Activistas del Campamento Dignidad se encierran en la Concatedral de Mérida para exigir la retirada de un decreto-ley, al que acusan de desvirtuar la ley de renta básica, aprobada hace un año. El 9 de mayo de 2013, el Parlamento de Extremadura aprobaba un decreto que colocaba a esta comunidad autónoma, por lo menos sobre […]
Activistas del Campamento Dignidad se encierran en la Concatedral de Mérida para exigir la retirada de un decreto-ley, al que acusan de desvirtuar la ley de renta básica, aprobada hace un año.
El 9 de mayo de 2013, el Parlamento de Extremadura aprobaba un decreto que colocaba a esta comunidad autónoma, por lo menos sobre el papel, entre las más avanzadas con respecto a una histórica demanda de los movimientos extremeños: la renta básica. Con el objetivo declarado de «agilizar el procedimiento» y reducir la lista de espera a «cero», según las palabras de la consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz (PP), el pasado 29 de agosto el Gobierno extremeño emitió un decreto-ley que hace todavía más difícil para la población más precaria recibir esta prestación.
Lejos de ser «un mero retoque procedimental», para el Campamento Dignidad «supone una auténtica agresión contra los parados y paradas de Extremadura y contra todas las personas a las que la crisis y las políticas antisociales están arrastrando a la pobreza, la precariedad o la exclusión social».
Según afirma esta plataforma, que lleva luchando desde hace dos años por la renta básica y los derechos de la población más precaria, ante la avalancha de solicitudes, que cifran en cerca de 22.000, el Gobierno del PP «ha optado hacer desaparecer la demanda, (…) cerrar las ventanillas antes del 31 de diciembre de 2014, denegar cuantas solicitudes sea necesario y abrir, en el momento de expectativa oportuno, una nueva convocatoria en vísperas de las elecciones».
Para mostrar su rechazo a este decreto-ley, el 8 de septiembre, día de Extremadura, unos 20 activistas de diversos campamentos Dignidad iniciaron un encierro en la Concatedral de Santa María, en Mérida, reclamando la retirada del decreto.
Reducción «brutal» de beneficiarios
Entre las novedades de la nueva ley, Campamento Dignidad denuncia que se reduce la cuantía de la renta básica, eliminando los complementos por alquiler, hipoteca o discapacidad. La norma también contempla la reducción «brutal» del número de beneficiarios, modificando la definición de la «unidad familiar de convivencia», creando dificultades para el acceso de jóvenes, autónomos y otras personas que perciban una pensión no contributiva. La plataforma también señala que la nueva ley legaliza la irrupción de las agencias privadas de colocación y de las empresas de inserción.
Conseguir la aprobación de ley de renta básica en 2013 no fue sencillo. El Campamento Dignidad de Mérida resumía de esta forma el proceso que llevó a su tramitación en el parlamento: «La ley es el producto de una larga lucha que las personas en paro y la clase obrera hemos puesto en pie en el último año y medio. Es una ley arrancada al poder político, por mucho que su articulado diste mucho de nuestras reivindicaciones. Han sido los 48.000 extremeños que han firmado por la Renta Básica (27.000 en la Iniciativa Legislativa Popular y 21.000 en los tres últimos meses), la movilización extraordinaria de los Campamentos Dignidad, las Marchas, los escraches y la solidaridad del pueblo extremeño expresada de mil formas distintas, quienes han hecho posible la aprobación de esta ley».
Ahora, a esa «otra Extremadura, la desahuciada, la que vive de sus manos o quiere vivir y no les dejan, la que espera la renta básica que no llega», tal como indican desde el encierro, le toca volver a la movilización contra este decreto del Gobierno del PP.