Además de garantizar la salud es necesario debatir sobre las ayudas sociales y económicas. Estamos en una situación de excepción también en lo comunicativo. Los poderes públicos e institucionales monopolizan la información trasladada a la sociedad. Al necesario aislamiento físico no puede sumarse un aislamiento comunicativo.La crisis de 2008 no ha pasado en vano. La salida dada a la misma supuso más recortes, de derechos laborales y sociales y de libertades democráticas. Como consecuencia, más precariedad laboral y social, más desigualdad. Los ricos más ricos y una parte creciente de la población sumida en la tarea de sobrevivir, perdiéndolo todo, incluso la vivienda habitual, extendiéndose los desahucios. El déficit público aumentó enormemente (por el rescate a la banca y por la pérdida de recaudación debida a los recortes de impuestos a las rentas altas, empresas y capital) y se hicieron todo tipo de recortes a costa de la mayoría de la sociedad.
La actual situación requiere respuestas inmediatas y a largo plazo. Ya estamos viendo las inmediatas, comenzando por un obligado incremento de los recursos destinados a la sanidad pública, sufridora de los recortes aplicados la última década. También está el Real Decreto Ley aprobado el pasado 31 de marzo por el gobierno español, calificado como “escudo social”, que se se suma a otras decisiones, como facilitar los ERTEs por fuerza mayor, o poner 100.000 millones de euros para avales a las empresas.
La respuesta inmediata incorpora un cierto carácter social, pero muy limitado, como se ve en lo aprobado el 31 de marzo:
La suspensión de los desahucios por 6 meses, medida necesaria, se circunscribe a ese periodo y a los denominados hogares vulnerables, quedando fuera la mayor parte de quienes ven estos días su contrato suspendido o extinguido.
La moratoria del pago de los alquileres aprobada garantiza el cobro a los propietarios de las viviendas, sean personas físicas o grandes fondos. Parece más que se pretende rescatar a los propietarios.
Quienes se quedan sin empleo o sin ingresos se van a ver obligados a negociar una demora del pago o solicitar un crédito a la banca, avalado por el Estado. Siempre se paga y algunos siempre cobran. Con el agravante de que si los “caseros” son grandes tenedores (más de 10 viviendas) se deja en manos de éstos optar entre una quita del 50% o un pago aplazado.
La prohibición de cortes de suministros básicos para la vivienda habitual se limita exclusivamente al periodo de vigencia del estado de alarma.
Se aprueba un subsidio extraordinario para las empleadas de hogar que, con motivo del Covid-19 (es decir, estos días) hayan perdido el empleo. Su cuantía, el 70% de la base reguladora, con el límite del SMI excluidas las pagas extras. Es insuficiente, solo para un determinado momento y deja fuera a una parte muy importante del colectivo.
Se crea un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. Se pagará el 80% del IPREM (430 euros) solo un mes, para quienes tuviesen contratos de al menos dos meses, extinguidos tras la declaración del estado de alerta. Como se ve, una ayuda muy limitada.
El escudo social tiene que ser mucho mayor del que se está creando. Ni siquiera se ha dicho cuánto dinero va a destinar el gobierno español a estas medidas, pero sin duda va a ser mucho menos de lo que se va a poner a disposición de las empresas.
Por otro lado, la Unión Europea es cada vez más insolidaria. El Banco Central Europeo va en la misma dirección que en la crisis anterior: salvar a la banca y a las grandes empresas a través de un manguerazo de liquidez a tipos de interés negativos y de gigantescos programas de compra de deuda. Los Ministros de Finanzas han acordado que este año se puedan incumplir los criterios de déficit o regla de gasto, pero mantenerlos a partir de 2021, apuntalando el creciente descrédito de la Unión Europea entre la clase trabajadora y la mayoría social.
El déficit público va a aumentar, y más si se aplicase un verdadero escudo social que ponga la prioridad de la vida y los cuidados en el centro: fortalecimiento de los servicios públicos; prestaciones sociales; reorientación social y ecológica del tejido productivo. Todo ello requiere una fuerte inversión pública.
A medio plazo o se posibilita ese escudo social (que requiere romper con las reglas de la austeridad de la Unión Europea y aumentar notablemente los impuestos que pagan las rentas altas, empresas y capital) o se van a aplicar las mismas recetas que tras la crisis de 2008 (recortes y las políticas de la Troika). Hoy, aunque con un barniz social, estamos empezando a transitar por la segunda opción.
Pero lo aprendido en la última década y la puesta en valor de lo público y lo común, así como del trabajo en los sectores esenciales (sanidad, cuidados, limpieza, alimentación, trabajo doméstico..) deben servirnos para conseguir un cambio radical de las políticas, para hacer que el escudo social sea real y abandonar para siempre las políticas austericidas.
Mikel Noval – Responsable de Política Social en ELA