Como las amenazas contra la abogada Luz Estrella Romero no conseguían silenciarla, empezó la persecución contra su hijo. Refugiados desde hace un año en España, ella prepara su retorno a Colombia. Necesita seguir denunciando en los tribunales que el despojo de tierras al campesinado no solo se hizo mediante la violencia paramilitar, sino también desde el Estado por la vía legal.
Luz Estrella Romero Villalba se presenta como defensora de derechos humanos ecofeminista de la región Caribe de Colombia. Resulta revelador que en esa introducción omita la profesión a través de la que, precisamente, consigue que esas convicciones se transformen en cambios reales en la gente de su entorno y por la que es reconocida internacionalmente. Romero es abogada y fundadora de Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD), una organización que ha logrado demostrar en los tribunales que en Colombia no solo se ha despojado de sus tierras al campesinado mediante la violencia armada, sino también a través de leyes y tribunales.
Hace un año Romero tuvo que refugiarse junto a su hijo en España después de que las amenazas contra ambos se agravasen hasta el punto de que, denuncia, lo detuvieran para desaparecerlo.
A través de sus casi treinta años de trayectoria profesional se puede calibrar una guerra en la que algunos de sus actores fundamentales han sido entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
Usted nació en el campo, pero se crió en el seno de una familia obrera y progresista de la ciudad de Barranquilla. Y ya en la universidad se da cuenta del machismo que sigue operando en sus aulas y del poco valor que se le otorga al conocimiento del campesinado.
El fracaso de Colombia y de otros países es que no reconocen la experiencia y el conocimiento de las comunidades. Yo aprendí con ellas y con el movimiento campesino, afro e indígena, que llevaron su lucha a los tribunales. Fueron ellas las que consiguieron una sentencia de las Altas Cortes de Colombia que les reconocen que tienen derecho a recuperar las tierras que perdieron por el desplazamiento. Pero también vi cómo eran las mujeres las que estaban en la primera línea de lucha y las que eran apartadas a la hora de firmar y suscribir los acuerdos. Un ejemplo más de la exclusión de las mujeres.
A su vez, veía que los movimientos sociales estudiantiles estaban liderados por chicos y que las jóvenes lideresas eran su premio: cuánto más inteligente, más premio para los líderes. Fue entonces cuando empecé a formarme como feminista.
De hecho, se juntó con otras compañeras de la universidad para acompañar a las mujeres jurídica y políticamente.
Sí. Supimos que los actores armados estaban empleando la violencia sexual en nuestra región y que no se estaba judicializando. Fuimos a las comunidades y acuñamos nuestro lema: teoría y práctica feminista del Derecho para lograr un mundo más justo, equitativo, que incluya la perspectiva de las mujeres y de las niñas. Fue en 2002 cuando nos constituimos como Colectivo de Mujeres al Derecho: COLEMAD.
Desde un principio aplican la perspectiva del Derecho internacional, de los tratados que Colombia había suscrito e incumplía.
Documentamos más de 50 casos en los que Colombia había recibido partidas multimillonarias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para desarrollar reformas agrarias. En la práctica, las mujeres que solicitaban tierras terminaban endeudadas porque el Gobierno les obligaba a asumir una parte de su coste a crédito. No estaban cumpliendo con su cometido, que era que las mujeres lograsen autonomía económica.
El despojo legal
Estamos hablando de los dos gobiernos presididos por Álvaro Uribe Vélez. Eran los años de grandes masacres paramilitares, a menudo, en cooperación con el Estado, de los llamados «falsos positivos»… ¿Cómo fue trabajar en un periodo en el que el mismo presidente ponía a los defensores y defensoras de derechos humanos en el centro de la diana al definirlos como «terroristas de derechos humanos»?
En aquellos años atendimos casos en los que a las comunidades se les había despojado de miles de hectáreas por la vía judicial. Fue así como identificamos que el conflicto se había armado para el acaparamiento de tierras por parte de una élite. El Estado sabía que los grupos paramilitares estaban desplazando, a mano armada y mediante masacres, a las personas para quedarse con sus territorios. Solían asesinar a los líderes y lideresas más representativos para atemorizar a la comunidad y que no exigiera sus derechos. El paramilitarismo también buscaba acabar con las expresiones culturales de las comunidades para provocarles un retroceso en su desarrollo. Por eso, llegaban a zonas como El Salado o a los palafitos de El Magdalena, y hacían fiestas en las que torturaban, violaban y asesinaban a hombres, mujeres y niños delante de todos.
En el Departamento del Atlántico, en cambio, no hubo tantas masacres ni combates armados porque el despojo y la concentración de la propiedad de las tierras la lideró directamente el Estado. Primero se las quitaban a las comunidades por la vía legal y luego se las vendían a poderes económicos y grandes empresas a bajo costo.
Pasados unos años, en 1998, estudiamos todo lo ocurrido, con los casos y los planos en la mano, y comprobamos que la estrategia de guerra no había sido solo paramilitar y armada. En el Caribe hubo una violencia de Estado con la participación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que eran los que daban los créditos. El Estado colombiano, para cumplir el objetivo de la guerra, tenía que sacar de los territorios a las comunidades pobres. Es decir, el motor de esta guerra era el capitalismo, y el capitalismo en Colombia se ejerció con sangre. Nada distinto de lo que pasa en otros conflictos de otros continentes.
Desde COLEMAD han trabajado vinculando las violaciones de derechos humanos con los cambios que ha habido en la planificación territorial de su región a lo largo de estos años.
Lo aprendí con Alfredo Correa de Andreis, un importante sociólogo colombiano y un gran ser humano que fue asesinado por el paramilitarismo. Él desarrolló el concepto de desarraigo social de las poblaciones de desplazados y cada vez que coincidíamos, en asambleas y otros eventos, le hacía preguntas. Comencé a investigar las pérdidas económicas y materiales de las víctimas hasta desarrollar el concepto de «despojo legal».
Empiezan entonces a trabajar con otras organizaciones de todo el país.
Sí, pero con límites. Dentro de las organizaciones sociales está la tendencia de que las grandes hablen en nombre de los movimientos de base. Nosotras hemos roto con eso. De hecho, COLEMAD tampoco habla en nombre de las mujeres de los territorios. Ellas tienen años de liderazgo, no han pasado por una escuela ni por una universidad, pero saben más Derecho agrario que cualquier experto porque lo llevan viendo toda su vida.
Ustedes se definen como feministas culturales. ¿Por qué?
Somos feministas culturales porque reconocemos que la desigualdad también afecta a hombres pobres. Que son machistas, pero tiene que ver con las reglas de los roles impuestos socialmente.
Normalmente, el movimiento de mujeres no tiene mucha relación con el movimiento agrario. Nosotras sí porque somos una herramienta, pero no reemplazamos sus voces ni sus reivindicaciones. Tenemos nuestras propias exigencias políticas territoriales como feministas, pero nos unimos a otros movimientos para combatir a una élite económica que nos está jodiendo a todos.
Por supuesto, también hubo hombres que nos señalaron como las instigadoras de que sus mujeres se quisieran divorciar y hombres mediocres que no aceptaban que sus mujeres se convirtieran en lideresas.
Amenazas y desamparo institucional
COLEMAD ha logrado parar el desplazamiento de comunidades y garantizar su retorno gracias a su lucha social, política y en los tribunales. ¿Cuándo comienzan a sufrir las amenazas?
Empezamos a estar en riesgo en 2007, cuando miembros de la Inteligencia de la Policía se presentaron en nuestra sede buscando información. Fue después de que ASOCOLEMAD, una de las entidades a las que representamos, solicitara a la Defensoría Regional del Pueblo del Atlántico medidas de alerta temprana por las amenazas que estaban sufriendo. Empezamos a estar en la mira de la Policía y del Ejército, que, en lugar de respaldar nuestras denuncias, las cuestionaban. Comenzaron a visitar nuestras oficinas y a las mujeres que defendíamos. Cada vez que venían o alguien nos avisaba de que había alguien raro vigilándonos, escribíamos una carta a la Policía explicándoles lo que estaba ocurriendo. Lo último que queríamos era que nos señalasen como guerrilleras.
En 2013 recibimos una amenaza directa en nuestro correo electrónico del llamado «Ejército anti-restitución de tierras». Paramilitares. Nos declaraban objetivo militar junto a otras 15 organizaciones. A partir de entonces, tenemos que empezar a cambiar de oficina continuamente. Organismos de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional América, entre otros, empiezan a hacerse eco de las amenazas.
Comparecemos por primera vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mostramos todos los datos que teníamos sobre el despojo de tierras por la vía legal y sobre cómo afecta en concreto a las mujeres. Hasta entonces era una línea del conflicto que no habían abordado por razones obvias: estaban investigando las masacres y los crímenes de lesa humanidad que habían tenido lugar en esos años.
Entonces, la Relatoría Especial de libertad de expresión y del derecho a la información de las Naciones Unidas incluye nuestros casos de despojo en su informe y exhorta al Estado colombiano a que entregue los expedientes que tiene sobre los mismos. La ONU entiende que los acuerdos internacionales firmados por el Estado colombiano le obligaban a cancelar las deudas que reclamaba a las mujeres a las que les habían concedido una tierra.
Eran miles de millones de pesos colombianos. El ministro de Hacienda se reunió con nosotras y nos dijo que no lo iban aceptar porque abriría una vía por la que decenas de miles de personas podían exigir lo mismo. A partir de ese momento, las amenazas se recrudecen.
¿Solicitan medidas de protección?
Sí, pero colectivas porque las amenazas también iban contra las mujeres que representábamos. No tenía sentido que me pusieran un coche blindado o un guardaespaldas cuando para llegar a los territorios nos teníamos que bajar e ir a pie. Tampoco queríamos policías porque estamos en contra de que nos militaricen la vida y porque habíamos tenido problemas con la fuerza pública.
Silenciar amenazando a los hijos e hijas
Las amenazas no se detenían en ustedes. Llegaban hasta sus hijos y sus hijas.
Sí, especialmente después de que amenazaran con una bomba en su casa a las dos hijas de una mujer asesinada de la organización ASUMOPROCA, a la que representábamos. Yo me mudo a casa de mi madre para que cuide de mi hijo, entonces un niño. Una noche nos despertamos con una detonación a la entrada de su casa. Decido que tenemos que irnos un tiempo a Argentina. Cuando mi hijo tenía 13 años, me dijo: «Yo sé que tú no vas a vivir mucho. Una pena». Yo no percibía el nivel de riesgo a pesar de que, desde entonces, no ha parado el acoso estatal contra nosotras, las integrantes de COLEMAD.
¿Cómo afectó toda esta tensión a su salud?
Entre 2017 y 2018 tuve tres operaciones. Para entonces, ya había desarrollado ataques de epilepsia. Me di cuenta de que tenía que bajar el perfil. Habíamos comprobado que incluso cuando lográbamos una sentencia favorable para las mujeres, las podían matar. Empezamos a cuestionarnos si las habíamos puesto en riesgo confiando demasiado en la legalidad. Estábamos perdiendo la esperanza en que Colombia pudiera cambiar. Y, claro, yo como coordinadora debía ser la que animara a mis compañeras. Y en ese momento no podía hacerlo.
En 2018, nos informan de que el líder paramilitar Mancuso y otros miembros de su grupo habían aceptado su responsabilidad en el desplazamiento y despojo del Magdalena, y en concreto en el caso de ASUMOPROCA –uno de los más importantes que representamos–. En 2019, recopilamos y presentamos ante la justicia 300 casos de desplazamiento forzado con fines de despojo de tierra por parte de grupos paramilitares en los que había una presunta asociación con actores económicos. Ese mismo año comienzan las protestas estudiantiles en Colombia y el asesinato de participantes. Hasta entonces, no trabajábamos en el área urbana para proteger a nuestras familias. Pero como defensoras nos sentimos en la obligación de acompañar a los estudiantes. Grupos de delincuencia armada se habían infiltrado en la universidad y ahí estuvimos nosotras.
Era diciembre y el día 25 mi hijo, que entonces tenía 17 años, me pidió poder salir con sus amigos porque se había graduado. Me dio ternura porque, por la situación tan caliente, nunca le dejaba, así que le di permiso. Esa noche seis policías lo detuvieron en una fiesta, lo arrastraron asfixiándole con el brazo para que no pudiera hablar, lo obligaron a montarse en un vehículo motorizado y dispararon para dispersar a las personas que lo estaban intentando socorrer. Todo esto ocurrió en un espacio público. Mi hijo gritó que llamaran a su padre, repitió su número y un señor que lo vio todo le llamó.
Cuando me avisa, consigo averiguar que lo han llevado a una comisaría de policía, cuando en Colombia hay centros especiales para los menores. Cuando llego y me presento, me empujan, me hablan con mucha familiaridad y observo que hay policías rodeando la comisaría con pasamontañas y con sus identificaciones ocultas.
Entonces sale mi hijo con su amigo. Ahí supe que si no hubiésemos llegado a tiempo lo iban a desaparecer. Llevé a mi hijo a que le hicieran una prueba de detección de drogas y un peritaje del maltrato físico ante el Instituto de Medicina Legal. Allí corroboraron que había sufrido heridas por el intento de asfixia. Fui a la Policía para poner una denuncia por secuestro e intento de desaparición forzosa con todas esas pruebas. El policía se echó a reír y me dijo que no la iba a registrar. Me intimidaron y me echaron de allí.
¿Qué pasó entonces?
Mi hijo y testigos que estaban en la fiesta me contaron que los policías llegaron preguntando por él. Y que si se llevaron también a su amigo fue porque éste dijo que si se lo llevaban, lo llevasen también a él. Ninguno de los testigos quiso declarar por miedo.
Todo esto ocurrió cuando estábamos recibiendo muchos ataques digitales con spywares que, según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, se emplean para acceder a nuestras computadoras. En ellas tenemos información sensible sobre crímenes de lesa humanidad que no hemos entregado a la justicia porque aún están en fase de investigación. Yo me fui a Bogotá para averiguar quién había detenido a mi hijo. Entonces, los policías que le habían detenido fueron a casa de su padre en Barranquilla a buscarlo. Conseguimos meterlo en un avión a Bogotá poco después para ponerle a salvo. Las amenazas y los ataques a nuestra oficina se hicieron más fuertes. Y llegó la pandemia de covid.
La guerra de las empresas internacionales
¿Por qué tanta virulencia justo entonces?
En ese momento en Colombia, muchos colegas estábamos señalando los conflictos ambientales y territoriales que se estaban librando para despojar a las comunidades de sus tierras. Y también, un modelo minero-energético del que se benefician muchas empresas extranjeras que han utilizado a las Fuerzas Armadas del Estado y que han pagado a grupos paramilitares para atacarnos. Somos la única herramienta que tienen las poblaciones marginadas para defenderse de quienes no les quieren en el territorio. En Colombia tenemos 4 millones de desplazados, la mayoría mujeres, niños y niñas.
Desde COLEMAD, a pesar de todo, seguimos representando a más de 4.000 personas de las comunidades que les dicen no a todos ellos. Presumimos que hay alguien con mucho poder que usa a la Policía para seguirnos y para atacar a mi hijo para acabar conmigo. Ahora lo sé. Y lo hacen porque saben que nosotras exigimos la reparación de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que obliga al desmantelamiento de las estructuras criminales en nuestros territorios.
En 2020, en medio de la pandemia, agredieron y detuvieron al padre de mi hijo, que es profesor. Entonces supe que teníamos que volver a salir de Colombia.
¿Cómo se encuentra su hijo ahora?
Está sufriendo la fábula del elefante en el zoológico. Como nunca ha podido salir de detrás de la reja, ahora que está en un lugar donde podría andar libremente, no sabe cómo hacerlo. Él se tiene que quedar en España porque si volviese, los enemigos de la paz y de la transformación volverían a atacarle. A las defensoras de derechos humanos nos atacan a través de nuestros hijos. Hay defensoras a cuyos hijos han violado o asesinado para anularlas a ellas.
En todo este tiempo, mi hijo no ha podido volver a hablar de su detención. Sé que teme por mí. Pero tengo que seguir reclamando justicia por él, por todo el equipo de COLEMAD y por las otras defensoras que no pueden salir de Colombia.
¿Cómo se explica el nivel de sadismo que ha alcanzado la guerra de Colombia?
Son conscientes de que el modelo económico ha de cambiar porque está destruyendo el planeta y no quieren soltar su poder. El movimiento de mujeres cada vez es más fuerte en todo el mundo y eso supone un desafío para el poder militarista. Saben que somos una fuerza colectiva que lidera transformaciones de formas creativas sin el uso de las armas y que nuestras exigencias históricas y permanentes tocan las estructuras de un sistema que ha excluido a las mujeres.
¿Qué es para usted la justicia?
Un anhelo de un buen vivir. Como diría nuestra vicepresidenta Francia Márquez, «el vivir sabroso». La mayor riqueza es poder sentir paz. Y la inclusión social, política y económica de las mujeres y de sus aportes.
¿Qué representa para usted el Gobierno de Pacto Histórico?
Que, por primera vez, el Gobierno no va a perseguirnos o dejar que sus funcionarios y las otras fuerzas del Estado nos persigan por defender los derechos humanos.