homicidios.
El informe plantea también que un negro en el país tiene seis veces más posibilidades de ser víctima de un homicidio que un blanco, aunque también -por las condiciones de marginalidad y pobreza en las cuales vive esa minoría-, sus miembros son siete veces más proclives a convertirse en homicidas que un ciudadano blanco.
A la luz de los actuales debates en el país, algunos activistas comunitarios plantean que la mayoría de los estadounidenses no se preocupan por este tema, porque no viven en zonas marginales y la tendencia es a mirar para el otro lado y no preocuparse del tema. Un reciente comentario publicado por el diario californiano La Opinión plantea que en los barrios latinos y afroamericanos, la cantidad de muertes inocentes, jóvenes y niños, que ocurre cada año es muchas veces mayor a la ocurrida en la tragedia de la escuela de Newtown, Connecticut, en diciembre.
Cada año 30 mil personas mueren en Estados Unidos víctimas de armas de fuego. En 2011, sólo en California, murieron 631 jóvenes en actos violentos con armas, 55 por ciento de ellos eran latinos. La comunidad blanca anglosajona de Estados Unidos es la que tiene más armas de fuego legales en el hogar, pero los que ponen la más alta tasa de víctimas son las minorías afroamericana y latina, indican estudios.
Cifras de Pew Research Center aseguran que el 31% de la comunidad blanca tiene armas legales, frente a solo 15% de los afroamericanos y 11% de los latinos y quizás, por ese precedente, sean quienes más se oponen a los controles. Las estadísticas comprueban que el debate más candente y las denuncias más vociferantes en torno a las armas y el derecho de portarlas que otorga la Segunda Enmienda de la constitución, se dan principalmente en la comunidad anglosajona y las consecuencias de su uso se procuran en otras.
En ese sentido las tendencias muestran, tal vez por eso, que líderes afroamericanos han encabezado por décadas la lucha por regular las armas de fuego y asimismo, las cifras evidencian, en el caso de la población latina, un apoyo más grande a una mayor reglamentación que en el resto de la población.
Las minorías raciales han tenido, históricamente, menos acceso a las armas legales que la mayoría blanca en Estados Unidos, apunta Stephen Nuño, profesor asistente de política y asuntos internacionales en la Universidad del Norte de Arizona. Muchas leyes y reglamentos de armas se hicieron especialmente para restringir el acceso de las minorías a las mismas, considera Nuño, algo que también puede ser un medidor racial del problema.
Por ejemplo, sostiene Nuño, en muchos estados del sur había que entrevistarse con el sheriff o policía local para recibir un permiso de tenencia de armas. La posibilidad de dárselo a afroamericanos era mucho menor que a blancos, subraya.
El 17 de abril, 41 senadores republicanos y cuatro demócratas mataron un proyecto de ley para ampliar la verificación de antecedentes de los compradores de armas, según el diario The New York Times, «la última y mejor esperanza de legislación significativa para reducir la violencia armada».
En el festín de los legisladores, como algunos llamaron a la acción, 60 rechazaron la aprobación de una prohibición de las armas de asalto, mientras 54 votaron en contra de limitar la capacidad de los depósitos o cargadores de bala para armas de asalto en manos de la población. Con anterioridad, grupos partidarios de aumentar el control de las armas celebraron una vigilia en Washington en la que recrearon un cementerio con 3.300 cruces, en representación de las personas muertas en el país por armas de fuego desde diciembre.
En el lado contrario, quienes se oponen a nuevas restricciones alegan que la Constitución estadounidense prohíbe que el Congreso limite la venta de armas. Aunque no se plantea en los debates, el tema de las armas en el país también tiene un trasfondo racial.
Niñez estadounidense víctima de la violencia
Lejos estaban de imaginar los padres de Andy López, un niño hispano de 13 años, que este caería víctima de los disparos de la policía de Santa Rosa, en el californiano condado de Sonoma (oeste del país) por portar como juguete una réplica de un fusil de asalto. El hecho llevó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a planear una investigación sobre el caso de los dos policías que mataron con siete disparos al chico, pese a que las autoridades de esa localidad hacen su propia investigación.
El FBI tratará de encontrar pruebas para ver si se violaron leyes federales, incluidos los derechos del joven. López, de padres mexicanos, recibió siete disparos, dos de los cuales le provocaron heridas fatales, según la autopsia llevada el 24 de octubre.
El hecho ocurrió la tarde del martes 22, cuando dos asistentes del alguacil del condado de Sonoma patrullaban un barrio del suroeste de Santa Rosa cuando vieron a López caminando con lo que les pareció ser un fusil AK-47. Tal vez por el ambiente creado por hechos de violencia usando armas de fuego, los policías pidieron refuerzos y ordenaron repetidamente al adolescente que tirara el arma al suelo, tras lo que López, que estaba de espaldas, se giró hacia ellos.
Ese día el teniente de la policía de Santa Rosa, Paúl Henry, en un comunicado, dijo que «uno de los agentes describió que a medida que el sujeto se giraba hacia él, el cañón del rifle de asalto se estaba alzando y enfocando en su dirección». «El agente, alegó, temió por su seguridad, la de su compañero y la de los miembros de la comunidad residentes en el área. Creía que el sujeto iba a dispararle a él o a su compañero».
Tras balear al niño, los agentes lo esposaron para posteriormente suministrarle primeros auxilios, momento en que se dieron cuenta de que el rifle era una réplica de un arma de asalto y que López llevaba además una pistola de plástico adherida a su cinturón. El hecho aún no alcanza los grandes medios de prensa del país, ni escritos ni televisivos, pese a que más de 300 personas de lo localidad manifestaron en Santa Rosa pidiendo justicia para López, nacido en California pero hijo de inmigrantes mexicanos.
Este no es un incidente aislado en el país, donde los niños son víctimas de un problema de fondo como es el uso y tenencia de las armas de fuego, tema que mantiene polarizado al Congreso y a la sociedad estadounidense, en especial por la interpretación de los llamados derechos constitucionales a portar armas.
El 24 de octubre otro caso puso en evidencia la crisis cuando un niño de 11 años compareció ante una corte estadounidense bajo sospecha de intento de asesinato, tras llevar a la escuela un arma con 400 rondas de municiones. El presunto homicida supuestamente llevó además «múltiples» cuchillos a la escuela Frontier de Vancouver, un pueblo en el estado de Washington, en el extremo noroeste del país.
«Un niño de 11 años fue interrogado por detectives y luego arrestado bajo el cargo de intento de asesinato», indicó un comunicado de la policía local. Según medios de prensa ese fue el último de una serie de incidentes protagonizados por escolares en Estados Unidos y que, solamente en esa semana, causaron cuatro muertos.
El 21 de octubre un niño de 12 años disparó y mató a su profesor en la escuela Sparks en Nevada (oeste). También hirió a dos compañeros antes de suicidarse. El miércoles 23 de octubre, una profesora de 24 años murió presuntamente a manos de un adolescente de 14 en la escuela secundaria Danvers de Massachusetts.
Aunque opacados por los debates en el Congreso por la aplicación de la ley de Salud y las repercusiones de las filtraciones del espionaje contra 35 dirigentes extranjeros de la Agencia Nacional de Seguridad, los incidentes echaron más leña al fuego sobre el control de armas.
Una larga fila de incidentes, incluyendo la masacre de diciembre de 2013 en Newtown (Connecticut, este), donde murieron 26 personas, entre ellas 20 niños pequeños, no terminan de convencer a los estadounidenses de los peligros de las armas en manos de la población. Mientras el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle mueve sus influencias en el Congreso, donde argumentan que la disponibilidad en el mercado de armas de fuego no es la culpable de tales tragedias.
Para estos sectores no son representativas masacres como la de la secundaria Columbine, en Colorado, donde los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold, mataron en abril de 1999 a 13 personas e hirieron a otras 23, tal vez en el hecho más notorio de violencia que involucró a adolescentes en el país.
Tal vez la comparecencia en un subcomité judicial del Senado de Sybrina Fulton, la madre de Trayvon Martin, un jovencito de 17 años muerto por los disparos del ex vigilante voluntario George Zimmerman, en Florida, traiga a colación estos hechos de violencia donde jóvenes y niños son los más perjudicados.
En julio, Zimmerman fue absuelto por el asesinato Martin, quien estaba desarmado porque la ley de Florida da protección para que una persona pueda usar la fuerza mortal si hay una amenaza que se percibe sin necesidad de retirarse.
La audiencia titulada Stand Your Ground (mantener tu posición) Leyes: Derechos Civiles y repercusiones de seguridad pública de la ampliación del uso de la fuerza letal, pudiera reabrir el debate en el Congreso sobre algo que polariza a los estadounidenses y cuya solución no se ve al doblar de la esquina. El caso de López muestra que hasta los juguetes atemorizan a los policías, quienes disparan primero y luego averiguan aunque las víctimas sean niños.
Peligroso ser un joven latino o afroamericano en California, EE.UU.
Ser joven afroamericano o latino puede resultar peligroso hoy en algunos condados de California, debido al incremento de la tasa de homicidios de ese sector poblacional en ese estado de la costa occidental de Estados Unidos. Una reciente investigación reveló que el homicidio es la causa principal de muerte de los jóvenes de 10 a 24 años de las consideradas dos principales minorías en el país en condados rurales y suburbanos como Monterrey, Alameda y San Joaquín.
Los integrantes de esos grupos corren más riesgo de ser asesinados con un arma de fuego, indicó el estudio del Centro de Política en Contra de la Violencia. Si se compara a Estados Unidos con otras naciones desarrolladas, los jóvenes tienen 42 veces más probabilidades de morir asesinados principalmente con armas de fuego, destacó la pesquisa.
Estadísticamente, los muchachos en Monterrey tienen más del doble de probabilidades de morir asesinados que en la ciudad de Los Ángeles. La mitad de los homicidios son cometidos por personas extrañas al fallecido, una tercera parte por un conocido y el resto de muertes están relacionadas con actividad de pandillas, comentó el diario californiano La Opinión.
Josh Sugarman, director ejecutivo y coautor del examen, explicó que existe una relación directa entre la disponibilidad de armas de fuego en la población y los homicidios. Según el estudio, el 59% guarda relación con actividades de pandillas, datos que revelan que la mayoría de las muertes no sucedieron mientras se cometía otro delito, sino que ese era el objetivo, señaló Sugarman.
Las pandillas son un problema en California y este estudio lo confirma, pero no son el único, indicó el rotativo. Debe analizarse qué sucede en las diferentes localidades para buscar soluciones adecuadas a los problemas sociales, pues la comunidad tiene que involucrarse y ser parte de la solución, aseveró Sugarman.
Más de cinco mil jóvenes en San Diego, California, la mayoría de origen hispano, cargan hoy con antecedentes penales por su vínculo con pandillas y delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas, destacó el periódico. El 76% de quienes presentan cargos están involucrados con alguna de las 170 bandas que operan en el condado con unos 7.700 miembros, lo cual constituye un problema de seguridad pública en la zona, indicó recientemente un reporte de la Asociación de Gobiernos de San Diego.
El hecho de que más menores latinos sean juzgados hoy como mayores por el sistema judicial californiano muestra la discriminación contra esa minoría en un territorio donde los hispanos representan el 38% de la población. Datos de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia, señalan que de 2008 a 2010 el 59,8% de los sancionados como si fueran adultos fueron adolescentes latinos, en especial en Los Ángeles.
El autor es eriodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.