La sala de fiestas Scala de Barcelona acabó en llamas. Ocurrió el 15 de enero de 1978. La CNT había convocado una manifestación contra los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales, en la que participaron cerca de 10.000 obreros, recuerda la página Web del sindicato; cuatro trabajadores de la Scala fallecieron (tres estaban afiliados a la CNT), tras el ataque a la sala con un artefacto incendiario.
Ejercía en la época, como Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. En la vista judicial (diciembre de 1980), “la posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en la CNT (…)”, subraya la organización anarcosindicalista.
Espionatge sense escrúpols. Solidaritat sense límits. Fue el lema de la convocatoria a una manifestación –ante la Delegación del Gobierno en Valencia- el 16 de febrero. Tres días antes, un comunicado de Alerta Solidària (organización antirrepresiva de la izquierda independentista) y movimientos sociales tanto del barrio de Benimaclet – el CSOA L’Horta y Cuidem Benimaclet- como de Valencia (red EntreBarris) resumían el objetivo de la concentración: denunciar la infiltración de un policía nacional en colectivos políticos y sociales de la ciudad; más de 80 entidades se adhirieron a la convocatoria, en la que han participado centenares de personas.
El llamamiento de los colectivos vecinales hacía referencia a la fuente informativa, una investigación de La Directa: el periódico desveló la introducción del funcionario policial en las organizaciones con fines de espionaje; “el Ministerio del Interior español está utilizando (la estrategia) de manera continuada (…)”, afirmaba el comunicado, que señalaba asimismo una “operación del Estado contra los movimientos populares”.
La infiltración tampoco estaba autorizada por juez alguno, “pero sí que habrá servido para crear un listado de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información de la Policía Nacional (la policía política del Estado)” en Valencia, según Alerta Solidària.
Las periodistas de La Directa Ester Fayos e Irene Molina revelaron -el 13 de febrero- que el topo de la Policía Nacional Ramón Martínez Hernández (identidad falsa) estuvo infiltrado, durante dos años, a través de Cuidem Benimaclet y el CSOA L’Horta, en el movimiento social de la ciudad; el supuesto activista comenzó a introducirse en marzo de 2020.
“Nos hallamos ante una operación coordinada para espiar el activismo de izquierdas e independentista de los Països Catalans, bajo la batuta del Comisario General de Información, Eugenio Pereiro Blanco, y una estructura jerárquica encabezada por el ministro del Interior Español, Fernando Grande-Marlaska”, concluye el texto de La Directa.
El agente RMH participó en las actividades del CSOA L’Horta, en el grupo de boxeo tailandés Muay thai; y en una red de reparto de alimentos y reciclaje en Benimaclet; además se implicó en el grupo de apoyo a las personas migrantes que viven en La Garrofera (antigua factoría abandonada del barrio); sobre el enrolamiento del topo en el movimiento antifascista, La Directa menciona su presencia en los actos celebrados en el municipio de Burjassot –en abril de 2021-, para homenajear al militante independentista Guillem Agulló (el joven fue asesinado por un grupo de ultraderechistas en 1993).
El funcionario policial cursó estudios en el grado de Trabajo Social de la Universitat de València, desde septiembre de 2020. RMH asistió también a la primera asamblea abierta de la Xarxa de Suport Mutu i Cures, promovida por Cuidem Benimaclet, el CSOA L’Horta (tuvo copia de las llaves del centro social) y la Asamblea Feminista de Benimaclet.
El reportaje de Ester Fayos e Irene Molina incluye una Cronología de la infiltración; en diciembre de 2020, Ramón Martínez se enrola en la resistencia al desalojo del CSOA, así como en la recuperación de este espacio autogestionado. Un mes después –el 15 de enero de 2021- participó en la okupación de una inmobiliaria, en el contexto de la campaña de EntreBarris La SAREB es nostra.
Hasta su regreso a Barcelona (septiembre 2021), otros ejemplos de la implicación del infiltrado fueron la protesta -en el centro de Valencia- contra el encarcelamiento del rapero pablo Hasél (febrero 2021); y también una manifestación convocada por Acció Antifeixista València, en mayo de 2021, en la que el agente formó parte del cordón de seguridad.
Otro artículo del periodista Jesús Rodríguez, asimismo en La Directa, detalla acciones de sabotaje en las que RMH tuvo un papel relevante; entre otras, en junio de 2021, el derribo de vallas en los solares de Metrovacesa en Benimaclet (la inmobiliaria promueve un macroproyecto para la construcción de más de mil viviendas en el barrio).
El 30 de enero Jesús Rodríguez, Gemma García y David Bou informaron, en el medio de comunicación independiente en catalán, sobre el caso de otro topo policial, que respondía al nombre falso de Daniel Hernández Pons (DHP). Desde junio de 2020, y durante tres años, se infiltró en los movimientos sociales de Barcelona.
DHP “estableció relaciones sexoafectivas instrumentales con mujeres que le facilitaban participar en asambleas, jornadas y manifestaciones”, destaca el reportaje (un primer caso de infiltración fue revelado por La Directa en junio de 2022; se trataba de Marc Hernández Pons –nombre ficticio-, quien actuó como espía durante dos años en el movimiento por el derecho a la vivienda, estudiantil y la izquierda independentista).
El pasado 13 de febrero diputados de Unidas Podemos preguntaron en el Congreso si el Ministerio del Interior ordenó las actuaciones de presunto espionaje en Valencia; la pregunta por escrito, basada en las investigaciones periodísticas, recordaba que Ramón Martínez contaba con DNI y número de afiliación en el Sistema de Salud falsos, además “era uno de los principales promotores de iniciativas y acciones”; a ello se añade que estableció relaciones “con mucha implicación emocional” con algunas activistas.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu, el PDeCat, Más País, Compromís, Junts per Catalunya, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) pidieron la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que diera explicaciones.
Asimismo la Universitat de València ha abierto una investigación para comprobar la corrección en el procedimiento de matrícula del agente, incluida la verificación de su identidad (Europa Press, 14 febrero).
Los tres casos de espionaje desvelados por el periódico “no se entienden separados del uso del programa espía tipo Pegasus en móviles de militantes de la izquierda independentista, de la detención esta semana de seis militantes de Arran (bajo la acusación de pertenencia a grupo criminal), o de la reforma y ampliación del delito de desórdenes públicos”, denunciaron el 13 de febrero en un comunicado Alerta Solidària; Arran; la Coordinadora Obrera Sindical (COS); la CUP; Endavant y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
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