Las organizaciones representadas en el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas proponen que el organismo de la ONU establezca políticas globales para hacer frente a la crisis alimentaria. Sin embargo, la representación argentina desconoce el comité como espacio de decisión y rechaza un enfoque basado en la agroecología y la soberanía alimentaria.
Mientras el hambre y la malnutrición afectan a cada vez más personas, en Roma los grandes intereses del negocio agroexportador y las tensiones de la reconfiguración de los poderes geopolíticos entorpecen el accionar del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas. Es en gran parte por estas razones que el Comité parece no lograr asegurar su rol central en la coordinación de políticas para responder a la crisis alimentaria mundial. Con una presencia marcada, la representación argentina en Roma no se queda atrás en socavar el poder que podría llegar a tener el Comité.
Luego de una reforma histórica en 2009, el CSA se convirtió en el espacio intergubernamental más inclusivo en materia de seguridad alimentaria. Desde entonces, la plataforma cuenta con una representación geográfica amplia con sus 137 estados miembros y tiene como mandato específico el priorizar las demandas de las personas que están más afectadas por el hambre y la malnutrición.
El Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSCPI) articula en el CSA la participación de los once sectores más afectados por la inseguridad alimentaria: agricultores a pequeña escala, pastoralistas, pescadores artesanales, pueblos indígenas, trabajadores del sector agrícola y alimentario, los sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, comunidades urbanas en situación de inseguridad alimentaria y ONGs. Sin embargo, en los últimos tres años las circunstancias dentro y fuera del CSA han dificultado no sólo la plena participación del MSCPI sino, de manera más pronunciada, la receptividad de los estados miembros ante las demandas de estos sectores.
El 2020 se percibió cómo el punto de partida de una serie de eventos y acontecimientos alejados a lo que tendrían que ser políticas y discusiones basadas en el derecho humano a una alimentación adecuada. Mientras que la pandemia de Covid-19 dejaba a 150 millones de personas más en situación de subalimentación, el agronegocio se infiltraba cada vez más en la gobernanza mundial para la alimentación. Un ejemplo concreto fueron las negociaciones de las Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición, las cuales a través de una metodología acelerada y sesgada culminaron en febrero del 2021 con un documento político que no proporciona las orientaciones necesarias para la transformación profunda y urgente de los sistemas alimentarios.
El ambiente hostil de las negociaciones logró dar espacio a la imposición de los intereses de los países agroexportadores y cercanos a las corporaciones, y entre esas posiciones se encontraba la representación de Argentina. Una campaña de gran alcance en Argentina, la cual reclamaba la coherencia entre los avances nacionales para apoyar la agroecología y las prioridades que se presentaban en el ámbito internacional, logró sosegar la posición de la delegación argentina durante el proceso que se dio a seguir en mayo y junio del 2021 para acordar Recomendaciones Políticas sobre Enfoques Agroecológicos y otros Enfoques Innovadores.
Por otra parte, cabe destacar que en cuestiones de género dentro del CSA, Argentina se ha posicionado como uno de los países más progresistas, lo cual denota una mayor alineación entre la agenda nacional e internacional. Aún así, considerar estas posturas como desconectadas sería un análisis simplista. Más bien, el llamado a una transformación profunda de los sistemas alimentarios a través de la vía agroecológica, al cual la representación argentina tanto se opone, está intrínsecamente relacionado al desafío en deconstruir la estructura y las relaciones de poder patriarcales y capitalistas.
«Ustedes hacen política, nosotros pasamos hambre»
En cuanto a la respuesta a la crisis alimentaria, algunos estados miembros del Comité de Seguridad Alimentaria, al igual que el MSCPI, llevan tres años reclamando que el organismo tome un papel central para abordar las causas sistémicas que llevan a la profundización de las desigualdades entre personas y países, y para asegurar un enfoque coordinado a nivel mundial. Este llamado se fundamentó en gran parte sobre la evidencia recolectada por el MSCPI a lo largo de los años 2020 y 2022, a través de dos procesos participativos de consultas populares regionales.
Los informes finales de estas consultas recalcaron la necesidad de que las respuestas a la crisis alimentaria adopten un enfoque de derechos humanos a la hora de enmarcar los problemas y las soluciones. En particular, los resultados de las consultas plantearon como urgente el abordar la cuestión de la dependencia de ciertos países del Sur Global de las importaciones alimentarias, y de la deuda de los países como barrera para que los gobiernos nacionales puedan sostener el bien público como la alimentación adecuada y la salud de las personas.
Este cuestionamiento al modelo agroexportador y la voluntad de profundizar los debates dentro del CSA, representó una amenaza a la agenda política de la Cancillería argentina y la delegación del país fue el principal opositor a dicha propuesta. En la sesión plenaria número 50 del Comité de Seguridad Alimentaria, en octubre de 2022, cuando el MSCPI presentó los resultados de la segunda consulta popular junto con el llamado para que el organismo estableciera un mecanismo de respuesta a la crisis, la delegación argentina, ante el asombro de los grupos de la sociedad civil y pueblos indígenas presentes, se opuso fuertemente con argumentos en favor del sistema internacional de libre comercio y las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercial (OMC).
Carlos Cherniak, representante permanente de la República Argentina ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA, PMA), en particular, insistió en que las discusiones que se estaban dando no correspondían al mandato del CSA sino más bien a la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que en cualquier caso la decisión sobre una posible respuesta a la crisis debería llevarse a cabo dentro de la Mesa del CSA y no en una reunión plenaria, el espacio más representativo e inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria.
La excusa de que el CSA se alejaría de sus funciones principales, y que este tipo de responsabilidades pertenece a otros organismos como la FAO, es recurrente por parte de la delegación argentina, probablemente porque en la FAO encuentran un mejor abrigo para evitar dichas discusiones políticas. Por un lado, esto es posible debido a la ausencia de la participación de la sociedad civil en los debates dentro del cuerpo decisivo e intergubernamental de la FAO, el Consejo. Por otro lado, la dirección tomada por la FAO en los últimos años es muy cercana a los intereses neoliberales, marcada notablemente por el acuerdo con CropLife, una asociación de corporaciones que producen y promocionan los agrotóxicos.
A pesar de que el asunto de la crisis alimentaria suscitó controversia, la Plenaria 50 del CSA se vio por primera vez imposibilitada de alcanzar un consenso en octubre debido sobre todo a los conflictos geopolíticos al respecto de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas. La Plenaria se convocó nuevamente para el 19 de diciembre de 2022 para finalizar tres puntos de su agenda, entre ellos las conclusiones relativas a la coordinación de las respuestas políticas a la crisis alimentaria mundial.
Nuevamente, la delegación argentina intentó bloquear cualquier decisión que favoreciera al Comité de Seguridad Alimentaria en asumir su función de mecanismo de gobernanza multilateral inclusivo (que otorgue una voz prioritaria a los países y sectores más afectados por la inseguridad alimentaria en la definición de las respuestas).
Sin embargo, la amplia campaña del MSCPI “Mientras ustedes se dedican a hacer política, nosotros pasamos hambre” logró dar sus efectos. La sesión número 50 de la Plenaria dio un mandato claro al CSA para reforzar las respuestas políticas coordinadas a través de los debates en las reuniones de la Mesa y el Grupo Asesor, pero abre el espacio para ir más allá.
El Grupo de la ONU de Respuesta a la Crisis Global, los organismos con sede en Roma, el G7, el G20 y las instituciones financieras enmarcan la actual crisis alimentaria desde una perspectiva de mercado y producción y la atribuyen en gran medida a la perturbación del comercio mundial por una guerra que implica a dos grandes países agroexportadores. Es por esta razón que el 2023 es un año decisivo; el trabajo por parte del MSCPI seguirá activamente para contrastar posiciones como las de la representación argentina y para poner al centro la necesidad de avanzar hacia la soberanía alimentaria, recalcando que, a diferencia de los organismos mencionados, el Comité de Seguridad Alimentaria tiene el poder de convocatoria necesario como la principal plataforma inclusiva sobre seguridad alimentaria y nutrición.
Ángel Strapazzon es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) Magdalena Ackerman es oficial de Políticas y Abogacía, Sistemas Alimentarios, Nutrición y Agroecología de la organización Society for International Development (SID). Ambos integran el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSCPI).