La negociación de la Ley de igualdad de trato trajo la semana pasada una conquista para el pueblo gitano: la aprobación de una enmienda que introducía el Antigitanismo en el Código Penal. La también conocida como ley Zerolo está pendiente del dictamen de la mesa del Congreso para seguir su tramitación hacia el Senado.
“Estamos muy contentos pero estamos reventados”, así de franca hablaba Patricia Caro Maya, activista por los derechos gitanos, y excandidata al Parlamento Europeo por Unidas Podemos, el pasado viernes con el Salto, que un par de día atrás se apuntaba una conquista: El antigitanismo entrará en el código penal, o al menos se dieron los primeros pasos para que esto sucediera, un avance que no daban por descontado: “Se lo arrancamos al PSOE de último momento. Llevamos tres años negociando esto, más el tiempo que lo hemos trabajado fuera y es como que ahora nos ha entrado el cansancio, como cuando te quitas el peso de encima”.
Son tres años en efecto los que venían peleando porque el antigitanismo dejara de ser impune de la mano de la ley de igualdad de trato, conocida como ley Zerolo al ser el diputado del PSOE quien primero apuntó a la necesidad de legislar en la protección de las minorías. No fue hasta 2021, cuando finalmente el PSOE registró el proyecto de ley que plantea aprobar en esta legislatura.
La ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que legisla contra la discriminación “por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, sigue adelante en su tramitación, incorporando algunas enmiendas transaccionales como la inclusión del antigitanismo en el código penal. Así por primera el antigitanismo estará tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.
“Al meter esta modificación del Código Penal tiene que pasar a la mesa del Congreso y la mesa tiene que dictaminar, tiene que decidir entre dos opciones: una de dos, o hace que la ley entera sea orgánica o solamente será orgánica para algunos artículos y los otros se quedan en rango administrativo”, explica Caro, que prevé que la mesa del congreso, que debe tomar esa decisión, lo haga el próximo martes. Al ser la ley orgánica, apunta, necesita los votos de tres quintos del Congreso para pasar al Senado.
A pesar de que se haya complicado el proceso Caro considera que era central defender que la norma deviniera orgánica: “nosotros decíamos no puede ser que la igualdad de trato entre mujeres y hombres, payos y payas sea una cuestión de derechos fundamentales, que por eso la ley es orgánica, y la igualdad que viene a regir otro tipo de categorías no lo sea. Porque entonces estás institucionalizando derechos de segunda”, defiende la diputada.
Patricia Caro contesta con su compañero de partido, Ismael Cortés, al lado. Este investigador, diputado de En Comú Podem-Guanyem el Canvi, desde 2019, lleva una década luchando contra el antigitanismo, primero desde Europa y ahora en el Congreso. “Es una alegría indescriptible y que me viene de sorpresa porque hasta el último segundo yo no sabía realmente que era una modificación que se iba a producir y que iba a ser aceptada por el resto de grupos de la Cámara, realmente por los dos grandes grupos, del Partido Popular y Grupo Socialista”, explica Cortés, que si bien argumenta que había buena sintonía con el PSOE, la misma no ha estado libre de incertidumbre hasta que se revelase la incógnita “prácticamente en el último segundo antes de que se convocara la votación en la Comisión”.
No es la primera vez que desde el grupo parlamentario intentan introducir este cambio, ya en la legislatura anterior trabajaron en este sentido pero la propuesta no pasó con los votos en contra de PSOE y PP. El contexto sin embargo ha cambiado, y eso, considera el diputado, se ha hecho notar: “este año impulsamos una subcomisión entera específica para hablar del tema de la antigitanismo y ahí absolutamente todos los ponentes que han venido, independientemente del grupo político que los haya propuesto, todos han pedido la inclusión del antigitanismo en el Código Penal”.
Reparación
Así, la inclusión del antigitanismo dentro del artículo 22.4, que es el agravante por delitos de discriminación y el 510 que son los delitos de odio, supone una gran victoria, pues implica el reconocimiento legal de que existe “una discriminación específica contra el pueblo gitano, que no es de ahora, que dura más de 600 años”, apunta Caro, para quien esta medida cuenta con un impacto en la “autoestima colectiva del pueblo gitano”. Es para esta activista una cuestión de justicia. Que además permite que las personas gitanas “retomen la confianza en las instituciones, que se den cuenta de que la participación política importa”.
E importa, es fundamental para la ecuación, considera Celia Montoya, el activismo gitano. Esta actriz y activista, actualmente en la Fragua, considera que los diputados han cumplido, trasladando a las instituciones una demanda que el movimiento reclamaba desde hace tiempo. “El activismo gitano ha estado muy pendiente también ejerciendo una presión sobre las propias primas y los primos diputados y también desde la calle”, muertes como las Eleazar o Manuel Fernández han mostrado la cara más dura del antigitanismo pero también han sido un revulsivo para la movilización en los últimos años.
El amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios deja también otro mensaje fundamental para Caro: “A veces, en la política es necesario poner las medidas por encima de los colores políticos, cuando esas medidas son para el bien común de la gente”. Y es que salvo VOX, que se abstuvo, todos los grupos votaron a favor. Caro piensa que cuando la normartiva pase al pleno votará en consecuencia, pues aunque se permita mostrar disidencia en la subcomisión. “No tienen narices de decir que no a esto”.
“En los últimos años hubo un movimiento, una organización del desencanto”, es entonces, explica Montoya, “cuando se empieza a hablar de introducir el antigitanismo en el Código Penal”, la integrante de la Fragua ve en su consecución dos dimensiones: una tiene que ver con la sensación de que se ha hecho justicia, la otra con que percibe la entrada del antigitanismo en el código penal como una herramienta útil. “No se consigue la panacea, pero sí que es el inicio de un camino que creo que es imparable. En la lucha contra el antigitanismo es como si se hubiese acelerado la rueda: en pocos años se han conseguido grandes cosas”. Para esta activista este cambio obrado en la última década tiene que ver con una claridad mayor a la hora de conocer los propios derechos y exigir su respeto. “Esto es algo emocionante”.