Esta semana se han cumplido 13 años desde que se llevó a cabo el derribo de la Cárcel de Carabanchel, cerrada el año 1998. Hija de la posguerra más cruel (se comenzó a construir el 20 de abril de 1940 por las manos de los propios presos políticos que la habitarían), su silueta panóptica se convirtió en uno de los símbolos más literales de la represión franquista.
Durante los tiempos posteriores a la guerra, España fue una enorme cárcel, que solo unos años después fue vaciándose hasta llegar a su mínimo de ocupación carcelaria en 1965. Según algunos autores, los años de relativa prosperidad del desarrollismo y la creación de una cierta clase media hicieron que cambiara la percepción de la delincuencia. En los peores años del hambre generalizada existía comprensión ante el ilegalismo, pues se entendía que iba emparejado con la subsistencia. A partir de los sesenta impera la idea de que el delincuente –normalmente perteneciente a las clases bajas– actúa de forma voluntaria y es incorregible, por lo que hay que apartarle de la sociedad. Empieza a reconstruirse la imagen el delincuente habitual, el quinqui y hasta el delincuente juvenil.
Paralelamente, la oposición al franquismo se reorganiza y la conflictividad social repunta, lo que hace que presos políticos y comunes convivan en las cárceles franquistas. Los presos políticos (en torno a un 10% del total en este periodo) fueron objeto de admiración por un sector de la sociedad y sujeto de campañas internacionales. En los comunes, nadie reparaba.
Tras la muerte de Franco llegan el indulto general de 1975 –por la coronación de Juan Carlos I- y la amnistía del verano del 76. Mientras que los presos políticos van saliendo de la cárcel, los comunes siguen sufriendo la crudeza de las cárceles franquistas –su masificación, corrupción y tortura –. Como no se abolió la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (solo se excluyeron, ya en diciembre del 78, los «actos de homosexualidad»), ni se produjo la reforma del Código Penal, su lugar seguía siendo la celda.
A finales de 1976 comienzan a organizarse en la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), cuya lucha se replicaba fuera de las prisiones a través de la Asociación de Familiares y Amigos de los presos y ex presos (AFAPE). La COPEL nació en Carabanchel y pronto vehiculizó diversas expresiones de descontento que ya latían en la cárcel, como autolesiones, plantes y huelgas de hambre. Los motines y protestas más o menos espontáneas en las cárceles habían empezado a principios de los setenta en Tarragona, Burgos, Sevilla o Teruel.
A las peticiones de amnistía general, cese del terror dentro de las prisiones o supresión de la Ley de Peligrosidad, les acompañaban otras de política general compartidas con la izquierda en la Transición, como justicia distributiva, libertades políticas, sindicales y ciudadanas. Se reivindican presos sociales, retomando una nomenclatura que venía de los años treinta, porque a pesar de estar condenados por delitos de Derecho común, en muchos casos las leyes castigaban actitudes en vez de actos y, en todo caso, los cometían condicionados por una realidad social mísera y bajo un código penal antidemocrático.
Empezaron a subirse a los tejados, a organizarse asambleariamente y, solo después, el debate salió de las prisiones. En marzo de 1977 se produjo en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid la semana del Preso Común, en la que intervinieron varios familiares y abogados de reclusos, además de un preso recientemente liberado y perteneciente a la COPEL que relató a los presentes cómo se produjeron los traslados de presos a otras penitenciarías y la situación de ochenta reclusos que permanecían incomunicados. El filósofo Fernando Savater leyó una carta escrita para la ocasión y firmada por distintos intelectuales, entre los que figuraban José Luis Aranguren, Agustín García Calvo, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmelo Bernaola, Rafael Canogar, Carlos Semprún, Alfonso Ungría, Pedro Altares o Mana Cárdenas.
El propio Savater dio una conferencia en el marco de aquellas jornadas de apoyo a los presos con el rotundo título de Por la abolición de las cárceles, donde el otrora pensador libertario se expresaba en los siguientes términos foucoltianos:
“La afirmación de que la prisión fracasa en su propósito de reducir los crímenes, hay que sustituirla quizá por la hipótesis de que la prisión ha logrado muy bien producir la delincuencia, tipo especificado, forma política o económicamente menos peligrosa -en el límite utilizable- de ilegalismo; producir los delincuentes, medio aparentemente marginado pero centralmente controlado; producir el delincuente como sujeto patologizado. El éxito de la prisión: en las luchas en torno de la ley y de los ilegalismos, especificar una delincuencia”.
A partir de este momento se producirían manifestaciones multitudinarias que abrazaban la causa de los presos comunes en las principales ciudades españolas, reprimidas con gran dureza por la policía. Dentro de la cárcel, la lucha continuaba. El 18 de julio de 1977, unos mil reclusos organizados por la COPEL ocuparon los tejados de la cárcel. Inmediatamente después, como impelidos por una llama contagiosa, en más de veinte prisiones del Estado miles de presos actuaron de forma parecida.
El 14 de octubre de este mismo año el gobierno Suárez aprobaría un Proyecto de Ley de Amnistía Política que, una vez más, se olvidaba de los presos sociales. Esto llevó a que se produjera un motín en la Modelo de Barcelona y proliferaran más huelgas de hambre en prisiones de toda España, fugas e intentos de suicidio colectivos. Este ruido consiguió que la situación dentro de las prisiones llegara a la opinión pública y se acordara a finales de año una comisión que estudiara el estado de las cárceles españolas.
El 14 de marzo de 1978 fue asesinado en la cárcel de Carabanchel el preso anarquista involucrado con la COPEL Agustín Rueda. Murió tras ser torturado por varios funcionarios durante un interrogatorio en relación con un túnel de fuga. Torturaron a otros presos también, pero con Rueda se cebaron y los médicos de la prisión denegaron el auxilio. Ocho días después, Jesús Haddad, director general de Instituciones Penitenciarias, es asesinado por los GRAPO.
El debate llegó hasta las Cámaras y se elaboró un Proyecto de Ley de Indulto General para presos sociales por parte de los senadores Lluis Xirinacs y Juan María Bandrés, que no consiguió salir adelante pese a su buena acogida inicial. Sí llegarían la Reforma Penitenciaria, el 24 de Mayo de 1978, y la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), aprobada en 1979, que se convirtió en la primera ley orgánica de la democracia.
Aunque la COPEL se había disuelto con la dispersión de sus cabecillas, muchas de sus peticiones concretas fueron incluidas en los nuevos marcos legales. No llegó la amnistía general, las prisiones no dejaron de ser lugares terribles, no se depuró a los funcionarios de presiones franquistas y mucho menos se alcanzó la supresión de la cárcel, pero se alcanzaron muchas mejoras que facilitaron el día a día de los reclusos comunes.
- GALVÁN, Valentín. Sobre la abolición de las cárceles en la transición española. Historia Actual Online, 2007, no 14, p. 127-13
- SÁNCHEZ, Pablo Cristóbal. La transición penitenciaria: protestas colectivas y respuestas oficiales a la crisis del sistema