Un vuelo de la compañía Air Europa fletado por el Ministerio del Interior, según denuncia la Campaña por el Cierre de los CIE, tenía previsto deportar el martes 15 de abril a decenas de inmigrantes con destino a Mali, país azotado por una guerra que está produciendo muertos y centenares de miles de refugiados, tanto […]
Un vuelo de la compañía Air Europa fletado por el Ministerio del Interior, según denuncia la Campaña por el Cierre de los CIE, tenía previsto deportar el martes 15 de abril a decenas de inmigrantes con destino a Mali, país azotado por una guerra que está produciendo muertos y centenares de miles de refugiados, tanto internos como hacia otros países. Una parte de los deportados, añade la Campaña, son personas inmigrantes que han franqueado las alambradas de Ceuta y Melilla, mientras que otros han sido previamente detenidos por la policía nacional en redadas callejeras.
En una nota informativa, la campaña por el cierre de los CIE señala que agentes de la policía esposaron a 11 inmigrantes de nacionalidad maliense en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores (Valencia) y se los llevaron del centro, sin que anteriormente se les hubiera comunicado la deportación.
«Cansados de las deportaciones, de los operativos policiales por sorpresa y de las diversas prácticas que quiebran psicológicamente a las personas», un grupo de internos inició anteayer una huelga de hambre, decidida en asamblea (en un principio comenzaron la huelga todos los internos del CIE, aunque desistieron la mayoría tras una conversación con el director). Previamente redactaron una carta al responsable del CIE de Zapadores, que los policías de la garita rompieron en pedazos. En el segundo intento, un grupo mayor de internos llevó la carta al director del centro, quien todavía no ha dado respuesta.
Las organizaciones sociales denuncian que las deportaciones de realizan sin aviso previo y con escasa antelación. De ese modo, la policía evita el establecimiento de medidas judiciales cautelares que pudieran frenar las expulsiones. «Los policías tienen las leyes en sus manos en el CIE, y el juez no existe», añaden. Uno de los internos ha destacado a la Campaña que varios de sus compañeros han sido deportados solos, aprovechando vuelos comerciales. Los llevan a la parte trasera del avión «atados de pies y manos, con un bozal en la boca y con camisa de fuerza».
Estas afirmaciones se suman a las denuncias por las condiciones de vida en el interior del CIE de Zapadores, que la asamblea califica de «degradantes». A los hombres no se les permite salir al servicio durante la noche, por lo que se ven obligados a hacer sus necesidades en bolsas de basura y botellas de plástico, y soportar los olores durante horas. Asimismo afirman que los policías del CIE fomentan los conflictos y las peleas, incluso encierran en la misma estancia a todas las personas en caso de reyertas.
El vuelo programado para el día 15 de abril se agrega a otro realizado el 7 de marzo, también con destino a la capital de Mali -Bamako-, que hizo escala antes en Lagos con el fin de deportar a personas de nacionalidad nigeriana. La organización SOS racismo denunció que en el citado vuelo fueron deportados dos menores malienses.
La portavoz de la Campaña Cies No en Valencia, Ana Fornés, ha recordado que la campaña contra los «vuelos de la vergüenza» se inició en septiembre-octubre de 2013, tras unas redadas que se produjeron en Asturias. «Los macrovuelos se producen aproximadamente cada dos meses», subraya.
Explica además el «ciclo de represión migratoria», que comienza en las fronteras, ya en el estado español continúa con la llamada «buro-represión», que consiste en las dificultades para obtener permiso de trabajo y residencia, necesarios para la regularización. «Mucha gente está perdiendo estos permisos con la crisis», destaca Ana Fornés. El tercer paso del ciclo represivo son las redadas en espacios públicos (la calle) o privados (en locutorios o en la puerta de las casas). «Hemos detectado incluso cómo se cambian citas de comparecencias en comisaría o en las oficinas de extranjería, precisamente, para hacerlas coincidir con el momento previo a la salida de los vuelos». Las detenciones pueden terminar con el internamiento en un CIE y la deportación al país de origen, aunque el ingreso en el centro de internamiento para extranjeros no implica necesariamente la expulsión.
El pasado jueves 10 de abril la Campaña por el Cierre de los CIE también los vuelos de deportación a Colombia y Ecuador de personas inmigrantes de los CIE de Aluche (Madrid) y Zapadores (Valencia). En los meses anteriores se produjeron dos vuelos de las mismas características a Colombia (11 de diciembre y 25 de febrero). En el primero de ellos se expulsó a 91 personas, e hizo escala en Ecuador.
El 12 de febrero se hicieron públicos dos nuevos «vuelos de la vergüenza». El primero de ellos partía de Madrid rumbo a Dakar, con decenas de inmigrantes de nacionalidad senegalesa detenidos antes en redadas policiales. Son vuelos que tienen lugar aproximadamente cada dos meses. El segundo vuelo deportó a inmigrantes marroquíes desde Barcelona o Madrid. Después de aterrizar en Jerez de la Frontera, se les condujo en autobús hasta Algeciras, y después en Ferry hasta Ceuta, donde se les entregó a la policía de Marruecos. Entre diciembre y febrero este procedimiento se repitió al menos en cinco ocasiones.
Uno de los vuelos a Marruecos se produjo el 16 de enero, y en el mismo se procedió a la expulsión de 24 personas inmigrantes. Según informa el periódico Diagonal, el procedimiento fue similar al de casos anteriores: redadas y detenciones policiales en los días y horas previas, y un número de agentes que casi doblaba al de personas deportadas. En el vuelo se utilizaron esposas metálicas (prohibidas en el Protocolo para las Repatriaciones). Algunos testimonios señalan el contraste entre la comida que se distribuía a los policías en el avión, y la alimentación precaria a la que se sometía a los deportados. Una de las personas inmigrantes, que se desmayó en el ferry rumbo a Ceuta, quedó destatendida hasta que se recuperó por sí misma. Entre los deportados se encontraba Aziz, miembro de la PAH de Girona, que participó junto a otros activistas en la defensa del Bloc-Salt (desalojado en diciembre por los Mossos d’Esquadra). La Brigada de Extranjería aprovechó que Aziz tenía que presentarse el día 15 en Comisaría para detenerlo y trasladarlo en automóvil a Madrid, denuncia la Campaña por el Cierre de los CIE.
La presentación de un habeas corpus por parte de su abogado interrumpió el traslado a Madrid a la altura de Tarragona. Aziz fue trasladado a Girona a la espera de la resolución del juzgado de Instrucción número tres, que finalmente rechazó el habeas corpus. Según informa Diagonal, «en torno a las 11 de la noche se lo llevaron en volandas y encapuchado cuatro uniformados. Un coche camuflado lo sacó de la ciudad, escoltado por dos Mossos y dos policías nacionales. Aziz tuvo que soportar insultos, amenazas y vejaciones. Tuvo que soportar que un Mosso le escupiera en la cara en el coche camino de la autopista. Allí les esperaba otro coche de la policía nacional, al que fue trasladado». Horas después, se encontró en el aeropuerto con sus 23 compatriotas.
Las empresas privadas colaboran y participan en los vuelos de deportación. En un contrato formalizado el 1 de marzo de 2013, el gobierno de España adjudicaba a Air Europa y Swiftair los «servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia entre diversos puntos del territorio nacional, y desde estos a otros países». El valor estimado del contrato asciende a 24.200.000 euros, según publicó el BOE en su edición del 11 de marzo de 2013.
Mientras, organizaciones sociales y personas a título individual han impulsado una campaña de boicot a la compañía Air Europa, y la corporación empresarial de la que forma parte, Globalia. Señalan que para poder llenar los aviones de los vuelos programados, «hemos comprobado que la policía efectúa en los días previos redadas racistas e incluso cita -con engaños- a comisaría a las personas que están en situación irregular, y que son del país al cual se dirige el vuelo, para poder detenerlas y expulsarlas». ¿Qué ocurre en los «vuelos de la vergüenza? Testimonios de personas deportadas cuentan cómo «son maltratadas en los vuelos: horas de espera en el aeropuerto con vigilancia intensiva; cacheos y desnudos integrales; bridas de plástico o esposas metálicas en las muñecas; insultos racistas; golpes por pedir ir al baño y palizas por tratar de resistirse a ser deportados», denuncian las organizaciones sociales.
Añaden que según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Artículo 7), el desplazamiento forzoso constituye un crimen de lesa humanidad. El Artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que se prohíben las expulsiones colectivas. Y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Protocolo número 4) expresa que quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Como «racistas», «ilegales» e «inhumanos» califican las organizaciones sociales estos vuelos.
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