El Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que representa a las entidades de la Cañada Real Galiana, donde más de 4.500 personas llevan 82 días sin electricidad, anuncia que el Juzgado de Instrucción nº42 va a abrir “diligencias por un posible delito de coacciones en los cortes de luz”.
Son ya casi tres meses sin suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, residentes en los sectores V y VI que han pasado el otoño y entran en el invierno sin acceso a electricidad. Tras semanas de movilizaciones la Comunidad de Madrid y la energética Naturgy-Unión Fenosa tendrán que responder ante los juzgados. El Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES abogad@s) que representa a las entidades del barrio, anunciaba esta mañana que el Juzgado de Instrucción nº42, les ha notificado la apertura de “diligencias por un posible delito de coacciones en los cortes de luz”.
Esta misma mañana, expertos de la ONU han denunciado las consecuencias de la falta de suministro eléctrico para la población de este asentamiento, ante las bajas temperaturas. “Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana están sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles, y su salud está en grave peligro”, han alertado demandando la restauración inmediata de la luz ante la llegada del invierno y la emergencia sanitaria.
Los expertos, que incluyen al Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Relatora Especial para el derecho a la educación, o la Relatora Especial para el derecho a la alimentación, entre otros, han destacado la vulneración de derechos que suponen los cortes, en particular en los ámbitos de la sanidad —con la dificultad para mantener la higiene ante la falta de agua caliente, en plena pandemia—, y el de la educación, alertando que al no disponer de electricidad las y los estudiantes del asentamiento se verán perjudicados en el seguimiento de clases y tareas, quedando atrás en el avance del curso.
También han detallado las consecuencias de los cortes para aquellos niños y niñas que usan sillas de rueda eléctricas y no pueden recargarlas, quienes sufren de diabetes y tienen problemas para mantener la insulina en la temperatura adecuada, en menores con autismo que no se están adaptando a la falta de luz, o incluso el caso de una niña que depende de un equipo de oxigenoterapia.
Ya el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, enviaba el pasado 18 de diciembre sendos escritos a la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno exponiendo la situación, y exigiendo que se resolviera de forma urgente la falta de suministro. En su escrito, Fernández Marugán proponía que se instalen grupos electrogénicos para garantizar el acceso a la energía de las vecinas y vecinos o cualquier otras solución técnica, mientras las administraciones implicadas avancen hacia una regularización del suministro.
Las familias afectadas, organizadas en torno a la Comisión por la luz en la Cañada, han protagonizado numerosas movilizaciones para reclamar su derecho a acceder de manera legal a luz, mientras reclaman que les reciban los responsables de Naturgy, empresa que abastece de energía a la zona. El pasado 13 de diciembre las niñas y niños de los sectores afectados escribieron, a modo de denuncia de la situación, una carta a los Reyes Magos en la que piden que vuelva la electricidad.Por su parte, el personal sanitario que forma parte del Equipo de Intervención con Población Excluida (EIPE) —anexo al CS Ensanche de Vallecas—, y que se ocupa de la atención de la población que habita el sector VI de la Cañada Real Galiana, ha presentado un escrito ante Fiscalía para señalar su “profunda preocupación por las continuas y constantes interrupciones del suministro eléctrico que está sufriendo dicha población”. La falta de electricidad ha forzado a las familias a utilizar bombonas de butano para combatir el frío, el pasado 16 de diciembre fuentes sanitarias denunciaban que habían atendido a 40 personas intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono. Además, como recuerdan desde la ONU, un bebé ha tenido ya que ser atendido con síntomas de hipotermia.
La Comunidad de Madrid achaca los cortes al exceso de consumo motivado por supuestas “plantaciones masivas de marihuana”, como contestó el pasado 10 de diciembre la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, tras espetarla: “Una cosa es criminalizar la pobreza y otra cosa es democratizar la delincuencia”. Según la presidenta, la pelota está en el campo de la Delegación de Gobierno para detener lo que calificó de actividades delictivas que sobrecargan la red, como expuso antes de afirmar: “Para tener los porsches ahí aparcados bien, pero para pagar las facturas, que es lo que está haciendo esos cortes, no”.
Mientras las vecinas y vecinos rechazan tales acusaciones y afirman que quieren pagar pero que no se les pone contadores ni se regulariza su suministro, el Defensor del Pueblo ha calificado las palabras de Ayuso de aporofobia. “Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza”, manifiestan por su parte los expertos de la ONU. “Las personas que viven en la Cañada Real necesita urgentemente el apoyo del Gobierno para lograr unas condiciones de vida adecuadas, y no ataques verbales que provoquen la hostilidad pública”, han concluido.