La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia emitió ayer una sentencia por la que resultaban absueltas las 16 personas a las que se acusaba de formar parte de la organización nazi Frente Antisistema (FAS), al concluir el tribunal «carente de toda justificación» la intervención telefónica de las conversaciones de los acusados realizada por […]
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia emitió ayer una sentencia por la que resultaban absueltas las 16 personas a las que se acusaba de formar parte de la organización nazi Frente Antisistema (FAS), al concluir el tribunal «carente de toda justificación» la intervención telefónica de las conversaciones de los acusados realizada por la guardia civil, y de la que se derivaban otros elementos probatorios.
En un comunicado de prensa hecho público el 17 de julio, la Acusación Popular, formada por partidos de izquierda y movimientos sociales, consideraba justificada la intervención y escuchas telefónicas realizadas por la guardia civil por orden judicial, «para saber y conocer la gravedad de los hechos que estaban sucediendo a partir de una página web» desde la que se cometían supuestamente actividades ilícitas.
Sobre la necesidad de fundamentar las intervenciones telefónicas, la acusación popular recordaba en la citada nota que el Tribunal Constitucional ha señalado que toda «injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas precisa de una habilitación legal», y que los indicios que se exigen son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Por ello, concluía el comunicado, «se deben considerar acertadas y ajustadas a derecho las citadas intervenciones telefónicas».
El secretario general de Acció Popular del Páis Valencià (ACPV), Toni Gisbert, ha manifestado en declaraciones a Efe su preocupación dado que la misma sala de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió en 2005 al grupo nazi Armagedón. Por otro lado, la portavoz de EUPV-IU en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, ha destacado que la sentencia «es un reflejo de que las instituciones públicas no se han tomado en serio combatir los delitos de odio y el fascismo realmente existente». Además, ha subrayado que el País Valenciano es la segunda comunidad autónoma en número de delitos de odio, «que esta sentencia no sólo no combate, sino que los deja impunes». «Apelamos a la Fiscalía a que actúe y recurra esta sentencia ante el Tribunal Supremo», ha concluido.