“¡Banca y tiburones, se comen tus pensiones!”

Dos razones se apuntaban en el cartel de la convocatoria del 9 de junio -en la Plaza de Manises de Valencia, frente al Palau de la Generalitat- para la manifestación contra la Ley de fomento de los Planes de Pensiones de Empleo; la primera es que implica la precarización de las pensiones (públicas) de jubilación; y además según las organizaciones convocantes –la Coordinadora Valenciana por la Defensa del Sistema Público de Pensiones; Intersindical Valenciana; la CGT y la CNT- la nueva ley representa un avance en la privatización de las pensiones públicas.

Asimismo en un comunicado del 9 de junio, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) explicó los motivos de la concentración organizada frente al Congreso de los Diputados, a las 12 horas, en rechazo de la nueva legislación que impulsa los Planes de Pensiones de Empleo.

Se trata de “implantar los planes privados complementarios de pensiones, promovidos por el Estado, por medio de la negociación colectiva sectorial, mientras que su gestión será entregada a las entidades financieras, aseguradoras privadas y a los mismos ‘agentes sociales’ que firmarán los convenios colectivos y formarán parte también de la comisión de control, para beneficio de las grandes entidades financieras privadas, que verán aumentar su negocio en miles de millones de euros”.

Otra de las críticas de COESPE radica en que una parte de las aportaciones sociales “se entregará a un sistema privado individualista de capitalización, que cubrirá solo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones, y solo los altos salarios recibirán al final de la vida laboral un importe significativo, para el resto miseria, y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o desfavorecidos, las mujeres muy especialmente”.

El 9 de junio el Congreso aprobó, con 172 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones, el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los citados planes, que se remitirá al Senado. La iniciativa legal del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) ha contado entre otros apoyos con el del PNV, Ciudadanos y el PDeCAT. EH Bildu se abstuvo en la votación. La normativa “ofrece a millones de personas una forma de ahorro mucho más atractiva”, valoró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Según el Gobierno de España, en agosto de 2021 la pensión media del sistema de pensiones contributivas de la Seguridad Social (9,8 millones de pensiones) fue de 1.035 euros mensuales; pero la media de la pensión de viudedad se situaba en 741,35 euros al mes; 603,8 euros mensuales las pensiones en favor de familiares y 417 euros las de orfandad.

Las pensiones mayores fueron las de jubilación (1.192 euros mensuales de promedio) y las de incapacidad permanente (994 euros). Respecto a la brecha de género, los hombres percibieron 1.257 euros de pensión media y 833 euros las mujeres.

Varios centenares de personas recorrieron el centro de Valencia, y gritaron consignas como Gobierno socialista escucha al pensionista; Planes de pensiones, ganancia de tiburones o Banca y tiburones se comen tus pensiones; también se mostraron carteles con el lema IPC real, no a las trampas de Escrivá; y Jubilación a los 65 años.

De los riesgos advierte la militante de CGT y jubilada de 68 años, Joana Peris, quien sujeta por uno de los extremos la pancarta del sindicato. “Veo en peligro mi pensión y la de los jubilados; se avanza en acabar con la caja única, que tendrá menos ingresos y así debilitar las pensiones públicas”. Toni, extrabajador de correos pensionista, de 65 años, defiende que las pensiones “no se privaticen”.

Miembro de COESPE, de 72 años, Guzmán se moviliza para que las pensiones se actualicen respecto a la inflación real, y se garantice el poder adquisitivo. Además de los incentivos y ventajas fiscales a las empresas, con los Planes de Pensiones de Empleo “habrá trabajadores con salarios elevados que podrán aportar lo suficiente para tener un complemento a su pensión pública, que quieren dejar como asistencial”; sin embargo, “la mayoría de trabajadores no podrán aportar, o aportarán el mínimo y así obtendrán en su jubilación dos pensiones de miseria”.

Eva, funcionaria jubilada de 72 años, reivindica en un cartel que ninguna pensión se sitúe por debajo del salario mínimo. Además recuerda que la lucha contra la privatización tiene un largo recorrido; “hace más de 20 años rompí mi carné de Comisiones Obreras por este motivo”.

Comparte asimismo la rabia porque, cuando repartía hojas informativas, algún ciudadano –de 45 años e ideario de extrema derecha- le contó que invertía su dinero “allí donde quería”. También llegaron a decirle que la situación de las pensiones “sólo  se arregla con Franco o si llega VOX al Gobierno”. Pero “la rabia me anima a continuar”, concluye Eva.

Leído al final de la movilización, el manifiesto de rechazo a la nueva ley califica de “gran mentira” que el sistema público sea insostenible; el Gobierno informó que, en mayo de 2022, el gasto medio en pensiones contributivas se situaba en el 11,8% del PIB (el pago de la nómina mensual de las pensiones contributivas sumaba 10.180 millones de euros); en términos comparativos, en 2021 el gasto en pensiones representaba el 12,1% del PIB.

“El importe en pensiones no es un gasto, se trata de salarios diferidos por cotizaciones de los trabajadores a lo largo de su vida laboral”, subrayaba el manifiesto que suscribió la Coordinadora valenciana (14 plataformas de pensionistas y colectivos de Iaioflautas) así como 12 sindicatos y movimientos sociales.

En las fechas previas a la manifestación, se difundió por las redes sociales un cartel de la COESPE que pedía la dimisión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuyo salario bruto se cifra en torno a los 200.000 euros anuales. El actual contexto inflacionista “exige acordar un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios en el que todos (…) han de asumir una pérdida a corto plazo; y exige evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto público”, afirmó el gobernador el pasado 26 de abril.  

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