La relación directa entre el modelo extractivo y la salud de la población, el diálogo de saberes entre la academia y los territorios, la producción de alimentos sanos y la soberanía alimentaria. Fueron algunos de los ejes del VII Congreso de Salud Socioambiental, espacio de referencia para articular y fortalecer acciones colectivas.
Lo que se hizo, se hace y lo que queda por hacer para lograr una vida más justa. Es lo que se reflexionó y compartió en el VII Congreso de Salud Socioambiental de Rosario, una gran reunión entre activistas y científicos comprometidos con la ciencia digna de diversos países. El diálogo entre la academia y las prácticas populares atravesó los tres días del encuentro, con gran protagonismo de las acciones de defensa de los bienes comunes. Agroecología, transición energética justa, el rol de los Estados, el derecho a la salud y la soberanía alimentaria, fueron algunos de los temas centrales.
El jueves 15 la jornada inició con Milena Sergeeva, de Chile y coordinadora para América Latina de la Red de Clima y Salud, con Julieta Díaz Bazán, de la Universidad del Gran Rosario, y Matías De Bueno, de la Universidad Nacional de Rosario. El panel se llamó “Sector salud y universidad frente a la crisis climática”. Se dialogó sobre el futuro de los sistemas de salud y las enfermedades que se generan en las poblaciones a raíz de la crisis climática.
Sergeeva comentó el caso de una guía colaborativa que realizan desde la Red de Clima y Salud para repensar las prácticas sanitarias en los nuevos contextos. “En Chile las comunidades reclaman que la medicina no ha sido capaz de detectar las causas de las dolencias, pese a atenderlas cotidianamente”, expresó. Leer las situaciones que generan los agrotóxicos y la megaminería, por citar algunos ejemplos a los fines de la prevención, resultó una de las claves para seguir pensando. Incluso se recibieron aportes de quienes escucharon el panel en tanto aportes a la construcción colectiva. Por ejemplo, se sugirió agregar al trabajo social como una profesión que contribuye a analizar los condicionantes socioambientales de la salud.
De Bueno señaló que el rol de las universidades es formar profesionales que contribuyan a introducir la perspectiva ambiental en las instituciones y generar conocimiento científico para la información pública de las comunidades, aspecto que resaltó como un derecho. El Observatorio Ambiental de Rosario, que coordina De Bueno, hizo algunos avances en ese sentido. En el contexto de los incendios del delta del Paraná, coordinó estudios que midieron los niveles de contaminación del aire en el Gran Rosario, detectando cifras cinco veces mayor a la media nacional.
Comprender la vinculación entre saberes y salud también es necesario en el plano alimentario. Por eso, en el panel “Sistemas alimentarios para recuperar la salud de los territorios”, Fernando Frank (de la Red Calisas -Cátedras de Soberanía Alimentaria) indicó la importancia de “vincular la salud de los suelos con la salud humana”. Al respecto, para construir una salud colectiva y socioambiental es necesario apostar a la agroecología como forma de producir lo que comemos. Frank invitó a pensar la transición agroecológica más allá de las tranqueras: “Hay que pasar de la transición agroecológica de un campo a la transición civilizatoria”.
Junto a él estuvo Eduardo Cerdá, director de Agroecología de la Nación y uno de los impulsores de la Renama, que destacó que, en 2020, por primera vez un Estado latinoamericano generó un ámbito estatal específico destinado a la agroecología en su organigrama. Sin embargo, reconoció que la entidad hasta el momento trabajó sin presupuesto. Uno de los ejes que abordó refirió el Estado y la articulación con las universidades para crear propuestas académicas relativas a la agroecología.
Tomasa Ramos, de Rosario, y Leomárcio Araujo, de Salvador (Brasil) contaron sus experiencias en relación a la transición agroecológica. Ramos explicó la experiencia de los parques agroecológicos de la ciudad. Araujo relató cómo se organizan en 14 estados de Brasil a través del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA).
Más tarde fue el turno del taller de «transición energética», en el que se puso en cuestión qué significa una transición justa para los países del Sur Global. “Esta es una transición de patas cortas”, dijo Maristella Svampa en relación al litio y a las energías verdes, destacando que los países del Norte Global no cuentan con los recursos necesarios para la producción de las llamadas energías limpias.
Pensar en la transición energética implica repensar los patrones de consumo ante la crisis de los combustibles fósiles, pero también deja algunos interrogantes abiertos: ¿Transición para quiénes? ¿A costa de quiénes? El maestro diaguita Marcos Pastrana brindó, desde el público, una pista para pensar posibles respuestas en el marco del cambio civilizatorio necesario: «Ya se sacrificaron los pueblos para que vivan las empresas, es hora de que se sacrifique los pueblos para que vivan las empresas».
Al cierre de ese panel se presentó brevemente la Campaña Nacional en Defensa del Agua, como una instancia colectiva específica para cuidar ese bien común en los distintos puntos del país. Más tarde, se leyó el informe de las delegaciones feministas a Perú y a Puelmapu, en el marco de la resistencia popular y campesino al golpe de Estado contra Pedro Castillo.
El viernes, en la tercera y última jornada del Congreso, se llevó a cabo el panel «Justicia ecológica», con los abogados Lucas Micheloud, Santiago Pascual, Santiago Mirande (de Uruguay) y María Laura Martínez. Entre las preguntas del público emergió la necesidad de contar con un acceso efectivo a la justicia, lo que implica una perspectiva ambiental en el Poder Judicial, pero también contar con los saberes necesarios para hacer frente a los argumentos de las empresas en los litigios. «¿Cómo avanzamos hacia penas que no sean sólo simbólicas sino de cumplimiento efectivo?», preguntó alguien desde el público.
La respuesta construida desde el debate fue la necesidad de que se formen abogados y abogadas con perspectiva ambiental, que comprendan que la propiedad no es un derecho absoluto. Y además, que toda decisión político-económica tiene implicancias ambientales en los cuerpos y en los territorios.
“Salud es el ejercicio del derecho a luchar”, expresó Micheloud en el cierre, como una nueva conceptualización que emergió después de dos días de circulación de la palabra y de escucha.