250 juristas, incluidos catedráticos, abogados, jueces y profesores universitarios, así como un exfiscal del Estado y un letrado del Tribunal Supremo, han firmado una petición para que el Gobierno español se sume a la demanda que el Ejecutivo sudafricano presentó a finales de año contra Israel por genocidio.
La iniciativa ha sido promovida por la RESCOP (Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina) y busca, por una parte, mostrar públicamente el apoyo a la demanda de Sudáfrica y, por otra parte, “instar al Gobierno de España a adherirse a la demanda y a participar activamente en el procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a hacer cumplir el contenido de la decisión que se adopte tanto cautelarmente como definitivamente”. RESCOP destaca la “obligación legal” de España de sumarse a la demanda “como lo ha hecho en el caso de Ucrania contra Rusia”.
Los firmantes afirman conocer “el contenido de la demanda interpuesta por la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justica de la Haya contra el Estado de Israel hace pocos días sobre el incumplimiento de este último de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en relación con los miembros de la comunidad palestina, solicitando la imposición de obligaciones y la adopción de medidas cautelares inmediatas para el estado de Israel”.
“La Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio obliga a que los Estados empleen todos los medios razonablemente disponibles para prevenir el genocidio, y entre estos medios está el recurso ante la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo IX del Convenio”, explica una de las firmantes, Ana Manero, Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. “España puede presentar una declaración de intervención como ya ha hecho en el caso de Ucrania contra Rusia”, añade.
Este jueves se celebra la primera vista del caso contra Israel en la CIJ de la Haya, que podría emitir un fallo provisional en cuestión de semanas para que se adopten medidas cautelares para detener la violencia y el presunto genocidio. Sudáfrica ha solicitado que se dicte una medida cautelar, en consonancia con la tendencia general de la CIJ a dictar sentencias de este tipo en la última década. Las medidas cautelares de esta corte tienen por objeto congelar la situación jurídica entre las partes para garantizar la integridad de una futura sentencia definitiva y son consideradas vinculantes dada la “función básica de resolución judicial de controversias internacionales” del tribunal. Sin embargo, los Estados no tienen porqué cumplirlas.
Israel ha declarado que se defenderá en los tribunales tras décadas de boicot al máximo tribunal de la ONU y a los 15 magistrados que lo componen, pero eso no significa que vaya a acatar sus decisiones.
Sudáfrica defenderá su acusación basada en los “actos y omisiones de Israel”, considerados por ese país “de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida… de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico más amplio”. Asimismo, en un escrito en el que explicó detalladamente sus motivaciones, alega que “la conducta de Israel –a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan en su nombre- en relación con los palestinos de Gaza, viola las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.