Esta es la contestación que recibió el otro día Emilio Silva por parte de un policía (¿antidisturbios?) cuando fue retenido a empellones y sancionado en las cercanías de la Audiencia Nacional a la hora en que se les comunicaba la petición de extradición a Billy el Niño y al Muñecas, acusados de torturas y reclamados […]
Esta es la contestación que recibió el otro día Emilio Silva por parte de un policía (¿antidisturbios?) cuando fue retenido a empellones y sancionado en las cercanías de la Audiencia Nacional a la hora en que se les comunicaba la petición de extradición a Billy el Niño y al Muñecas, acusados de torturas y reclamados por la justicia argentina. El motivo, ejercer sus derechos de ciudadano, facilitar información sobre las actividades de los extraditables a la prensa extranjera, manifestarse junto a un nutrido grupo de víctimas de la dictadura y expresar su apoyo a estas. Un ciudadano no puede ya pedir explicaciones de los abusos que padezca.
«Cuéntaselo a Garzón». ¿Propia de un chulo la expresión? Sí, sin duda, pero no solo eso, no solo esa expresión chulesca de desprecio es una prueba flagrante de la falta de consideración y elemental cortesía con que trata la Policía a los ciudadanos que en la calle osan abrir la boca, defender sus derechos y no agachan la cabeza, porque de eso se trata, de agachar la cabeza. Someter y humillar: políticas del Gobierno. Pero hay algo más, algo que ejemplifica bien el momento que se está viviendo en este régimen policiaco: la Policía puede hacer con los ciudadanos lo que le dé la gana, sin que a estos les quepa otro recurso que el muy dudoso y muy costoso de las reclamaciones administrativas o penales, condenadas casi de antemano a dar en nada o en poca cosa. Son tantos los ejemplos que resulta inútil reseñarlos.
Por otra parte, esa frase despectiva encierra lo que piensa la Policía actual, la del régimen de Rajoy y los suyos, del franquismo, de las víctimas de la dictadura y, sobre todo, hace ver con quién están y con quién no; no desde luego con las víctimas, sino con los verdugos y con sus herederos, los que ahora mismo se permiten el lujo de echar incienso sobre el finado Mandela por cuenta de unos derechos humanos que conculcan con alegría. Y lo manifiestan con desplantes de majo, encima. No es solo la obediencia debida lo que les mueve, o mera patología clínica, sino una forma activa, una más, de demostrar cuál es la actitud gubernamental hacia las víctimas de la dictadura y hacia el franquismo que resurge con nuevos bríos: la exhibición de símbolos franquistas no está prohibida ni sancionada, el llevar encima los colores de la República o exhibirlos, sí… o no, eso a capricho del policía o del burócrata de turno. Eso es lo malo, el capricho, la arbitrariedad más absoluta frente al respeto escrupuloso de la legalidad. A Emilio Silva la policía lo tenía identificado por ser el presidente de Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y ya lo tenían fichado de otras ocasiones. Es normal. Lo graban todo. Silva era un objetivo a abatir.
El propósito del Gobierno es descabezar los movimientos de protesta y resistencia, o aquellos que meramente afean el paisaje, y los colectivos que se mueven en pro de la divisa de verdad, justicia y reparación, lo estropean. De hecho, invitan a comisarios de la ONU a declarar que el Gobierno no hace nada en pro de esas víctimas y que, al revés, se aplica en el acoso, en maneras disuasorias y represivas. Y el ministro Fernández, un tartufo de marca, se echa la mano al pecho y declara que le duele España. Es de no creer.
Todo lo sucedido a las puertas e inmediaciones de la Audiencia Nacional ha sido una infamia. Lo recogido por el periodista que estaba presente demuestra una cosa: los uniformados actuaron plenamente conscientes de que hacían lo que les venía en gana con independencia de si eso era legal o dejaba de serlo. Basta asomarse al reportaje publicado en el diario Público para darse cuenta de la gravedad de los hechos. Lamentablemente unos más. Los vecinos de Moratalaz saben mucho de estas cuestiones, por poner un ejemplo, aunque esto venga de muy lejos.
A la vista de hechos como el protagonizado por Emilio Silva y otros activistas de Memoria Histórica, la ley Fernández no vendría más que a cubrir actuaciones policiales que ya se producen dentro de la más flagrante ilegalidad y cuya denuncia por parte de quien las padece es en la práctica inútil. ¿A quién recurrir? ¿Presentar denuncias que van a esa papelera que es el limbo cibernético? ¿Querellarse? ¿Contra quién, cómo, con qué testigos…? ¿De qué vale tu palabras frente a la de un uniformado?
El comisario europeo que ha calificado de desproporcionada la Ley de Orden Público de Fernández no tiene que buscar pruebas de lo que dice en el asombroso texto de la ley, sino en la calle. Es ahí donde puede recabar testimonios de los ciudadanos que ya han sido interpelados y amedrentados, sancionados sin motivo o por motivos difusos, o directamente sancionados por sacar fotografías de actuaciones no ya poco correctas, sino delictivas o que deberían serlo de plano porque impedir a un ciudadano, de manera arbitraria y con abuso de autoridad, ejercer sus derechos es un delito.
¿Pero es que no hay en este país un juez o un fiscal valiente y honesto que alce su voz frente a estos atropellos? No parece, porque esto va a más.
En este contexto, que la Audiencia Provincial de Navarra haya ordenado el no archivo de las diligencias judiciales por la agresión padecida hace unos meses por el diputado Sabino Cuadra, abre un resquicio de esperanza en el clima de impunidad porque, cuando menos, eso servirá para mantener viva la agresión frente a la que de nada sirvió que el diputado exhibiera de manera notoria e indubitada su credencial de diputado. La Policía puede maltratar a un diputado si este es de la oposición. Esta y no otra es la conclusión que se puede sacar de lo sucedido.
Cabe preguntarse qué va a quedar de todo esto. De entrada un sentimiento de agravio irreparable por parte de los ciudadanos frente a los uniformados, no tratados como conciudadanos, sino como enemigos, algo heredado del franquismo, cuya policía no fue depurada en democracia. Y junto al anterior, el de la indefensión frente al Estado todopoderoso y sus servidores a sueldo, constituidos en una casta de intocables; y encima, el miedo a defender derechos elementales sancionados en una Carta Magna que hace aguas o aserrines por todas partes porque está agusanada, y el Gobierno del PP lo sabe.
(Artículo publicado en Diario de Noticias, de Navarra, 8.12.2013)
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