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Bebés robados durante el franquismo: la necesidad de una política de Estado

Fuentes: Nueva Tribuna

El robo de recién nacidos en España formó parte del proceso fascista encabezado por Francisco Franco, y comenzó poco tiempo después del derrocamiento del gobierno y el inicio de la Guerra Civil española.

A partir de entonces, los escuadrones de la muerte acorralaban y ejecutaban a todo aquel que simpatizara con las ideas de la República, izquierdistas e intelectuales. La crueldad y el autoritarismo, propios del espíritu totalitarista del franquismo, alcanzó cotas inimaginables, siempre con la complicidad de la Iglesia Católica que bendijo la deshumanización del “enemigo”.  

Durante aquel oscuro y sangriento período que se extendió desde 1939 a 1975, miles de bebés fueron sacados en secreto de los hospitales para ser vendidos a familias católicas ricas. Sobre fines de la década del ’40, el psiquiatra formado en la Alemania nazi, Antonio Vallejo-Nájera, sugirió la idea de lo que él mismo dio en llamar “Gen rojo marxista”. Según su suposición, los hijos de los opositores al régimen portaban un gen rojo que podía suprimirse si se separaba a los niños de sus madres y se los ubicaba en el seno de familias católicas conservadoras.  

Los pelotones de fusilamiento y el encarcelamiento de mujeres de republicanos dejaron cientos de miles de niños huérfanos que los soldados del dictador no demoraron en secuestrar. Fue el inicio de la era de los “bebés robados”, una aberración que hasta el día de hoy continúa sin juicios ni castigos.  

Ana Arazo, psicóloga y miembro de la Asociación SOS Bebés Robados, de Cádiz, asegura que la cifra de niños secuestrados por el régimen franquista ronda los 300 mil. No vamos a poner en duda cifra. Poner en duda la cifra sería una duda hiperbólica; las cifras no están en discusión. Si tu pones en discusión una cifra, eso no cambia el crimen, lo que hace es instalar una duda; y el marco de la duda siempre está dentro del negacionismo. No podemos invertir la relación entre víctimas y verdugos, sabemos quiénes han sido”, asegura Arazo, que impulsa desde Cádiz el pedido al Estado español para que finalmente se apruebe la Ley de Bebés Robados. 

La comparación con el secuestro de menores, hijos de disidentes, cometido por la Dictadura Cívico-Militar argentina (1976-1983), es inevitable. Aunque a diferencia del caso español, en Argentina la Asociación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ha conseguido que esta causa se transforme en una cuestión de Estado, a pesar de la estigmatización que el propio gobierno de facto pretendió al llamarlas Las locas de Plaza de Mayo. “A las mujeres las llaman locas por cualquier motivo; pero sí que es verdad que en los dos casos hay un estigma sobre las madres. Creo que forma parte de la negación. Cuando hay una desaparición del cuerpo del bebé, que se negó; una negación de los rituales de duelo, que se negó también; más la negación de lo que ha ocurrido, la negación de documentación, la negación de una vida compartida, las que lo han sufrido en primera persona –madres que han sido golpeadas, drogadas-, es de una violencia atroz. Este componente de género al que yo llamo violencia obstétrica se ha mantenido en silencio, las madres lo han mantenido en silencio para evitar que las llamen locas al relatar todas las cosas que les han pasado, y también el dolor de no ser creídas. Algo similar a lo que sufrieron las madres en Argentina. Forma parte de lo mismo, del negacionismo”.

La existencia de un plan sistemático de robo de niños recién nacidos durante el franquismo conmovió a la opinión pública internacional. Arazo asegura que explicar cómo ha sido el proceso de exhumación de los restos genera estupefacción. “La opinión pública, al menos en el Estado Español, no tiene realmente un conocimiento profundo de lo que supone un robo de bebés o la desaparición forzada de bebés. Ni siquiera las mismas víctimas, cuando les dijeron que sus bebés habían muerto. El daño es muy grande y es muy difícil de comprender en su magnitud”

La Iglesia católica permitió que sus monjas y sacerdotes se convirtieran en socios del régimen, dirigiendo un sistema educativo en el cual los niños eran instruidos en los valores católicos y aprendían a leer con la Biblia. Franco también cedió al clero la supervisión de algunos sectores del sistema hospitalario estatal. De este modo, las monjas se encargaban de la dirección de los hospitales, ayudaban a seleccionar el personal y supervisaban el presupuesto. Pero su influencia era tal vez mayor en las secciones de caridad de los hospitales que acogían a los pobres. Allí, las monjas solían animar a las madres solteras a dar sus bebés en adopción a parejas casadas.

Precisamente es la Iglesia la que no está de acuerdo con la Ley de Bebés Robados y, al mismo tiempo, ha negado sistemáticamente el acceso a los registros parroquiales que permiten conocer el origen familiar de los inscriptos. Sin embargo, y según relata Arazo, en los últimos años ha habido un cambio de actitud. “Ahora los obispados están dispuestos a abrir los archivos para que las familias tengan documentos. Igualmente yo entiendo que eso tiene que ser labor de investigación del futuro departamento o ministerio que se dedique a investigar estos crímenes como lo hacen en Argentina, que es una labor de Estado. Lo que necesitamos es un banco nacional de ADN, porque lo que nosotros podemos hacer es una cadena de custodia de los restos que se ponen a disposición judicial y se envían al laboratorio de la Universidad de Granada. El Estado, por el momento, no tiene competencia”.


FUENTE: “Cenizas de Babilonia. Diáspora Española” (AM830 Radio del Pueblo. Argentina) 

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/bebes-robados-franquismo-necesidad-politica-estado/20231205083140220393.html